En octubre de 2015, después de meses de debates y controversias, y luego de que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasificara al glifosato como un agente “probablemente cancerígeno”, el país decidió suspender las aspersiones con el herbicida. Desde entonces, la discusión en torno a qué tan perjudicial y útil había sido se detuvo y el tema pareció quedar en el olvido.
Pero justamente eso quiere evitar Daniel Rico. Economista, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y candidato a doctor en criminología y políticas públicas en la Universidad de Maryland, Rico cree que en esa discusión hace falta analizar muchas aristas. Una de las principales, dice, es la evidencia científica y la necesidad de darles una guía a los jueces que asuman las demandas que reciba el Estado por afectaciones con glifosato.
A sus ojos, la discusión estuvo enfrascada en unos argumentos no muy claros que deben ser mirados en detalle. Por eso, para aclararlos, mañana discutirá, en compañía de los ministros de Salud y de Justicia, los puntos que quedaron en el tintero. La cita es a las 8 a.m. en la Universidad del Rosario, en el foro “Las verdades científicas sobre el impacto de la aspersión aérea en la salud”, organizado por El Espectador, esta universidad y la FIP.
¿Qué ha cambiado desde que se suspendieron las aspersiones?
En el contexto de la evidencia científica no ha cambiado mucho. La decisión del Gobierno fue frente a la incertidumbre, frente a una evidencia científica que no es concluyente. Pero hoy es más interesantes mirar esa evidencia en el contexto de otras preguntas relacionadas con el glifosato. Es decir, esa misma evidencia nos debe servir para tomar decisiones en temas que quedaron pendientes.
¿Como cuáles?
Como la decisión sobre si incluir la aspersión con aspersores de espalda. Otro, es la sustitución de la molécula, de lo cual se sabe muy poco. Valdría la pena tener una contribución desde la academia. También es muy importante una discusión sobre el uso de glifosato para cultivos lícitos, pues el 91% del herbicida se utiliza en cultivos legales. La ciencia debería establecer cuáles son los mecanismos para proteger a la población frente a estos riesgos. Y otro tema clave: el de las demandas.
Se había previsto: el Estado iba a recibir varias demandas por afectaciones con glifosato...
Las demandas surgen mucho antes de la decisión de suspender la aspersión aérea. Hay demandas de varios tipos: por afectación al medioambiente, a cultivos ilícitos y a la salud. Actualmente, el Estado acumula $1,5 billones en reclamaciones por daños de la aspersión aérea. Donde más se concentran es en Nariño, Cauca, Antioquia y Putumayo. Y serán los jueces municipales los que tendrán que interpretar la evidencia. Pero como no toda la evidencia apunta en la misma dirección, van a tener que hacer un proceso de interpretación científica, que no es nada fácil. Por eso, hay que brindarles a los operadores de justicia, herramientas o criterios de referencia para que entiendan las diferencias en la evidencia y la puedan interpretar de manera correcta.
¿Quiere decir que no había suficiente evidencia científica para suspender la fumigación?
Precisamente porque no había suficiente evidencia científica se tomó la decisión de suspender las aspersiones. Hay estudios que muestran un bajo nivel de toxicidad y hay otros que muestran un nivel de riesgo alto. Entonces, ante esa duda, lo que se hace es tomar una medida de precaución, que tenemos que entender como temporal. Cuando se publique el estudio completo de la IARC se tendrá que retomar el tema.
Pero Daniel Mejía, de la U. de los Andes, decía que desde 2006 había suficiente soporte para evaluar las políticas de fumigación...
Los estudios se hicieron desde mucho antes, desde 2003 o 2004. Daniel Mejía y Adriana Camacho prepararon un estudio económico, pero ellos no son expertos en salud pública. Es un estudio que tiene muchas debilidades y que es muy importante, porque la Corte lo cita como evidencia. Y eso es problemático porque es un estudio que no ha sido publicado ni ha pasado por un proceso de validación de expertos en salud pública. Se difundía en los medios de comunicación, pero no se difundía en los canales científicos.
Quiero aclarar que nadie pone en duda la toxicidad del glifosato. Eso no está en discusión. El mecanismo de implementación de glifosato es lo que se cuestiona. Pero es muy difícil evaluarlo porque donde hay glifosato existen otras sustancias tóxicas. Donde hay coca hay permanganato de potasio, ácido sulfúrico y minería ilegal, lo que significa que también hay mercurio. Entonces aislar esos factores tóxicos y saber qué es lo que causa el glifosato no es nada fácil. Son estudios muy difíciles. Y los métodos econométricos de Daniel Mejía no son métodos que utilicen investigación de campo, no hacen pruebas de laboratorio, no estudian la tierra o hacen pruebas de sangre, como sí lo han hecho otros estudios. Establece una causalidad, ni siquiera una asociación. En parte por eso, ese estudio nunca ha sido publicado en un informe de salud pública. Y se difundió muchísimo en los medios de comunicación. Se volvió una verdad pública que el glifosato genera abortos, pero la verdad científica es que eso no existe. No es demostrable.
¿Qué es lo que le incomoda de ese estudio?
Mejía y Camacho se excedieron en la interpretación de sus resultados. Fue un estudio que distrajo la atención y que ha sido citado sin contexto por operadores de la justicia. Que la aspersión genera abortos es una aseveración temeraria. Esto se aceptó como una verdad mediática. Hay muchas entrevistas y ni una sola publicación de salud pública de rigor en la que los citen a ellos. Pudo ser un punto de partida para investigar más, pero fue presentado como un punto final. Ninguno de los casos de aborto que presentan es demostrable.
Pero el debate se retomó a raíz del anuncio de la IARC...
Sí, y es muy importante por varias razones: por la capacidad y la estructura de poder hacer un metaanálisis que es recoger muchos estudios, y porque a partir de ellos se desprende el cambio en la categorización del glifosato. El mensaje más importante es que la IARC nos muestra una incertidumbre y lo que debemos hacer es generar respuestas basados en la ciencia. Pero nos quedamos sólo en preguntas. En los últimos cuatro años no se han hecho en Colombia estudios de rigor.Pero ¿el programa de aspersiones funcionó?
Eso nos saca del tema de salud pública y nos pone en el tema de la eficiencia. No es útil preguntarse si sirvió o no sirvió. El programa funcionó en unos sitios y en otros no sirvió para nada. La pregunta correcta es por qué en unos sí sirvió y en otros no.
¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta?
El acompañamiento. Uno puede encontrar muchos casos sólidos importantes donde el programa de aspersión tuvo aspectos positivos: cuando esa política estaba acompañada de un proceso integral, como en el área de consolidación de La Macarena. Pero también puede encontrar casos donde sólo se hizo aspersión aérea y no se logró generar ningún impacto importante en términos de reducción.
Otros de los reclamos apuntaban a daños colaterales a los cultivos legales y la vulneración de derechos…
El programa de aspersión tuvo aciertos y desaciertos. Y el tema de las reclamaciones estuvo del lado de los desaciertos, que no tuvieron la atención, el seguimiento ni la rigurosidad necesaria. Se hicieron cosas que van en contra del objetivo del mismo Estado con las comunidades, como ponerlas a probar que se hizo un daño y que los campesinos tuvieran que hacer las marcaciones con GPS y un proceso de reclamación bastante complejo con una tasa de abandono muy alta. Si se hubieran tenido mejores sistemas de respuesta a los daños colaterales, seguramente se hubiera podido tomar las correcciones a tiempo. Entonces, una de las lecciones es que al programa de aspersión aérea le faltó mayor institucionalidad, mayor visibilidad y mayor transparencia en el manejo de sus datos. Este programa se manejó de manera opaca, descoordinada con el Estado, y eso terminó siendo perjudicial hasta para el mismo programa. Debería ser auditable, abierto. Debería estar disponible a la evaluación, a las críticas, al análisis.
Entonces, ¿qué herramientas tiene un juez municipal para tomar una decisión sobre este tema?
Si entran a Google van a encontrar cientos de artículos. Pero las herramientas para analizar y organizar esa información no existen. Lo que pueden hacer las cortes es establecer unos criterios mínimos de incorporación de la evidencia. Yo diría que estudios científicos que no estén publicados en un journal especializado no vale la pena considerarlos, como tampoco estudios que no hayan pasado por un proceso de revisión de pares académicos o que no hagan trabajo de campo y estén construidos con base en la evidencia real. Estas investigaciones debemos ampliarlas y crear un sistema de seguimiento.
Un argumento era que cuando se suspendió el glifosato no aumentó el número de cultivos ilícitos.
Es un argumento falaz. Los cultivos ilícitos dependen de muchas cosas. La aspersión es una, la erradicación es otra. Pero también dependen del ciclo económico, de la demanda mundial de cocaína. Y dependen sobre todo de un factor que es el más importante: el clima. Si hay condiciones climáticas adversas, el cultivo se ve afectado. Se le ha dado un peso muy importante al impacto que tiene la aspersión sin considerar los otros factores. El fenómeno de El Niño va a jugar un papel muy importante. Por una razón, además: los cultivadores de coca son los campesinos más pobres y no tienen mecanismos de protección frente a las sequías como otros.