Por temas de contratación, formulan cargos contra exgerente del Fondo de Vigilancia

Mauricio Solano es investigado por presuntas irregularidades en la compra de 50 ‘scooters’ para la Policía Metropolitana en 2011. Habría celebrado contratos sin cumplimiento de requisitos legales e incurrido en peculado por apropiación.

-Redacción Bogotá - bogota@elespectador.com
25 de julio de 2018 - 01:27 a. m.
Mauricio Fernando Solano Sánchez. / Archivo.
Mauricio Fernando Solano Sánchez. / Archivo.

La Fiscalía formuló cargos en contra de Mauricio Fernando Solano Sánchez, exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) de Bogotá, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

La imputación al exfuncionario tiene que ver con el contrato 742 de 2011, que fue el resultado de una licitación abierta por el Fondo para la compra de 50 vehículos autobalanceados (también conocidos como scooters) para la Policía Metropolitana. Las supuestas irregularidades del contrato identificadas en 2013 por la Contraloría y por la administración por sobrecostos y errores en la estructuración de la licitación.

Los aparatos que al final fueron adquiridos fueron facturados individualmente por cerca de $24 millones, mientras que su valor real no superaba los $6 millones. 

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“La investigación se deriva de lo ocurrido el 14 de diciembre de 2011, cuando Solano Sánchez ostentaba el cargo en el Fondo y suscribió un contrato con la representante legal de Auto Express Morato S.A., cuyo objeto era la adquisición por compraventa de vehículos transportadores autobalanceados con accesorios, incluido mantenimiento preventivo por un año, para colocarlos al servicio de la Policía Metropolitana de Bogotá. El valor del contrato fue de $1.272 millones “, indicó la Fiscalía en un comunicado.

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Además, el ente señaló que hay irregularidades en la adjudicación del contrato, entre ellas que al parecer dicha empresa no estaba registrada y sin embargo, fue elegida; se habrían modificado los requisitos, pues se solicitaba inicialmente autobalanceados Segway y luego se cambió solo por autobalanceados. Además, estos implementos requerían una batería anual que costaba más de $5 millones cada una por lo que, dabido a su alto costo de mantenimiento, nunca fueron recibidas por la Policía Nacional.

Al término de la audiencia ante el Juzgado 74 Penal Municipal con función de control de garantías, el exgerente no aceptó los cargos.

 

 

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