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Sendas sesiones hemos venido presenciando en estas dos últimas semanas en las que el caso que denunciamos, el pasado 10 de noviembre, viene siendo discutido tanto por la Procuraduría como la Fiscalía para determinar la responsabilidad y las circunstancias que rodearon el escalofriante hecho de que 11 personas privadas de la libertad y bajo la custodia del Estado, en cabeza de la policía, se quemaron vivas en una celda de menos de cinco metros cuadrados al sur de la capital de país y ante la total impotencia de sus madres y familiares.
La imagen es escalofriante: ¡Quémense! mientras les mostraban las llaves que hacían la diferencia entre la vida y la muerte. ¡Increíble! Vi a la fiscal que lleva el caso, tomar aire mientras pasada el nudo que se le hizo en la garganta tras exponer que quienes tenían la responsabilidad de salvaguardar las vidas de estas personas en total situación de indefensión no lo hicieron.
“Estaban encerrados en una celda de 2X2,5 metros con dos candados que nadie abrió a tiempo. No garantizaron la vida y honra de esas personas que estaban bajo su responsabilidad. Pudieron evitar el resultado y no lo hicieron. Podían poner a once personas a salvo y no lo hicieron”, insistió el ente acusador por varias horas.
Las imágenes de ese día son dantescas, cuerpos quemados, con la ropa humeante son obligados a extenderse en el piso bajo gritos y palabras soeces. Gritos desgarradores de las madres que esperaban que fuera un día de visita, de ver a sus seres queridos, de llevarles ropa limpia y algo de comer.
Los vídeos conocidos con posterioridad corroboran lo que inicialmente denunciamos tras escuchar a las madres de los muchachos: “Ojalá se quemen esas gonorreas”, “Dejen que se quemen esas ratas hijueputas”, fue lo que ellas escucharon ese día en medio del caos que se armó.
Son imágenes que dan cuenta real de los problemas estructurales de una sociedad marginada que encierra sus problemas en una celda de 2X2 donde conviven 11 personas que tenían distintas deudas con la justicia, algunos con graves enfermedades psiquiátricas, jóvenes bachilleres que no encontraron oportunidades distintas al delito. ¿Quién tiene la culpa? Todos como sociedad. El Estado indolente, inoperante, excluyente. La Policía como institución en conjunto.
Lo cierto es que Jesús Alirio Abril Cruz, Bernardo Pineda Gaviria, Anderson Estiven Méndez, Jeison Andrés Conde Ramírez, Nelson Gómez Tovar, Carlos Duvan García Valbuena, Michael German Galindo Velásquez, Carlos Alberto Rosales Landazuri, Juan David Rojas Ordoñez, Oscar Alejandro Infante Galindo y Cristian Gilberto Rincón Caicedo; en su condición de detenidos, se encontraban bajo la responsabilidad y protección del Estado, en este caso de la Policía y eran ellos quienes tenían la obligación de salvaguardar su vida e integridad. Eso no pasó. Los once muchachos se quemaron en una hoguera humana, ocho murieron y tres se encuentran con graves secuelas. Alguien tiene que responder.
PD: Tres miembros de la policía fueron vinculados esta semana por la Fiscalía a proceso penal y el juzgado les impuso detención preventiva domiciliaria.