Frente de seguridad 12: vigilantes privados para patrullar el barrio Chicó

Barrio Santa Ana - Seguridad

Foto: Cristian Garavito / El Espectador

En el primer trimestre del año, los conjuntos y edificios realizan la junta de propietarios. Y este año, en algunas unidades residenciales de Chapinero fue la oportunidad para discutir una propuesta poco usual: las altas cifras de hurtos los invitaron a unir fuerzas para contratar vigilancia privada que patrullara sus barrios. Así lo relata la dueña de un apartamento ubicado en el barrio Rosales, quien escuchó lanzar la iniciativa a una representante de la asociación Corpochicó. Lea: Chapinero, la más azotada por el hurto

“Presentó un diagnóstico de seguridad, recordó casos como el ataque a la mujer embarazada en Rosales y dijo que, si pagábamos $18.000 mensuales, la asociación podría contratar una empresa para reforzar la seguridad en las calles y hacer rondas cada seis minutos. Aclaró que era en alianza con la Policía, para que el personal estuviera conectado. Nos puso de ejemplo el barrio Santa Ana, en la carrera Séptima con 108, donde hay un modelo similar”, cuenta la propietaria. LEA: Radiografía: ¿qué tan segura es Bogotá?

Pero ¿qué empresa de vigilancia? ¿Patrullajes en qué vehículos? ¿De civil o uniformados? ¿Pueden patrullar armados o reaccionar en caso de un asalto? ¿Qué pueden hacer en caso de ver sujetos sospechosos en las zonas vigiladas? ¿Es permitido? “A nadie se le ocurrió hacer esas preguntas. Uno sólo piensa como padre de familia y a raíz de los últimos asaltos nos pareció buena la iniciativa. Todos la apoyamos”, agregó la propietaria. LEA: ¿Cuál es el límite para la legítima defensa?

Si se analizan las cifras de hurto de los últimos años, especialmente en Chapinero, muchos aceptarían la propuesta. En los últimos cinco años, casi 180.000 personas denunciaron algún tipo de hurto en Bogotá. Esto equivale a que dos de cada 100 habitantes fueron asaltados en el último lustro. Las estadísticas muestran cómo año tras año las denuncias aumentaron (salvo 2015), pasando de 26.917 en 2013 a 62.169 en 2017, es decir, en cinco años incrementaron 131 %.

Pero la mayor preocupación está en la localidad de Chapinero, pues no sólo fue la que cerró el 2017 con la tasa de hurtos más alta de la ciudad, donde en promedio cuatro de cada 100 residentes fueron víctimas de un asalto el año pasado, sino porque cinco de sus barrios han estado por cinco años seguidos en el top 10 de las zonas con más robos. “Es que la situación nos tiene desesperados. Los ladrones nos tienen sitiados”, resalta otro residente.

El Frente 12

La propuesta de contratar vigilancia privada la respalda la asociación de vecinos Corpochicó, organización dedicada a “liderar procesos para mejorar la calidad de vida de los residentes del sector”, según su página web. Y una de sus preocupaciones ha sido la seguridad, como se evidencia en su página de Facebook, donde una de sus asociadas convocó en octubre pasado a una reunión para crear un frente de seguridad. “No me pienso dejar robar la libertad y la tranquilidad, y menos la de mi hija”, era el mensaje que acompañaba la convocatoria hecha por María Fernanda Moreno, quien se presenta como la creadora del Frente 12.

“Dos ladrones se organizan y nos atracan a 3.000 vecinos desorganizados. Por eso hablamos con los habitantes sobre la importancia de unirnos, ayudarnos y cuidarnos entre nosotros. La iniciativa no se trata sólo de un supervisor motorizado, haciendo rondas. Es la tarea de enlazar las cámaras, los vigilantes y la Policía. ¿Cree que si no estuviera todo en regla, nos hubieran apoyado la Alcaldía, la Policía y Corpochicó? El proyecto fue tan bien diseñado que se lo regalamos a la Alcaldía para que lo replicara”, dice Moreno.

La idea no fue un acto espontáneo, como lo indica Carlos Ossa Valencia, director de Corpochicó. “Hace tres años iniciamos un trabajo con la Alcaldía y le pedimos operativos, mejorar los cuadrantes, la vigilancia y las cámaras. Fueron muchas reuniones, pero no llegamos a nada. Por el contrario, subió la delincuencia en los barrios Chicó y La Cabrera. Fue ante esta situación que María Fernanda diseñó un modelo de vigilancia privada externa en las calles”.

Ossa agrega que fue una idea para protegerse y proteger a sus hijos. “Será la primera célula, de ocho manzanas, con vigilantes externos motorizados, armados, conectados con los vigilantes de los edificios y la Policía, de tal manera que si ocurre un delito se puedan comunicar. El esquema comenzará este 1º de abril, entre las calles 85 y 92 y las carreras 7ª y 11. Serán supervisores externos motorizados y tendrán un punto ancla, en la calle 88 con 9ª”.

El contrato lo firmó la corporación con la empresa Celar, en representación de 550 residentes que aceptaron el proyecto. “El servicio es costoso, porque hay unas pólizas. Lo firmamos con una empresa que tiene los permisos de las autoridades. Su función será proteger a los vecinos. Es una integración que debemos dar. Es un modelo que está en marcha en otros barrios y tuvimos acompañamiento de las autoridades. Todo esto ha sido con el mismo Estado y el Distrito”, concluye.

Juan Felipe Arango, director comercial de la empresa Celar, precisa que el contrato es para prestar a la comunidad el servicio de un supervisor motorizado, que hará revisión en diferentes puntos del barrio. “Su tarea es netamente preventiva. Es una labor disuasiva y de vigilancia. La empresa no reemplazará a la Policía. Buscamos ser complemento”.

Daniel Mejía, secretario de Seguridad, señala que si bien Chicó y Chapinero es una de las zonas con mayor refuerzo de pie de fuerza, él desconoce la iniciativa. “Le pregunté al coronel Gualdrón y no hay ningún apoyo de la Policía a una idea como esa. El patrullaje en las calles y espacios públicos le corresponde a la institución. Otra cosa son los frentes de seguridad, con cámaras, botones de pánico, mejor comunicación con los cuadrantes de Policía, que esos sí apoyamos y promovemos”.

La Supervigilancia

Aunque cada edificio cuenta con sus celadores y es entendible que muchos quieran más seguridad en inmediaciones de sus residencias, la idea de encomendársela a empresas de vigilancia privadas, patrullas armadas y en moto, plantea preguntas. Si bien la ciudad tiene un déficit de policías, como lo ha reconocido el Distrito, ¿es válido dejar parte de la tarea en manos de empresas particulares?

Ante las dudas, la Superintendencia de Vigilancia no ofrece claridad. La entidad dice que las empresas de vigilancia están autorizadas para prestar servicios de vigilancia fija, transporte de valores, escolta y vigilancia móvil, que se “presta con vigilantes móviles, para dar protección personal a bienes muebles o inmuebles en un área o sector determinado”. Con esta explicación, sería factible el plan de contratar vigilantes para prestar seguridad en algunas calles de la ciudad.

Aclara que, entre las funciones de los vigilantes que presten servicios en áreas residenciales, está la de controlar el acceso de personas y vehículos para evitar actos que vayan en contra de la seguridad de bienes y de personas a su cargo. “El vigilante en el predio donde se ubica su objetivo debe realizar las rondas o recorridos, para prevenir ilícitos y detectarlos para actuar de conformidad”.

Pero al consultar si esto incluye el patrullaje en vías públicas, la respuesta es no. Explica que, según manuales de la Policía, el patrullaje es un servicio de vigilancia en cualquier medio de transporte para neutralizar delitos y aumentar la percepción de seguridad (resolución 00911 del 1º de abril de 2009), pero eso es competencia de la Policía. “Como tal, las empresas de seguridad privada no prestan ni están autorizadas para el patrullaje en vías públicas”, agrega.

Fuera del debate de si el servicio que contratará Corpochicó es vigilancia móvil o patrullajes, las preguntas van más allá. Si el celador encuentra a una persona delinquiendo, ¿cómo debe proceder? ¿Y si lo hiere? Para los directivos de la asociación es claro el servicio que están contratando: “Deben actuar como policías, proteger a la comunidad y reaccionar. Incluso podrían retener al delincuente mientras llega la Policía. Todo lo que hace un uniformado, pero sin la potestad de judicializar”, dice Ossa.

La Supervigilancia, por su parte, sólo tiene respuesta si se trata del vigilante de un conjunto. “Él debe tomar las medidas para preservar la vida de los residentes en el lugar de trabajo y la propia; activar las alarmas para dar aviso a la Policía; después debe proteger los elementos con los cuales se consumó el hecho, y registrar las descripciones de los que puedan estar comprometidos en el delito, para comunicarlas a la autoridad competente”, dice el protocolo de operación.

En caso de que un celador hiera a una persona, dice la Supervigilancia, se debe comunicar con el radio operador de su empresa, quien valida la información y se comunica con la Policía. Además debe cerciorarse de que estén funcionando las cámaras de vigilancia, que servirán en su defensa. “Contar, en lo posible, con testigos de que la acción de herir a una persona se hizo cumpliendo su deber en defensa de sus vigilados y de él mismo. Lo que sigue es competencia de la Policía y demás autoridades judiciales”.

Choque

Si se interpretan la norma y la respuesta de la Superintendencia de Vigilancia, se podría entender que, en el caso de una persona o empresa con varias propiedades, sería legal contratar a una empresa de seguridad para hacer rondas por sus inmuebles, con vigilantes en moto o en carros, para inspeccionar sus bienes. No obstante, en el esquema planteado en Chapinero parece un caso diferente por tratarse de rondas periódicas para hacer patrullajes similares a los que hace la Policía.

Hugo Acero, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, señala que hay evidencia de que en la ciudad hay zonas, como la universitaria e industrial de Puente Aranda, donde las empresas de seguridad privadas prestan su servicio y patrullan en el espacio público. “En principio es permitido y hasta ahora nadie lo ha catalogado como ilegal. Lo que sí sería recomendable es que no fuera un vigilante armado y lo hiciera en coordinación con la Policía, porque si ocurre un enfrentamiento en la calle y mata a alguien, siempre son los celadores los que terminan en la cárcel”.

“Lo que uno encuentra en este tipo de iniciativas es que esta comunidad no tiene mucha confianza en la Policía. Un frente de seguridad máximo lo que puede tener es una alarma comunitaria y contacto directo con el cuadrante. Lo que pasa es que el país tiene una tendencia a armarse, como lo demuestra la solicitud que hicieron unos vecinos del barrio Rosales, quienes le pidieron al Distrito autorización para armarse, que obviamente fue negada”, agregó Acero.

Por su parte, para Jairo Libreros, experto en seguridad, el esquema que plantean en el barrio Chicó es una idea peligrosa. “Es el germen del vigilantismo, que consiste en tener un cuerpo de vigilantes armados para sacar del espacio público a quienes creen que tienen un perfil social diferente al del sector. Es una medida populista que termina siendo replicada hasta el día en que un celador termina matando a alguien que considera ajeno al barrio. Lo recomendable es que los vecinos conformen un frente de seguridad para mejorar el entorno en asocio con la Policía, pero no que acudan a esta medida de un vigilante armado patrullando”.

Finalmente, Luis Fernando Echavarría, experto en seguridad urbana, insiste en que patrullar las calles es función indelegable de la Policía. “Claro que se pueden tener frentes de seguridad y alarmas, pero poner a una persona armada a vigilar las calles es complejo. Le pueden poner el nombre que quieran: supervisor y celador o decir que es disuasivo, pueden decir lo que quieran, pero si un vigilante se encuentra con un ladrón, no lo piensa dos veces para disparar. Además, eso es desvirtuar el plan cuadrante de la Policía, que busca una vigilancia territorial y más cercana al ciudadano. Si resulta exitoso ese esquema, todos comenzamos a privatizar la seguridad. Y si la Policía lo está apoyando, no está bien”.

La necesidad de más seguridad en algunos barrios es evidente, pero la duda alrededor de nuevas propuestas particulares está vigente. En caso de que se defina que el modelo que promueve Corpochicó es legal, será una oportunidad de negocio para las empresas de vigilancia en algunos barrios de Bogotá, la cual no alcanza a cubrir la Policía. En caso contrario, será un llamado a las autoridades para poner en regla proyectos como este, en los que la ambigüedad es evidente.