¿Alguien recuerda que en la manifestación del primero de mayo en Bogotá hubo visos de carnaval, con tambores y disfraces, que les sirvieron a los marchantes para reclamar derechos? Difícil. Sobre todo después de que la figura de un hombre disparando un arma de fuego inundó los medios, como evidencia de que, aparte de la protesta, algo grave sucedió.
La imagen es diciente. Se ve a un encapuchado apuntando en dirección al costado oriental de la Plaza de Bolívar, donde se agolpaban los policías del Esmad. En sus manos porta un revólver. Luego de disparar un par de veces, corre para esconderse entre los manifestantes. Mientras huye y guarda el arma, se le cae la pañoleta y es el momento en el que, por unos segundos, se puede apreciar su rostro.
La secuencia, que servirá de evidencia contra el sujeto en un proceso penal, quedó registrada en video. El camarógrafo, del que no se tienen datos, lo enfocó desde el momento del atentado y no le perdió el rastro. En varias fotografías, además, se aprecia al responsable del ataque en medio de la gente.
A pesar de que no hay ningún policía herido por arma de fuego, el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, indicó que al responsable de atentar contra los uniformados, en principio y en caso de lograr su captura, lo procesarán por tentativa de homicidio. Y aunque algunos dudan de que el arma sea real, Mejía señala que personal de la Sijín encontró un orificio de proyectil en las paredes de la catedral, que coincide con el ángulo del disparo que hizo el encapuchado. “Por los videos y el movimiento del arma, los expertos en balística determinaron que no se trata de un arma de juguete”, apunta.
Aclaró que este es un informe preliminar que la Policía le rinde a la Fiscalía, que definirá los delitos que le imputarán al sujeto. Mejía confirmó que a pesar de que las autoridades ya han recibido varias llamadas con pistas sobre el responsable, gracias al ofrecimiento de una recompensa de $20 millones, aún no se puede revelar información, porque hace parte del proceso judicial.
Más allá del debate judicial, este episodio abre otros frentes de discusión. El uso de un arma de fuego entre quienes promueven la protesta social solo logra deslegitimar sus objetivos políticos. El Espectador habló con dos líderes sindicales y dos de movimientos sociales, que participaron en las marchas del domingo. Todos coinciden en rechazar cualquier acto violento, aunque, cada uno desde una perspectiva diferente, admite que tradicionalmente la violencia ha impregnado las manifestaciones.
Luis Alejandro Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), afirma que “cada primero de mayo un grupo de desadaptados cree que provocando a la Fuerza Pública implanta un modelo diferente a la protesta pacífica, pero eso ha sido rechazado colectivamente, porque afecta el deseo de continuar trabajando no solo en el ámbito puramente técnico, sino en la movilización”.
Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), agrega: “siempre se nos presenta a última hora una cosa de esas. Esta vez no sé por qué lo hicieron, porque la marcha fue pacífica. Además, es muy peligroso pues los marchantes en ocasiones van con sus esposas, hijos y nietos”.
El defensor de Derechos Humanos Andrés Charry reconoce que no es un hecho aislado porque en las universidades, por ejemplo, se han visto personas con armas en medio del movimiento estudiantil. “Hay quienes llevan infiltrados mucho tiempo en las organizaciones estudiantiles, pero pasar de infiltrar el discurso a infiltrarse con armas, salir a marchar y disparar hace que la discusión pase a otros términos”, agrega.
Diego Carrero, vocero de Marcha Patriótica en Bogotá, pide tener en cuenta que en las manifestaciones se movilizan muchas personas que no necesariamente son del movimiento social, infiltrados cuya presencia se ha denunciado históricamente. “En nuestros protocolos de seguridad hemos procurado evitar que eso ocurra. Desde hace unos cinco años, además, hemos promovido un cambio en la manera como nos dirigimos a la gente, rechazando siempre la violencia”.
Al indagar más sobre los infiltrados, Charry y Carrero reclaman que no se trata solo de extremistas de izquierda, sino de integrantes de organismos del Estado o de movimientos de extrema derecha que se camuflan para promover la violencia. Con esto logran dos efectos: la reacción más fuerte de la Fuerza Pública y el rechazo de la ciudadanía.
En el caso de marras, a pesar de la crudeza de las imágenes, aún hay preguntas abiertas que llaman a mantener la prudencia a la hora de emitir algún juicio. Las dudas, no obstante, quedan sembradas y se suman al miedo de los propios protagonistas de las protestas. Como dice Charry: “En medio de una marcha, las organizaciones sociales ya no solo temerán por la estigmatización en su contra, sino por su vida”. El presidente de la CTC también advierte sobre una suerte de efecto búmeran: “Eso no lo hicieron los trabajadores, pero los señalamientos los terminarán perjudicando. Eso fue, más bien, un atentado contra ellos”.
Aunque los disturbios y el atentado tienden a deslegitimar la movilización social, según Daniel Mejía, secretario de Seguridad, el Distrito no tomará decisiones que apunten a reprimir o prohibir las protestas. “Es que los disturbios no los promovieron las centrales obreras ni los sindicatos. Fue un grupo de encapuchados que causaron los desórdenes. Nuestra tarea es, por ahora, individualizar a los responsables”.