La Personería de Bogotá, en primera instancia, destituyó a Julieta Naranjo Lujan y María Esperanza Campiño Araujo, alcaldesa local y profesional universitaria de Usaquén y las inhabilitó para desempeñar cargos públicos por 12 y 10 años, respectivamente, por irregularidades en contratación.
De acuerdo con la investigación, el Fondo de Desarrollo Local suscribió, en julio de 2013, un convenio de asociación con la Corporación Casa de Cultura de Usaquén por más de $200 millones para eventos culturales.
Entre otros elementos, a través del convenio se adquirieron refrigerios, antifaces, collares hawaianos, sombreros de carnaval; se alquilaron equipos de sonido original de marcas reconocidas y se contrataron talleres de origami y máscaras.
Por contratar directamente estas prestaciones, la Personería de Bogotá consideró que las funcionarias vulneraron el artículo 355 de la Constitución y las normas de contratación al suscribir el convenio de asociación, figura con la que se incumplió con el deber de realizar un concurso público y seleccionar de manera objetiva y transparente la propuesta más favorable para la Administración.
A la alcaldesa local se le encontró responsable de suscribir el convenio y a la profesional de proyectarlo y revisar la documentación sin advertir el desconocimiento de las normas.