La reducción de la Reserva de la Cuenca Alta del Río Bogotá

Estuvo durante 36 años en el papel y cuando éste se desempolvó entre los documentos del Ministerio de Ambiente, 43 municipios de Cundinamarca quedaron en una incertidumbre al no saber qué pasaría con el futuro sus terrenos ubicados en la recién redescubierta Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá. Pero ahora, el Ministerio de Ambiente acaba de poner fin a las dudas de estas zonas con la más reciente resolución donde redefinió el trazado del área protegida y ordenó que no habrá minería en el terreno ni nuevas licencias de construcción. Éstas últimas se elaborarán luego de un estudio que realizará la CAR.

Con la más reciente resolución del Ministerio de Ambiente, conocida por El Espectador, la entidad le quitó 110.190 hectáreas a la zona de reserva que había sido declarada por el Inderena en 1976 y la redujo de 245.147 a 94.161 hectáreas.

También se extrajeron del área otras 40.868 hectáreas que ya están protegidas por otras categorías. Esta decisión es producto de la propuesta de redelimitación que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca había entregado al Ministerio en diciembre de 2013, como lo contó El Espectador en su edición del 20 de enero.

Pese a que 94.161 hectáreas quedaron protegidas como reserva forestal, el Ministerio decidió que se permitirán actividades agrícolas, de infraestructura y forestales en la resolución firmada el 31 de enero por la ministra Luz Helena Sarmiento. De acuerdo a fuentes del Ministerio, esta decisión se tomó porque no se quería desplazar a ninguno de los pobladores. Según el alcalde de Subachoque, Omar Salamanca, quien fue uno de los más mandatarios municipales más insistentes en el proceso de realinderación, dejar la reserva con el tamaño original hubiera sido como “sacar del mapa socioeconómico de Colombia a Subachoque”.

El documento tampoco contempla la salida de los habitantes de la zona de reserva. Por el contrario señala que “las edificaciones existentes al interior de la reserva forestal (…) que estén amparadas en las normas urbanísticas podrán solicitar únicamente las licencias de adecuación, modificación, restauración, reforzamiento estructural y demolición”.

Además, indica que los titulares de licencias de ocupación que estén vigentes y hayan sido otorgadas antes de junio de 2012, podrán solicitar la expedición de su licencia de construcción.

Sin embargo, la resolución ordena que desde el 31 de enero no se pueden otorgar nuevas licencias, mientras que la CAR, Corpoguavio y el Ministerio definen el Plan de Manejo Ambiental de la reserva que definirá los criterios máximos de construcción en la zona rural, de manera que no afecten la reserva. El plan deberá estar listo en dos años y se basará en un estudio técnico que las entidades deben tener en un año.

El Ministerio enfatizó que no se permitirá “el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera al interior de la reserva”. Para aquellas actividades mineras que aún están en la zona, se impondrán Planes de Manejo de Recuperación o Restauración Ambiental, para restaurar las áreas afectadas pero que tiendan “a su cierre o abandono”.

También habrá pago a las comunidades por su trabajo para proteger la reserva. El dinero saldrá del 1% que recaudan las empresas de acueducto de la zona por el uso del recurso hídrico y que es administrado por la CAR.

Las dudas que quedan

Cuando conoció la propuesta que sería aprobada, el experto ambiental Julio Carrizosa dijo que, a primera vista, no se entiende por qué plantean “extraer 110.000 hectáreas de la reserva. Si el objetivo es urbanizar sería una locura. Sería como construir tres veces a Bogotá. Tampoco es claro por qué en la zona que seguirá siendo protegida se permiten actividades agrícolas y de infraestructura”.

Uno de los principales atributos de la Cuenca Alta es que su objetivo es mantener la mayor cantidad de agua disponible para los más de 9 millones de habitantes de Cundinamarca. “A pesar del fuerte proceso de Bogotá, del impacto de la ganadería y la agricultura, y del olvido de las autoridades en estos 36 años, aún la oferta ambiental de la reserva es muy alta. Es importantísima para el sostenimiento de la sabana, y es vital mantenerla hasta donde sea posible”, señala el abogado experto en derecho ambiental Rodrigo Negrete.

Algunas de las preguntas que quedan al respecto son: ¿Por qué la propuesta recomienda excluir 110.000 hectáreas si igualmente en la zona de reserva se contemplan las actividades agrícolas y de infraestructura? ¿Se va a aumentar la presencia de la minería o la urbanización?

Negrete aseguró, en enero a este diario, que no es necesario quitarle espacio a la reserva porque hay categorías de protección como los Distritos de Manejo Integrado, que permiten tener agricultura, ganadería y actividades con manejos estrictos de sostenibilidad. “Además, el artículo 61 de la Ley 99 señala que la sabana tiene vocación agropecuaria y forestal, y de los 44 municipios que incluye la reserva, 30 están en este espacio”.