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Un escándalo sacude a Sopó desde hace más de un mes: el presunto maltrato al que eran sometidos niños atendidos en un hogar especializado, precisamente, en protegerlos del abuso sexual del que fueron víctimas. La ola de acusaciones crece entre la Alcaldía (principal denunciante) y Paola Franceschi, la directora del hogar, reconocida porque en 2009 fue reconocida como Mujer Cafam por su labor con los pequeños. El ICBF, llamado a investigar, aún no se pronuncia.
Un escándalo sacude a Sopó desde hace más de un mes: el presunto maltrato al que eran sometidos niños atendidos en un hogar especializado, precisamente, en protegerlos del abuso sexual del que fueron víctimas. La ola de acusaciones crece entre la Alcaldía (principal denunciante) y Paola Franceschi, la directora del hogar, reconocida porque en 2009 fue reconocida como Mujer Cafam por su labor con los pequeños. El ICBF, llamado a investigar, aún no se pronuncia.
La versión de la Alcaldía precisa que, el pasado 3 de agosto, la Personería y la Comisaría de Familia recibieron dos denuncias anónimas sobre presuntos maltratos en la Asociación Hogar Niños por un Nuevo Planeta, donde habitaba un centenar de menores. En una se adjuntó un video, que conoció El Espectador, en el que un pequeño de unos cinco años, a petición de una mujer, muestra moretones en su cuello y una laceración en su boca que le atribuye, con nombre propio, a un empleado del lugar. Alertadas, las autoridades allanaron la sede del albergue en la madrugada del día siguiente, para rescatar los niños. Desde entonces, la mayoría quedó al amparo de sus padres. Los demás, del ICBF.
Participaron 70 personas, entre policías, funcionarios de la Comisaría y de la Personería, quienes, en un informe que le presentaron al ICBF, la Procuraduría y la Fiscalía, describieron que encontraron a los menores hacinados, pues hasta tres y cuatro dormían en una cama; loas servicios sanitarios sin mínimas condiciones de higiene, malos olores y alimentos vencidos.
En el video que grabó la Alcaldía, se ve cómo algunas funcionarias entrevistan a niños que dicen que los obligan a hacer cuclillas y a empinarse y alzar los brazos mientras abren y cierran las manos; también, que un hombre (el mismo señalado en la denuncia) les pega patadas y puños.
El sujeto aparece interrogado en la grabación. Dice tener 19 años y agrega: “soy uno de los que ayuda a bañarlos, a llevarlos al colegio. Los ponemos a hacer ejercicio a la mayoría porque no hacen caso. Es que no son fáciles. Llevo nueve años acá. También fui niño del hogar. Nos levantamos a las 5:00 a.m. y nos bañamos. A las 6:00 a.m. ya están desayunando. A las 6:30 a.m. se van para el colegio. Baño a 32 niños. Los ponemos a hacer cuclillas. Los pongo así (se agacha y pone pies y manos en el piso) por dos minutos. Nos acostamos a las 8:00 p.m.”.
El informe escrito añade: “En la diligencia, los niños, al sentirse protegidos, manifiestan con voces de auxilio su deseo de retirarse de la institución por maltratos (…) además de informar sobre restricción a la alimentación y en algunos casos, presuntos abusos sexuales de personas de la Asociación”.
A la gravedad de esas afirmaciones se suma la alerta por una presunta “casa de castigos” en Bogotá, a donde supuestamente llevaban a quienes se portaban mal. En la Comisaría reportaron que llevaron niños al hospital por desnutrición, y a una porque tenía la retina desprendida. En otro video, una exempleada asegura ante la comisaria que como castigo les prohibían ir al colegio y comer.
Todo se enrarece más con las amenazas que, dicen, han recibido el secretario Jurídico de la Alcaldía, Fernando Reyes, y la comisaria de Familia, Esmeralda Velandia, después de liderar los operativos y denunciar los presuntos maltratos en medios de comunicación.
“No fuimos bienvenidos en Sopó”
Paola Franceschi, directora de la Asociación, ha trabajado 16 años con niños vulnerables, primero en una sede de Bogotá y, desde diciembre de 2013, en Sopó. Fue allí donde hallaron un terreno para establecer el hogar después de haber pagado arriendo en la capital. Sin embargo, desde distintos sectores como el Concejo del municipio les manifestaron que no eran bienvenidos, esgrimiendo, entre otras razones, el rechazo a los niños abusados y que estos les quitarían cupos en los colegios a niños soposeños. El hogar, no obstante, se mantuvo.
Ella explica que no tiene contrato de operación con el ICBF, aunque este vigila su trabajo. De hecho, su licencia, expedida por ese Instituto, está al día. Se financia con donaciones. Para entender su modelo de funcionamiento, dice, hay que pensar en una especie de internado donde los padres, voluntariamente, dejan a sus hijos, vulnerados sexualmente y con pocas posibilidades de crecer en un entorno sano, para alejarlos del peligro. Esto quiere decir, agrega, que son niños que no tienen procesos de restablecimiento de derechos, figura bajo la cual el ICBF ampara a los menores vulnerables y les hace seguimiento.
A pesar de esta explicación, para el secretario Jurídico de Sopó y la comisaria de Familia, no quedan resueltas las dudas sobre la institución. Dicen que hay padres que denunciaron restricciones para ver a sus hijos, y en algunos casos llevárselos. Franceschi responde que aunque los papás le entregan los pequeños voluntariamente, ella no permite que se los lleven en caso de que considere que seguirán en peligro. Si le insisten, los deja a disposición del ICBF para que resuelva. Este Instituto no respondió las preguntas que este diario le envió sobre el caso desde el miércoles pasado, algunas para que entender ese modelo de operación.
Tampoco respondió si ya inició una investigación formal. Mientras tanto, Franceschi lo niega todo. Asegura que desconoce el video en el que aparece el niño herido, base de las primeras denuncias. Afirma que, aunque las grabaciones no lo muestran, en el operativo del 4 de agosto los policías y los funcionarios maltrataron a los menores al despertarlos con golpes de linternas y amenazas de que no volverían al hogar. Sobre los presuntos abusos sexuales, recuerda que ella es perito para detectar esos casos y por eso concluye que los niños fueron mal entrevistados. “Pido que lo vuelvan a hacer como se hace en una entrevista forense”.
La comida vencida corresponde, según ella, a una donación que recibieron un día antes. En los videos se ve, sin embargo, que al menos en el caso de algunos paquetes de granos, el registro de recibido es de mayo pasado, tres meses antes del allanamiento.
Sobre el hombre señalado como maltratador por algunos menores y exempleadas, la directora admitió que está contratado como ayudante, pero no tiene la función de bañar a los niños, pues para eso hay personal especializado. A pesar de que él admitió que castigaba a los pequeños con ejercicios físicos, esa práctica, dice ella, no le consta.
Franceschi inició una cruzada ante Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Policía y Fiscalía para que investiguen lo que, a su juicio, ha sido una serie de procedimientos arbitrarios. “Los papás que nos denuncian son los mismos a los que denunciamos por abusar de sus hijos. Nuestros testigos ahora son 22 madres que han rendido declaraciones extrajuicio, y los niños”.
Ella, segura de sus pruebas, agrega: “También me sentiría muy tranquila si el ICBF investiga porque seguramente no encontrará nada”.