Hoy se cumplió el plazo que tenían los comités promotores de la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa para responder, ante el Tribunal Superior de Bogotá, por una tutela instaurada por el primer mandatario de la ciudad. Dicha acción legal fue ejecutada por el apoderado del alcalde, el abogado Humberto Sierra Porto, solicitándole al Consejo Nacional Electoral (CNE) que haga respetar el derecho fundamental de elegir y ser elegido, para así frenar los procesos que avanzan contra su cliente.
Leonardo Puentes, integrante del comité Revoquemos a Peñalosa, se presentó ante el Tribunal y expuso los motivos por los cuales, según su consideración, los derechos del alcalde bogotano no han sido violentados como lo expone su abogado y, todo lo contrario, los procesos están sujetos a las exigencias de la ley. (Lea aquí: Tribunal admite tutela de Peñalosa contra los procesos de revocatoria en su contra)
“En la documentación que presentamos queda muy claro que la tutela presentada por el alcalde Peñalosa no es viable. Primero que todo, la ley no le exige a la Registraduría que notifique al alcalde de los procesos en su contra sino solo hasta después de verificadas las firmas. El derecho a ser elegido tampoco se está vulnerando porque a él ya lo eligieron, él es el alcalde, la revocatoria es un mecanismo de participación que es otro derecho”, indicó Puentes.
El líder de Revoquemos a Peñalosa, además, indicó que el derecho a la defensa tampoco ha sido violentado y la tutela de Sierra Porto es un ejemplo de que el alcalde sí se está defendiendo.
Así las cosas, el tribunal tendrá que tomar una decisión, teniendo en cuenta también los argumentos presentados por las demás partes convocadas por la autoridad. El Tribunal envió notificación al CNE, la Registraduría Nacional y a los representantes de los comités promotores de la revocatoria.
Demanda ante el CIDH
Además de la tutela en marcha, otra lucha jurídica podría iniciarse en caso de que el CNE decida frenar los procesos de revocatoria de Bogotá. Leonardo Puentes confirmó que desde ya estudian la posibilidad de radicar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Así como el alcalde alega que se están violando sus derechos, nosotros le recordamos que la revocatoria es un mecanismo de participación avalado por la Constitución y, en el caso de mi comité, actuamos conforme a la ley. Si la maquinaria política de este país nos viola este derecho iremos al CIDH”, finalizó Puentes.