Vecinos del metro exigen respuestas

La veeduría ciudadana Vecinos y Vecinas del Metro convocará a una marcha con la consigna “Metro ya”. / Cristian Garavito

Los Vecinos y Vecinas del Metro están enojados. Los líderes de esta veeduría ciudadana piden que se haga el sistema subterráneo y no se gasten más tiempo y dinero en estudios. Por eso exigen, mediante una acción popular, que la alcaldía de Enrique Peñalosa le dé vía libre a la obra como está planteada.

Todo empezó en agosto de 2013, cuando el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) convocó a los habitantes de la zona de influencia del metro subterráneo para darles a conocer el proyecto. Entre los convocados estaban Eduardo Romero, que vive en Kennedy y sería vecino de la estación Primero de Mayo; don Fabio Prieto, que vive y tiene una floristería a unas cuadras de la Clínica Marly, y el arquitecto Benjamín Gaitán, que se beneficiaría con la estación Usaquén. Unos 8.000 ciudadanos que viven a lo largo de los 27 kilómetros de la primera línea participaron en 15 talleres e incluso ayudaron a escoger los nombres de las estaciones.

“Empezamos a soñar cómo queríamos el metro”, recuerda don Fabio. Decidieron que eran necesarios ascensores y señalización para discapacitados, baños en cada estación y diseños apropiados para que el sistema fuera un sitio de encuentro, no sólo de paso. “Queríamos que tuviera zonas comerciales y cafés. Que fuera una miniciudad debajo de la ciudad”. Consideran que les dieron tanta voz que prácticamente les permitieron “codiseñar” la obra, afirma el arquitecto Benjamín Gaitán, quien participó en las reuniones con su hijo, que también estudia arquitectura.

Después de que el IDU recopiló la información resultante de los encuentros, algunos participantes se preguntaron cuál sería el siguiente paso. Fue entonces cuando, en septiembre de 2014, crearon la veeduría ciudadana Vecinos y Vecinas del Metro. Don Fabio explica que la idea es vigilar que se haga lo que propusieron. “Somos el germen de lo que debe llegar a ser el nuevo poder ciudadano, algo que no existe en Bogotá”, afirma orgulloso Benjamín.

La emoción subió el 25 de mayo de 2015, cuando el presidente Santos le entregó a Gustavo Petro el cheque simbólico por $9,5 billones como aporte para construir la obra. Pasaron los meses, sin embargo, y la Nación no cumplía con la expedición del documento Conpes para asegurar la plata. “Le escribimos a la Financiera de Desarrollo Nacional, al Ministerio de Hacienda, a Planeación Nacional (DNP) y todas las entidades involucradas con el proyecto para saber cuál era la demora”, recuerda don Fabio.

Les dieron vueltas entre una y otra oficina. El dueño de la floristería leía con desespero las respuestas evasivas. “Muchas veces ni las entendíamos. No sabíamos nada de leyes y mucho menos de ingeniería, así que nos reuníamos a leer las cartas para tratar de entenderlas. Si nos decían que en cierto inciso de cierta ley decía tal cosa, corríamos a buscar la ley para comprobar que fuera cierto. Cuando nos informamos mejor, les empezamos a contestar con la misma lógica de ellos”.

Radicaron cartas, cada vez con más frecuencia. La primera llevaba 1.500 firmas; la más reciente, 18.000. Lograron que les asignaran un funcionario del DNP para que respondiera sus inquietudes.

Tras la posesión de Peñalosa, el 1º de enero, quedaron insatisfechos con los argumentos que presentó el nuevo alcalde para cambiar los diseños y hacer el metro elevado. De acuerdo con Benjamín, “el argumento en que más hace énfasis es que saldrá más barato, pero no lo ha demostrado con cifras precisas y espera que cambiemos los estudios basándonos solamente en su palabra”.

Los inquieta, por ejemplo, saber qué pasará con los pasajeros de Transmilenio que transiten por la Caracas (40.000 hora/sentido en hora pico) cuando allí se esté construyendo el metro elevado que propone el mandatario, que no quiere que el sistema vaya por las carreras 11 y 13, como está en los diseños. A Eduardo Romero, vicepresidente de la Red de Alianza por el Progreso de Kennedy, también le preocupa que las casas pierdan valor con el metro elevado, debido a la contaminación auditiva y visual. “Además creemos que habrá inseguridad, como la que ya vivimos bajo los puentes vehiculares”, agrega.

Esa amalgama de razones y dudas los llevó a interponer una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para exigirle a Peñalosa que respete el proceso que se había adelantado por dos años. El alcalde, sin embargo, está empeñado en ponerle su impronta al proyecto. Seguramente se la jugará por el metro elevado y ya anunció que, a más tardar, en diciembre piensa abrir la licitación de una primera fase con esas características. A esto se suma la confirmación de que hará gestiones para extender el sistema hacia el municipio vecino de Mosquera o, en su defecto, hasta Soacha, como lo dijo el domingo en entrevista con El Espectador. Don Fabio está de acuerdo con que Bogotá se integre con la región, pero pregunta por los estudios que le permitieron al alcalde determinar que un metro elevado es la mejor opción para unir Bogotá con Mosquera.

El veedor agrega: “La Constitución establece como un derecho participar, decidir e incidir en las decisiones estatales. Hemos hecho nuestra tarea como ciudadanos, ejercimos nuestro deber de participar yendo a las reuniones, estudiando, escribiendo cartas, recogiendo firmas. ¿Por qué no nos reconocen nuestro derecho a ser escuchados?”. Eduardo Romero, en nombre de los Vecinos y Vecinas del Metro, considera que lo más prudente es que Peñalosa se siente a dialogar con ellos: “Lo invitamos a que nos cuente cuáles son sus intereses y nosotros le explicamos los nuestros”.