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Un informe de la Secretaría de Integración Social de Bogotá revela que el 62 % de los jardines privados que funcionan en la capital no promueve ni implementa medidas para prevenir el maltrato infantil, así como la detección de casos de violencia sexual.
El estudio –que se conoce en medio de una difícil coyuntura para la niñez, a raíz del caso de la menor de tres años que habría sido torturada y abusada– advierte que la mayoría de establecimientos privados no adelanta acciones con padres de familia y con los niños para prevenir e identificar hechos que pongan en riesgo a los menores.
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La Secretaría determinó también que el 58 % de los jardines no cuenta con un documento ajustado a las orientaciones técnicas en caso de sospecha o presunto maltrato infantil en las diferentes tipologías.
El documento hace parte de las acciones de control y vigilancia a estos establecimientos, buscando garantizar que se brinden servicios de calidad para la niñez. Entre otras, el informe indica que, de 1.000 jardines privados inscritos, el 64 % adelanta un plan de mejoramiento por fallas en estándares de calidad como nutrición y salubridad, ambientes seguros, procesos pedagógicos y talento humano.
El año pasado, según la Secretaría de Integración, se recibieron 425 quejas por fallas en el funcionamiento de estos lugares. De los requerimientos, 40 correspondieron a casas de cuidado, sin ningún requisito legal cumplido. “Esta información se remitió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad competente para el restablecimiento de derechos de niños”.
Otro de los hallazgos fue que en el 66 % de los jardines no se realizan acciones para promover el crecimiento y desarrollo saludable de los niños, mientras que el 59 % no implementa prácticas adecuadas de limpieza y desinfección, ni control integral de plagas en los posibles sitios de entrada de insectos y roedores. Adicionalmente, se determinó que el 57 % no cuenta con un proyecto pedagógico avalado y el 69 % no realiza acompañamiento y asesoría permanente a las familias, padres, madres, cuidadoras, cuidadores y comunidad.
“Las instituciones que no cumplen con los requisitos legales deben adelantar un plan de mejoramiento, basado en los hallazgos establecidos e incluso se asigna asesoría técnica por parte de la Secretaría Social, para que realicen las mejoras, en los tiempos establecidos”, explicó la entidad.
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