Enrique Peñalosa estuvo recorriendo Transmilenio en su primera semana como alcalde electo. / Prensa Peñalosa
Enrique Peñalosa volverá a la Alcaldía con la ambiciosa visión urbana que lo caracterizó en su primer mandato, hace 17 años. Así lo prometió en campaña y así lo ratificó en su primera semana como alcalde electo, en la que aprovechó para concretar propuestas sobre lo que hará, particularmente, en infraestructura. Sin embargo, y a pesar de su reputación como un administrador que da resultados, hay frentes en los que se le presentarán grandes desafíos.
El Espectador escogió cinco anuncios en los que el alcalde electo ha hecho énfasis en estos siete días, con el fin de tantear el terreno que caminarán él y su gabinete a la hora de emprender su ejecución.
Si en su primer mandato llegó a complementar lo hecho por Antanas Mockus (1995-1998), en esta ocasión se trata de “recuperar Bogotá”, como es su lema, y por lo tanto, de cambiar el modelo de ciudad actual.
Seguramente, por ejemplo, el margen de maniobra del sector privado será mucho mayor, con su idea de emprender numerosos proyectos viales bajo el modelo de Alianzas Público Privadas (APP) o con la posibilidad de sacar al Distrito de la operación del aseo, contrario a lo que hizo Gustavo Petro. En este sentido, hay llamados de atención de expertos que piden ser cautelosos porque “no todas las APP que brillan son oro”, como lo afirma Juan Pablo Bocarejo, de la Universidad de los Andes.
Si quiere que las empresas privadas vuelvan a asumir totalmente la recolección de basuras y sacar del negocio a la empresa pública Aguas de Bogotá, deberá tener en cuenta que la actual administración vinculó a unos tres mil trabajadores con quienes ha adquirido compromisos.
En el caso de la ALO, deberá tener en cuenta normas que restringen las construcciones de tipo urbano a su alrededor en ciertos sectores. En cuanto al metro para la ciudad, Peñalosa insistió en campaña en hacerlo elevado y esta semana dijo en medios como Blu Radio que se haría así en algunos tramos solamente y que de hecho, esta opción la contemplan los estudios recientes que hizo la Financiera Nacional de Desarrollo buscando alternativas para reducir costos de la megaobra. Como no hay nada firmado hasta ahora, el nuevo alcalde puede ajustar el plan.
Vías y más vías por medio de propuestas de APP
El deseo del vicepresidente Germán Vargas Lleras es concretar varios proyectos de vías para Bogotá, que se harían por medio de Asociaciones Público Privadas de iniciativa privada. Por ello, desde el lunes, definió un equipo de trabajo para que junto a la alcaldía de Peñalosa y la Gobernación de Cundinamarca evalúen 14 propuestas.
Estas son: Conexión a La Calera-Calle 153, Conexión a La Calera-Calle 170, Accesos Norte: Carrera 7ª y Autopista Norte Fase; Vía Expresa La Conejera: Calle 170-Cota; Circunvalar de Occidente; Autopista Urbana Calle 80; Avenida Celestino Mutis; Vías Expresas al Occidente; Avenida La Esperanza; Viaducto Soacha; Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Tramo Sur: Canoas-Calle 13; Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Tramo Centro: Calle 13-Calle 80; Circunvalar de Bogotá; Perimetral Sur.
Hasta ahora los gobernantes han asumido una posición bastante optimista sobre el hecho de usar las APP para hacer vías. Uno de los pocos expertos que ha señalado los riesgos de esta figura es Juan Pablo Bocarejo, Ph.D. en transporte e investigador de la Universidad de los Andes. En este diario advirtió que estos proyectos requieren una evaluación rigurosa e imparcial en su viabilidad técnica, impactos urbanísticos y ambientales, así como de su estructuración financiera.
Otra de sus preocupaciones sobre las famosas APP son los impactos sociales, urbanísticos y ambientales de algunos proyectos. Especialmente habló de la propuesta del viaducto elevado por más de 8 km sobre Soacha y Bosa, resaltando que generará impactos devastadores sobre la calidad urbana y la vida de una población de bajos ingresos y que es mucho más deseable evaluar opciones de acceso por otras variantes que no pasen “por la mitad del municipio”.
Y, finalmente, advirtió que si la gestión de los gobiernos nacionales y locales empieza a depender de las APP, “podemos estar ad portas de una explosión demográfica de elefantes blancos”.
Así que aunque la alcaldía de Peñalosa tiene vía libre con las APP y es el proyecto consentido de la Vicepresidencia, un desafío de este camino estará en tener presente esa rigurosa evaluación de la que habla Bocarejo, de tal manera que no se trate solamente de llenar a la capital de obras de infraestructura cuyas consecuencias reciban los ciudadanos a largo plazo.
Cambiar modelo de basuras
El modelo vigente es transitorio, pues sigue pendiente una licitación por medio de la cual les asignen a las empresas del aseo las áreas donde deben operar. Petro mantuvo, mientras se estructuraban las condiciones de la licitación, tres operadores privados y metió uno público, el Acueducto de Bogotá (EAB), que desempeña esa labor la mitad de la ciudad por medio de una empresa suya: Aguas de Bogotá.
Peñalosa no está de acuerdo con que la EAB participe en el negocio del aseo. Él deberá adjudicar la licitación y determinar si se reserva un espacio para que Aguas de Bogotá siga operando o, por el contrario, que los privados retomen la operación en todo el territorio.
Para sacar a Aguas de Bogotá debe pensar qué hacer con sus 3.523 trabajadores, la mayoría sindicalizados, vinculados a término fijo hasta el 15 de diciembre, cuando probablemente les renueven contrato. Son reinsertados, desplazados, afros, LGBTI, habitantes de calle recuperados y madres cabeza de familia cuya inclusión en el mundo laboral es un logro para Petro.
En diciembre de 2013 el Distrito firmó un acuerdo de formalización laboral con el mintrabajo (en ese entonces Rafael Pardo) que puso como condición que la EAB, para prestar el servicio de aseo, garantizara la continuidad de esos trabajadores, independientemente de que la función la preste Aguas de Bogotá u otra empresa.
La construcción de la ALO
Esta es una prioridad del alcalde electo, que según él, descongestionaría el occidente de la ciudad. Peñalosa recuerda que hoy el 70% de los predios están comprados y que una parte de la vía al norte tiene licencia ambiental desde hace 15 años.
Actualmente no hay ninguna norma de planeación que le impida a Peñalosa hacer la obra hasta el extremo norte de la ciudad. El gobierno de Gustavo Petro intentó evitar que el trazado de la vía pasara por esa zona y tuviera impacto en humedales como La Conejera o en la Reserva Forestal Thomas van der Hammen, por medio del Plan de Ordenamiento Territorial que había decretado en 2013. Pero esta norma fue suspendida mientras un juez administrativo define si sigue en pie o es ilegal.
No obstante, en agosto pasado la CAR y el Distrito firmaron una concertación mediante la cual quedó aprobado un instrumento llamado Unidad de Planeamiento Rural (UPR) Zona Norte de Bogotá. Allí incluyen reglas de juego como “restringir y prohibir el desarrollo de usos urbanos” alrededor de la ALO. En caso de que el alcalde electo lleve la construcción hasta el borde norte, no podrían hacerse grandes edificaciones en los costados de la vía, a la luz de esta norma. También deberán llevarse a cabo estudios técnicos para que no afecte ni al humedal ni a la reserva.
Hacer un metro con tramos elevados
Enrique Peñalosa dijo en campaña que quiere hacer el metro elevado, y el lunes pasado explicó que podrían hacerse varios tramos de esta forma. Argumenta que para hacer la obra subterránea (como lo dicen los actuales estudios) “necesitaríamos US$5.400 millones (sin incluir las estaciones), mientras si lo hiciéramos elevado rondaría los US$800 millones”. En términos de dinero, sus razones son convincentes. En cuanto al tiempo, dice que con estudios de tramos elevados, en unos cinco años estaría lista la vía férrea. Como no hay ningún contrato firmado ni pliegos abiertos de licitación, Peñalosa puede cambiar el proyecto e intentar concretar su idea. El Gobierno será el que diga si le da aval o no a esa opción, pues daría el 70% de los recursos. Hasta ahora ninguno de los funcionarios nacionales se ha referido a esa sugerencia. Se necesitaría más plata para evaluar posibles tramos elevados. En los estudios que dejó Petro se invirtieron $70 mil millones, de los cuales el Banco Mundial prestó $30 mil millones.
“No volverán los toros a la Santamaría”
Peñalosa cree que aunque la Corte Constitucional definió que no se pueden prohibir los toros, “el Distrito sí puede decidir cómo utiliza la plaza”, porque es un inmueble público. Pero no es tan sencillo. Su argumento es el mismo que esgrimió Petro cuando le revocó el contrato de arrendamiento de la plaza a la Corporación Taurina. La Corte tuteló “la libre expresión artística” de los taurinos y en 2013 le ordenó al Distrito restituir el escenario “como plaza de toros permanente”. La sentencia sigue vigente.
La Alcaldía desarrolla un reforzamiento estructural en la Santamaría que debe quedar listo en diciembre de 2017, por lo que podría celebrarse la temporada de 2018. Además, el Consejo de Estado ratificó que no procede una consulta popular sobre este asunto, como quiso hacerlo Petro por iniciativa de los animalistas y también lo ha considerado Peñalosa. Los magistrados recordaron que, como a las corridas las ampara la ley, sólo el Congreso está facultado para decidir en ese sentido.
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