Los principales delitos bogotanos

Entre el 1º de enero de 2005 y el 30 de junio de 2013, en Bogotá se han abierto 241.098 expedientes por múltiples delitos. Pero con los 500 fiscales que hay, para que esa cifra llegue a ceros, cada uno tendría que resolver 482 casos. Objetivo imposible de alcanzar si se toma en cuenta que todos los días se cometen nuevas irregularidades en las calles de la capital. Lo saben en la Fiscalía, en la Alcaldía, en la Policía, en la Alta Consejería Presidencial para la Seguridad y la Convivencia. Y es por eso que, luego de un minucioso estudio de ocho meses en el que participaron las mencionadas entidades, en la Fiscalía se acabó la manera tradicional de investigar en las ciudades. Y que Bogotá (La Calera incluida) es el proyecto piloto de esta ‘revolución’.

Ese fue el anuncio que hicieron ayer el vicefiscal general, Jorge Perdomo, y el coordinador de la Unidad de Análisis y Contexto (Unac), Alejandro Ramelli. Los altos funcionarios explicaron que con el Plan de Acción de Situaciones Priorizables, que fue aprobado en diciembre pasado, en Bogotá se dejará de investigar denuncia por denuncia y se pasará a indagar de acuerdo con los delitos que más afectan a los ciudadanos y los patrones de las bandas de crimen organizado que operan en la ciudad. Así las cosas, el Comité Técnico de Priorización de la Fiscalía escogió 13 delitos que primarán sobre los demás a la hora de hacer investigaciones, empezando por el hurto de celulares en Transmilenio, la estafa en compraventa de automotores y el microtráfico de drogas.

En el caso de hurto de celulares en el sistema de transporte, la Fiscalía ha identificado ya 32 bandas. Y es que el asunto es trasnacional, porque varios de esos equipos terminan en EE.UU., Venezuela y Ecuador. Las autoridades conocen que el robo de teléfonos móviles es una cadena que empieza con un ladrón que saca el celular de su bolsillo sin que usted se dé cuenta —o, peor aún, se lo quita a la fuerza—, que luego pasa por ensambladores de tarjetas y de técnicos que alteran los códigos de los aparatos y que termina en los mayoristas que los venden. “En síntesis, el hurto de celulares (...) es una problemática urbana que genera los mayores índices de percepción de inseguridad”, señala la Fiscalía en el Plan.

El documento de 689 páginas, conocido por este diario, indica además que la Fiscalía, de la mano de la Policía y la Alcaldía, ha avanzado bastante en información que podría hacer del objetivo, desvertebrar el crimen organizado en Bogotá, una realidad. En el caso de la estafa por compraventa de automotores, las autoridades tienen identificados más de 150 establecimientos comerciales en los que se ha cometido este delito. Es tal la magnitud de estas estafas que, según las cuentas oficiales, las más de dos mil denuncias interpuestas se traducen en pérdidas para los embaucados que superan el billón de pesos. Una cifra que representa más del 7% del presupuesto aprobado para Bogotá en 2014.

Este tipo de estafas están en incremento, advierten los investigadores judiciales, porque “en muchos casos las personas procesadas son las mismas que anteriormente se dedicaban al hurto de vehículos, sólo que ahora es más rentable que los entreguen directamente sus propietarios que quitárselos”. En un solo día, un local de compraventa puede hacerse a 15 carros. En cuestión de meses ese local ha movido más de $3.000 millones. Quienes están involucrados montan oficinas en “sectores exclusivos de la ciudad, con ambientes cálidos y agradables, vehículos de alta gama, generan credibilidad y confianza”. El carro termina desguazado y sus partes, comercializadas. La Fiscalía indaga incluso posibles nexos de estas bandas con funcionarios públicos.

Otros delitos que harán parte de la principal agenda de la Fiscalía en Bogotá son los hurtos electrónicos a usuarios del sistema financiero, la trata de personas, la falsedad en licencias de conducción y los paseos millonarios. La contratación pública es un capítulo especial y las alcaldías locales, en tela de juicio desde hace un buen tiempo por supuestas irregularidades de esta naturaleza, lideran la fila de las investigaciones que se vienen: “Son constantes las denuncias instauradas contra los diferentes mandatarios locales que, aprovechando el caudaloso presupuesto asignado a los fondos locales y el precario control de los organismos correspondientes, (habrían violentado) los principios rectores de la contratación y de la función pública”.

Delitos como los que afectan la administración minan la confianza ciudadana, pero igual ocurre con otros, como los ‘paseos millonarios’. En Bogotá se cometen cuando menos tres ‘paseos’ por semana, principalmente en Usaquén, Chapinero y Teusaquillo, por la cantidad de bares y restaurantes allí ubicados; que la víctima suele ser agredida sólo cuando opone resistencia —como ocurrió con James Watson, agente de la DEA asesinado tras coger un taxi en el Parque de la 93—, que los ‘paseadores’ no prefieren género alguno a la hora de escoger sus víctimas y que su hora favorita de atacar es antes de medianoche, para aprovechar el corte bancario que restringe la cantidad de dinero que se puede retirar.

Para que las pesquisas judiciales lleguen a un final feliz se necesita información por parte de los ciudadanos, pero es con lo que menos se cuenta. Por ejemplo, menos del 2% de las personas a quienes les roban su celular ponen en conocimiento de las autoridades el hurto. Para que la Fiscalía pueda construir lo que llama “patrones de criminalidad”, es esencial tener datos claves: en qué estación de Transmilenio ocurrió el robo, a qué hora, qué es lo que más se recuerda del ladrón en caso de haberlo visto. En el hurto electrónico hay identificadas dos organizaciones, se sabe que tiene un impacto internacional y se va a crear un formato único para que los bancos faciliten la información a las autoridades y se pueda hacer algo más que reintegrar el dinero a la cuenta.

Este Plan de Acción de Situaciones Priorizables va a ser manejado directamente por la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, pero copiará en buena parte la metodología de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía (Unac), que hoy encabeza investigaciones de temas cruciales para el país como el despojo de tierras en el Urabá o las ejecuciones extrajudiciales. “Se trata de llegar a los máximos responsables, de entender los patrones de criminalidad. Son mafias y hay que abordarlas como tal, no se gana nada con arrestar solamente a los ‘rasos’”, explicó Alejandro Ramelli, coordinador de la Unac. En los próximos meses, se espera, otras ciudades harán planes de priorización similares, empezando por Barranquilla e Ibagué.

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