Expertos sugieren revisar la política pública de educación

Menores delincuentes, un problema mayor

Tras la captura de dos jóvenes que fueron sorprendidos robando con un arma de fuego en Kennedy, las autoridades llamaron la atención sobre el incremento de adolescentes en bandas delictivas. Se han registrado 4.000 detenciones en 2017.

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A través de las cámaras de seguridad, la Policía de Kennedy se percató del comportamiento sospechoso de dos jóvenes que estaban en un paradero de la avenida Ciudad de Cali. Cuando el tráfico se detuvo, se hicieron una señal y se internaron en el trancón. Segundos despuésemergieron a toda velocidad rumbo a una estación de Transmilenio: saltaron los separadores e intentaron perderse entre los vecindarios aledaños, pero fueron capturados por las patrullas. Al parecer, despojaron a un conductor de su celular, como quedó consignado en la denuncia en su contra. La Policía les encontró un revólver calibre .38, un teléfono móvil de alta gama y, al revisar sus antecedentes, ambos tenían anotaciones por hurto. Los dos tienen 16 años y terminan la primaria en un colegio de la localidad.

Este caso redondeó las cifras de menores detenidos: en lo corrido del año van 4.000, la mayoría involucrados en robos. Las autoridades, sin embargo, aseguran que la detención de adolescentes es un flagelo recurrente y en muchos casos obedece a que estructuras criminales los usan para cometer delitos. “Algunas bandas están instrumentalizando a los menores para evadir la acción de la justicia, teniendo en cuenta que el tratamiento es diferente al de los adultos y eso contribuye a que aumenten las cifras”, aseguró el teniente coronel Óscar Barón, comandante de la Policía de Kennedy.

Precisamente, esa localidad fue la más afectada por la participación de menores de edad en distintos delitos. Durante 2016 se registraron 231 capturas de menores entre 14 y 17 años, 28 de ellas en el barrio Patio Bonito. La siguen Rafael Uribe Uribe, con 208 detenciones; San Cristóbal, con 168, y Engativá, con 161.

“Lo malo es que los cojan”

Para el padre Wilfredo Grajales, director del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), habría que preguntarse si los jóvenes están infringiendo más la norma o si las autoridades están siendo más efectivas, pues el problema siempre ha existido. “Lo que yo veo, además, es una desorientación de los muchachos. En los barrios hay una tolerancia con el delito que hace que ellos se despisten. Lo que más me preocupa es que cuando hablamos con ellos, aseguran que lo más grave no es el delito que cometieron, sino que los pillen”.

Aunque “si los pillan, ellos saben que no tendrán mayores problemas”. La frase es de John Anzola, experto en seguridad ciudadana, quien considera que la instrumentalización de los menores se debe a que, ante la justicia colombiana, son víctimas y por eso sus castigos son más flexibles. A pesar de esto, advierte que la solución no puede ser endurecer las condenas para los menores, como se ha sugerido en varias ocasiones, sino “aumentar las penas de quienes los utilizan en la comisión de los delitos. Es decir, imponer con juicio este agravante de la ley”.

El abogado penalista Iván Cancino aclara que esos agravantes sí se aplican y desde el Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) se ha trabajado fuertemente para que caiga un peso sobre quienes abusan de los menores. Pero reconoce que no es suficiente y por eso cree, a diferencia de Anzola, que es indispensable que “se aumente la edad penal para delitos graves como homicidios, tortura, extorsiones y delitos sexuales”. Sin embargo, es enfático en que el derecho penal no soluciona el problema: “Se debe revisar con urgencia la política de educación y, principalmente, los valores de familia. Este problema no se soluciona con castigo”.

El padre Wilfredo Grajales sugiere que, en primer lugar, se rescate el respeto a la autoridad representada en la familia, la escuela y la Policía. “Para los habitantes de calle y los sectores populares, la Policía es vista como el enemigo. Y como se pierden las figuras de autoridad, la calle se las da. Entonces aparece un matón que pone normas, que acciona un arma o corta un dedo, y ese lo usa bajo su propio interés”.

Son varias las causas que llevan a un menor a hacer parte de una banda criminal o cometer un delito, pero Anzola resalta una que, según él, las autoridades no han atacado en profundidad: el consumo de drogas. Los entornos son cada vez más inseguros, pues los expendios están ubicados cerca de la comunidad, sobre todo de los colegios.

“Hay una tríada: jóvenes, drogas y violencia. Los menores tienen de vecinos a las bandas criminales que poco a poco se acercan a ellos. Les regalan una dosis, luego otra, hasta que les generan los problemas de adicción. ¿Por qué los jóvenes ceden? Porque sienten cierta afinidad y un respaldo que no hallan en su casa ni en su colegio”.

Aunque los expertos siempre responden que la solución es la prevención, para Anzola es importante empezar a definir qué es y cómo se deben crear estrategias que realmente funcionen. El analista sugiere desarrollar más incentivos que se acomoden a la realidad de cada localidad.

Para los analistas, los constructores de las políticas públicas dirigidas a los menores deben analizar si los programas implementados están dando resultado. Pero esta revisión debe hacerse de la mano de los jóvenes, para entender su complejidad e ir más allá de las cifras y los resultados inmediatos.