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hace 2 horas

En firme proceso por rebaja de tarifas en TransMilenio

La Contraloría llevará a juicio fiscal al alcalde Gustavo Petro, al secretario de Hacienda Ricardo Bonilla y a dos exfuncionarios del Distrito y de Transmilenio.

Gustavo Petro enfrentará juicio fiscal por la reducción de las tarifa de Transmilenio en 2012. / Archivo

En agosto de 2012 el alcalde Gustavo Petro dio un vuelco al cobro de los pasajes de Transmilenio cuando redujo la tarifa y estableció un esquema de franjas horarias, según horas valle y pico (la tarifa bajó $50 en hora pico y $350, en hora valle). Y a pesar de que algunos usuarios celebraron la medida, la Contraloría Distrital desde ese momento puso la lupa en la decisión, al considerar que esto se configuraba en un subsidio que era ilegal. Tras un análisis preliminar, el ente de control determinó que la rebaja (que benefició a todos los usuarios de Transmilenio) generó un posible detrimento a la ciudad cercano a los $100 mil millones y por esta razón abrió investigación formal.

Hoy, casi dos años después de la rebaja tarifaria, el caso va rumbo a juicio fiscal. La semana pasada la Contraloría Distrital dejó en firme la imputación contra el alcalde Gustavo Petro, el secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, la exsecretaria de Movilidad Ana Luisa Flechas y el exsubgerente Financiero de Transmilenio Yanod Márquez como los principales responsables de las posibles pérdidas que sufrió la capital. De igual forma, en la misma decisión, archivó la investigación contra otros funcionarios (ver recuadro “Quedaron por fuera”).

Esto significa es que los cuatro imputados están ad portas a un juicio de responsabilidad fiscal en el que la propia Contraloría (que investiga y juzga) definirá si ellos son responsables o no del presunto detrimento. En caso de ser declarados responsables, los procesados tendrían que reponer el dinero que supuestamente perdió la capital.

El caso se desprende del seguimiento que hizo a finales de 2012 el Grupo Especial de Apoyo y Fiscalización de la Contraloría Distrital a la rebaja de las tarifas de Transmilenio y el SITP. El organismo hizo una indagación preliminar a las secretarías de Hacienda, Planeación y Movilidad, a la Alcaldía Mayor y a Transmilenio por las presuntas irregularidades en el proceso del cambio de tarifa. La conclusión fue que, por la medida, entre agosto y noviembre de 2012 el Distrito dejó de recibir $64 mil millones.

Luego, en mayo de 2013, la Dirección de Movilidad de la Contraloría advirtió que al monto que se estableció inicialmente se debían sumar $46.743 millones, recursos que el Distrito había dejado de recibir entre el 1° de diciembre de 2012 y el 20 de marzo de 2013. A pesar de que estos recursos se los ahorraron los ciudadanos, para el ente de control esto sería un detrimento que podría representar un riesgo para la sostenibilidad financiera del sistema de transporte.
Ante este proceso, Transmilenio se ha defendido diciendo que “la rebaja de la tarifa no obedece al otorgamiento de subsidios a los usuarios del sistema, sino a un nuevo esquema tarifario establecido por la administración de la ciudad”.

 Sería insostenible

Desde que Petro anunció la rebaja de las tarifas, los entes de control han dicho que la propuesta fue “ilegal”. Así que, una vez implementada la medida, políticamente se convirtió en un argumento que usaron los opositores del alcalde, como el concejal liberal Miguel Uribe. A pesar de las críticas que ha tenido la medida, quienes conocen cómo funcionan los sistemas de transporte coinciden en que ninguno en el mundo es autosostenible.

En ello ha insistido Juan Pablo Bocarejo, investigador en transporte de la Universidad de los Andes, quien, a propósito de los pronunciamientos de la Contraloría, escribió en El Espectador que “sólo en el mundo irreal (…) es posible tener una tarifa que permita sufragar todos los gastos operacionales, que genere una buena calidad del transporte y a su vez sea costeable por los bogotanos más pobres”. Además, según Bocarejo, en París, Madrid, Londres o Nueva York su buena red de transporte público es financiada por recursos adicionales a los de la tarifa que pagan los más pobres, que no serían suficientes para mantener la calidad.

De hecho, países como Brasil están analizando cómo establecer una política de subsidios para sus sistemas de transporte, tras las protestas de finales de 2013, en las que uno de los principales malestares de los ciudadanos fue el transporte público. En el pasado Foro Urbano Mundial, representantes del gobierno brasileño recibieron ejemplos de los adelantos que ha hecho al respecto la empresa Transmilenio en Bogotá. Allí, Darío Hidalgo, investigador de Embarq, fue claro en que “no es posible entregar calidad en el transporte sin subsidios”.

No obstante, con la decisión de rebajar el pasaje de Transmilenio en 2012, Petro le dio una oportunidad a la Contraloría: la de señalar que esa reducción fue un “subsidio generalizado a la tarifa”, lo que está prohibido por la ley. Para los entes de control, otra cosa hubiera sido un subsidio focalizado como el que implementó a finales de febrero de este año para la población del Sisbén de estratos 1 y 2, en Bogotá. Hasta el momento no se sabe si esa disminución de 2012 benefició a los más pobres. Lo que logró Petro en un principio fue una leve migración de los usuarios de las horas pico a las valle, aunque el porcentaje fue bajo, y luego no continuó aumentando.

Por ahora, la Dirección de Responsabilidad Fiscal continúa sus investigaciones y habrá que esperar un fallo definitivo de primera instancia que indique si hubo o no responsabilidad fiscal y quién o quiénes deben responder.

 Quedaron por fuera del proceso

La Contraloría Distrital, luego de revisar el caso, tomó la decisión de sacar de la investigación a varios funcionarios y exfuncionarios, al concluir que no tenían responsabilidad en el presunto detrimento. Los beneficiados con la decisión fueron el exgerente de Transmilenio Fernando Rey; el actual gerente de Transmilenio, Fernando Sanclemente; el secretario de Planeación, Gerardo Ardila; y dos funcionarias de la Secretaría de Movilidad: Martha Coronado y María Constanza García, contra quienes la Dirección de Responsabilidad Fiscal decidió archivar el proceso.
 

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