La próxima semana se define el futuro del contrato de semáforos en Bogotá

Tomada de Pixabay/Referencia

Casi un mes después de que se denunció que el socio mayoritario del consorcio Movilidad Futura 2050, al parecer, presentó documentos adulterados para ganar la licitación para modernizar la red de semáforos de Bogotá –un contrato que asciende a los $173.000 millones– el Distrito, finalmente, se pronunció sobre las indagaciones que adelanta y señaló que la próxima semana se tomará una decisión sobre el futuro de proceso.

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El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, aseguró este miércoles que están revisando jurídicamente los documentos y han exigido respuestas de fondo al proponente. Al final, de comprobarse que hubo una falsedad en los papeles que entregó el consorcio ganador, no le quedaría otro camino que revocar el contrato adjudicado en diciembre pasado. Las miradas, en este caso, están puestas sobre la empresa Sutec de Argentina, que habría presentado en Colombia estados financieros que no coincidían con los que radicó ante las autoridades donde está su casa matriz.

“Solicitamos una información a la Cámara de Comercio sobre los estados financieros y al consorcio, sobre una acusación que recibimos. Con base en esa información, esperamos la semana próxima tomar una decisión definitiva sobre este tema. Estamos haciendo revisión jurídica de los documentos y a partir de eso tomar una decisión para no retrasar más el proyecto”, manifestó el funcionario.

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Previamente, la Secretaría de Movilidad había solicitado al consorcio explicaciones de fondo alrededor de los cuestionamientos. En respuesta, Siemens (firma que tiene 1 % de participación en el consorcio) tomó distancia de Sutec y dijo no ser responsable por los documentos radicados por esa empresa. Adicionalmente, la firma argentina le pidió a la administración “hacer caso omiso” de las denuncias, en tanto quien las formuló no fue el veedor de Usaquén, como se incluyó en el escrito. Es decir, se trataría de una denuncia anónima, en opinión de la empresa. 

En una comunicación fechada el pasado 11 de abril, el Distrito contestó a las explicaciones de Movilidad Futura 2050. En primer lugar, recordó que, al ser un consorcio, deben presentar una comunicación conjunta e insistió en un pronunciamiento de fondo sobre la denuncia. En segundo lugar, desestimó lo dicho por Sutec que, haciéndole el quite a los cuestionamientos, se limitó a responder que “entregó la documentación exigida y cumplió con todos los requisitos”, insistiendo en que la denuncia es falsa y no amerita “otro tipo de respuesta”.

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Ante ello, la Secretaría de Movilidad persistió y exigió no solo un pronunciamiento de fondo, sino que le presenten los documentos cuestionados, destacando la gravedad de las denuncias y reclamando explicaciones que permitan desvirtuar los hechos. “Más allá de la alusión a la falsedad en la suscripción del documento, no con ello se están desvirtuando los hechos denunciados, aspecto que debe ser aclarado por el proponente, como consecuencia de la duda que surge frente a la documentación acreditada ante diferentes estancias”.

En otra carta, la Secretaría de Movilidad le contesta a la abogada Paula Cadavid Londoño (que representa los intereses del Consorcio Kapsch SSI Bogotá, una firma que competía por hacerse a la licitación) y le asegura que ha recibido la denuncia penal presentada ante la Fiscalía, por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. Según el Distrito, los mismos hechos también fueron puestos en conocimiento del ente investigador por la entidad.

“La Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría informa que se encuentra adelantando las gestiones pertinentes con los representantes del consorcio y ante las autoridades competentes, a fin de dar respuesta de fondo a los presuntos hechos denunciados”, señaló la administración.

Previamente, a través de un oficio enviado al fiscal general y un documento radicado en la sala de asignaciones, se le solicita al ente acusador tomar las medidas para garantizar que se respeten los derechos de los proponentes que participaron en el multimillonario proceso. El documento hace un recuento de los tropiezos en la licitación, enfatiza las advertencias que hizo la Procuraduría sobre posibles anomalías.

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La denunciante le recuerda a la Fiscalía que desde un comienzo la Procuraduría expresó dudas sobre la estructuración del proceso y que pidió al Distrito revocar el trámite de selección “antes de recibir las propuestas de los oferentes”. Semanas después, la misma autoridad solicitó suspender el proceso hasta que se aclararan las inquietudes y, finalmente, tras la adjudicación abrió investigación disciplinaria en contra del secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, y otros funcionarios del Distrito.

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