“Este proyecto presenta una ciudad a la que se accede en términos de infraestructura, espacio físico y servicios mercantilizados, y no en términos de garantías sociales. Es un lugar que oferta y no garantiza. Un sitio que podría asimilarse a un mercado en el que solo se adquiere de forma económica”. Esta frase no hace parte del repertorio petrista contra el alcalde Enrique Peñalosa. Es el juicio que el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) dio sobre la visión de ciudad que plantea el mandatario en su proyecto de Plan de Desarrollo.
Ese grupo, que por ley debe emitir un concepto sobre el plan antes de que la administración lo presente al Concejo, lo integran 100 consejeros que representan 22 sectores de la sociedad civil: desde organizaciones de jóvenes, mujeres y LGBTI hasta gremios económicos y de propiedad horizontal. El 29 de marzo entregaron el documento, de 304 páginas, con el fin de que el alcalde y su equipo decidan si acogen las recomendaciones. Aunque no están obligados a hacerlo, sí se trata de una voz que le permite a la administración tantear sus propuestas ante una audiencia representativa y calificada.
Por eso es muy elocuente esa dura crítica a la forma como Peñalosa concibe la ciudad, aunque, cabe aclarar, no todo fue negativo. El documento destaca los énfasis en la atención y protección a mujeres, discapacitados y animales, y la intención de generar corredores ambientales y de fortalecer las alcaldías locales. También, la intención de convertir a Bogotá en un foco de atracción turística y de mejorar la eficiencia administrativa por medio de la tecnología.
Hubo, de acuerdo con Martha Triana, presidenta del CTPD, 88 propuestas de la Alcaldía que fueron de buen recibo para los consejeros. Los desacuerdos, sin embargo, fueron 200. Y, como es de esperarse entre un grupo tan diverso, internamente no siempre hubo consenso, como con la propuesta de Peñalosa de urbanizar parte de la Reserva Van der Hammen.
Las observaciones abarcan varios frentes. Una tiene que ver con la financiación: a juicio de los consejeros, el Gobierno no aclara de dónde sacará la plata para costear un plan tan ambicioso ($88,7 billones en cuatro años) y dudan de que las Asociaciones Público Privadas (APP), con las que Peñalosa busca financiar $30 billones, no les generen ningún costo a los ciudadanos, pues los privados de alguna forma deberán recuperar su inversión.
El secretario de Planeación, Andrés Ortiz, responde que las APP no necesariamente tocarán el bolsillo de todo el mundo. Pone el ejemplo de la ampliación de la Autopista Norte, donde quieren poner peajes solo en los carriles nuevos, para quienes decidan usarlos. “También debo aclarar que el alcalde ha dado la instrucción de que las APP no se implementen en aspectos sociales”, explica el funcionario. “Se plantea para infraestructura hospitalaria ($2,5 billones), pero sería para una segunda fase y estamos evaluando los mecanismos para llevarlo a cabo”.
El CTPD también critica que lo social carezca de financiación suficiente, mientras “la prioridad que le da a infraestructura y movilidad es notoria”. Y agrega: “las estrategias para construir comunidad, como son seguridad, justicia, derechos humanos, víctimas, paz, posconflicto, tienen solo el 2 % de los recursos asignados”. El 51 % del presupuesto, además, está concentrado en movilidad. Ortiz responde que la apreciación es equivocada. Primero, porque en el proyecto lo social no es un aspecto independiente, sino que atraviesa “todos los pilares del Plan. En movilidad, por ejemplo, incluimos los subsidios a los pasajes de Transmilenio”.
Apunta, no obstante, que se debe tener en cuenta que heredaron una situación económica compleja en la que muchos aspectos de salud y educación, que eran financiados con ingresos recurrentes producto de impuestos, también recibían financiación de fuentes extraordinarias, como utilidades de empresas de servicios públicos. Este último aporte no se hará más. Anunció finalmente que también requieren recursos para cubrir el déficit del SITP.
Ortiz es consciente de que la evaluación fue dura, pero la toma con tranquilidad. Ya discuten internamente qué acogerán, y entre esto se encuentra la necesidad de fortalecer la propuesta para las víctimas, en la que también les dieron un jalón de orejas. Hay que tener en cuenta que el Plan de Desarrollo sigue en construcción y, además del concepto del CTPD, la Alcaldía analizará las 15.000 propuestas que los internautas le han hecho en la plataforma www.bogotaabierta.co y en encuentros ciudadanos.
El proyecto deberá estar listo para radicarlo en el Concejo el próximo 29 de abril. Allí, después de esta evaluación de corte cívico, se dará el debate partidista.