Cuando faltan pocas horas para que se inicie en la plenaria del Concejo de Bogotá la esperada votación del Plan de Desarrollo del alcalde Gustavo Petro, una tormenta política se cierne sobre la corporación y sobre el Palacio de Liévano. Todo por cuenta de la investigación publicada hoy por este diario, según la cual el secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, al tiempo en que funge como funcionario es, ante el Consejo de Estado, apoderado en una demanda contra el Distrito.
Las reacciones no se han hecho esperar en una corporación de mayorías anti-petristas, que resultó bien difícil de convencer para aprobar el Plan en primer debate. La opinión general es que los organismos de control deberían iniciar inmediatamente una indagación preliminar al secretario.
Asprilla, quien ha sido el hombre clave de Petro para tratar de desempantanar las relaciones agrias con el Concejo, estaría incurriendo en algunas incompatibilidades al ser abogado litigante y, a la vez, haber ocupado una curul en el Concejo y posteriormente haber sido director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y secretario de Gobierno.
Así lo dice la Ley y lo reafirman concejales como el liberal Horacio José Serpa, quien le dijo a El Espectador: “Todo servidor público antes de posesionarse en cualquier cargo debe renunciar a sus poderes o procesos. Si el doctor Asprilla no lo hizo, debe apartarse del cargo”. En sentido más o menos parecido, la también liberal María Victoria Vargas dijo que el caso de Asprilla le parece “sumamente delicado” y que podría estarle generando una presunta incompatibilidad.
Por su parte, la concejal de La U, y abierta opositora al Gobierno, Clara Lucía Sandoval, advirtió que, desde que aceptó ser concejal de la ciudad (el año pasado, ante la renuncia de Roberto Sáenz), Guillermo Asprilla “violó el régimen de incompatibilidades consagrado en el artículo 29 del 1421, pues no podía ser apoderado en los procesos en los que el Distrito es parte… Por tal razón, está incurso en una causal de mala conducta que debe ser investigada por la Procuraduría”.
“El secretario no puede ser parte y contraparte dentro de un proceso, se podría constituir hasta en fraude procesal”, remató la concejal. Un poco más suave en sus argumentos, la concejal verde María Clara Name cree que frente a la doble posición de Asprilla habría que tener en cuenta que no basta simplemente con transgredir la norma, sino que es necesario que efectivamente se produzca un daño por el cual deba responder el disciplinado y que esto es lo que deben determinar los organismos de control.
Por cierto, este diario puedo establecer que tanto la Personería como la Contraloría Distrital ya están revisando el tema. El secretario Asprilla tendrá que enfrentar hoy su mayor prueba de fuego en la votación del Plan de Desarrollo y explicar por qué se le olvidó presentar ante el Consejo de Estado su revocatoria de poder.