Pasajes de Transmilenio generan hueco de $46 mil millones

La reducción de tarifas en Transmilenio aprobada por el alcalde Gustavo Petro sigue siendo cuestionada por la Contraloría de Bogotá. Elespectador.com conoció una auditoría realizada por el organismo de control que advierte un detrimento patrimonial por más de 46 mil millones de pesos.

Clemencia Giraldo Gutiérrez, directora técnica del Sector Movilidad de la Contraloría Distrital, le envió una carta al gerente de Transmilenio, Fernando Sanclemente, en la que le advierte la situación.

Las observaciones de la Contraloría tienen que ver con el Decreto Distrital 356 de 2012, que establece la tarifa de Transmilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Con esta resolución “se redujeron los ingresos en un valor de $46.743.160.150, produciendo de esta forma un detrimento al patrimonio Distrital”, señala el ente de control.

Según la auditoría, los más de 46 mil millones de pesos, que corresponden al monto de la reducción de los ingresos en el SITP y Transmilenio, son del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 28 de abril del presente año.

El estudio contratado por el Distrito señaló: “para la implantación de la modificación tarifaria en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, y con el fin de beneficiar a los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público, se requieren $52.824 millones de pesos adicionales para la vigencia de 2012. Esto tomando como base el estudio de Steer Davies, que supone que la reducción de las tarifas en las horas valle del Sistema Transmilenio genera un incentivo de algunos usuarios de las horas pico del Sistema TansMilenio a trasladarse a las horas valle”.

El informe de la Contraloría, que fue conocido por Elespectador.com, indica que el estudio soporte evidencia los efectos fiscales que se presentan con la reducción de la tarifa.

“Se estimó de conformidad con el modelo propuesto por el señor alcalde un impacto en el sistema para la vigencia 2012 de $52.824 millones, lo que va en contravía con lo previsto en el artículo 10 del Decreto Distrital 831 de 1999, que establece que la tarifa al usuario por el uso del servicio de transporte público masivo de pasajeros, bajo la modalidad terrestre automotor, será integrada, debiendo cumplir con principios de autosostenibilidad y costeabilidad de la tarifa y se instrumenta mediante la determinación de una tarifa técnica equilibrada que incorporará la canasta de costos de la operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros TRANSMILENIO-, y que tendrá en consideración el volumen de usuarios del mismo”, dice la auditoría.

Así mismo, resalta que en las conclusiones del estudio se incluyen unas recomendaciones que deben ser el soporte para la adopción de la tarifa por parte del alcalde Mayor. “No se trata entonces de un simple anexo, se trata de un estudio técnico que debe asegurar el cumplimiento de los principios de autosostenibilidad y costeabilidad del sistema. En el estudio se recomienda para la sostenibilidad del mismo, mantener la tarifa en $1.750 y efectuar incrementos anuales de $100 a partir de enero de 2013, aspectos sobre los cuales no se ha dado aplicabilidad”.

Igualmente, dice el ente de control que lo anteriormente expuesto implica que los recursos públicos asignados por la administración Distrital como Gasto Público Social constituyen un subsidio generalizado a la tarifa, circunstancia que va en contravía de los preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales, los cuales prohíben de manera expresa el otorgamiento de los mismos.

Como lo consagra el artículo 355 Constitucional así: "Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado". Así las cosas, la Contraloría concluye que la Administración Distrital no podía, mediante decreto, establecer subsidios generalizados a los usuarios de Sistema Masivo de Transporte Público de la ciudad.

Al respecto, Transmilenio afirma que la rebaja de la tarifa usuario no obedece al otorgamiento de un subsidio a los usuarios del sistema, si no lo que se ha determinado sobre el particular es establecer esquemas tarifarios por parte de la Administración Central de la ciudad.

“Esta apreciación no desvirtúa los argumentos constitucionales, legales, jurisprudenciales y técnicos soporte del presente hallazgo que mantiene su connotación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal”.