Aumenta control a sistemas de fotomultas

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Foto: hallojulie

El próximo 20 de agosto deberá quedar en firme la nueva resolución que reglamente los criterios técnicos para la instalación y operación de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito (SAST). Para cumplir con el plazo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se encuentra ajustando la normativa que ya completó la fase de socialización.

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El pasado 15 de julio se venció el plazo para que la ciudadanía diera sus sugerencias (como indica el procedimiento) a la propuesta que busca organizar de una manera diferente la aprobación de los puntos de fotodetección en el país. Solo a la ANSV llegaron 320 comentarios del borrador de la resolución, los cuales están siendo revisados e incluidos, los que serán contestados en las próximas dos semanas.

El primer cambio, y la razón por la cual fue necesario publicar una resolución, tiene que ver con el traspaso de la autoridad en lo relacionado con los sistemas de detección de infracciones por parte del Ministerio de Transporte a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entidad creada para planificar la política nacional del sector, que ya venía participando en el proceso, pero no tenía el liderazgo.

“Hoy una entidad territorial que quiera tener una cámara de fotodetección le escribe al Ministerio de Transporte, y la ANSV revisa si cumple con algunos de los criterios técnicos que justifican tener una cámara (histórico de siniestralidad, prevención de accidentes viales o comportamiento de infracciones) para que el Ministerio dé su autorización basado en nuestro concepto. Estábamos teniendo un paso adicional. La nueva resolución nos permite reducir los tiempos, actuar de manera más efectiva y quitarle carga administrativa al Ministerio”, dijo el director de la ANSV, Luis Felipe Lota.

El Gobierno aprovechará además la norma que deroga la resolución vigente (718 de 2018) para ser más exigente en la autorización de instalación de estos dispositivos sin exceder el plazo de 45 días hábiles para obtener el aval. Según la propuesta, las autoridades municipales de tránsito deben presentar soportes que evidencien los beneficios esperados con estos equipos, en materia de disminución del riesgo de siniestros viales.

“Vamos a poner unas tareas a los alcaldes y gobernadores, y a ser más estrictos en las condiciones para acceder a una cámara, antes se tenían unos criterios amplios, ahora estarán más asociados con movilidad y seguridad vial (velocidad o alta siniestralidad) porque el objetivo es cambiar el comportamiento de la gente, hacerlos conscientes del peligro para que tomen la decisión de bajarle a la velocidad, no generar cobros”, explicó Lota.

Según estadísticas estimadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, si se compara los años 2018 y 2019, en los lugares del país donde están operando equipos de fotodetección se lograron salvar 33 vidas al cierre del año pasado. Además, algunos municipios como Montería, La Dorada (Caldas) y Palmar de Varela (Atlántico) lograron reducir las fatalidades en 100 % tras su instalación.

Cabe destacar que entre el 10 de diciembre de 2018 y el 3 de julio de 2020, el Ministerio de Transporte ha autorizado 512 puntos de instalación de sistemas de fotodetección. En total, se han radicado ante la entidad solicitudes para la aprobación de 878 cámaras o similares, de las cuales 512 (58 %) han sido aprobadas, 340 (39 %) se han rechazado y 26 (3 %) continúan en análisis.

La resolución también contiene todo lo referente a la decisión de establecer una vigencia de la autorización para la instalación de los sistemas de fotodetección de cinco años a partir de su otorgamiento, un plazo antes inexistente. “No es una cámara que se da para toda la vida, habrá que hacerle las revisiones a las que haya lugar para determinar si continúa siendo un punto crítico y si hay que mantenerla ahí o no”, señaló Lota.

Dado que la publicación del proyecto de resolución obedece al cumplimiento del Decreto-ley 2106 de 2019 (artículo 109), sobre la adopción de la reglamentación para la instalación de ayudas tecnológicas para la detección de presuntas infracciones de tránsito, no trasciende hacia otros vacíos que se han identificado en la vigencia de la norma actual.

Por mencionar uno, a principios de este mes la Corte Constitucional hizo público un fallo (C-038), en el que tumbó el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, que hace referencia a la obligación del propietario del vehículo de responder por las infracciones, así las haya cometido otro conductor, esto después de que la norma fuera demandada alegando inconstitucionalidad. Esta declaración de inexequibilidad obliga además al Congreso de la República a legislar sobre el asunto y encontrar la manera de que la imputación de las infracciones se pueda hacer de forma personal a su responsable.

El director de la ANSV insistió en este último punto: “Este proyecto de resolución no puede y no debe resolver los problemas que planteó la Corte Constitucional. Estamos ajustando técnicamente algunos temas, pero la discusión de fondo y los pasos a seguir se deben dar en el Congreso de la República. Es una tarea que ya hemos venido haciendo, vamos a estar muy pendientes para articular el trabajo”. Además, le dijo a El Espectador que vienen adelantando reuniones con legisladores para sacar adelante una nueva ley.

La revisión de la Corte Constitucional demostró que, por lo menos en este aspecto, la ley vigente (1843 de 2017) tiene “ambigüedades en su redacción y, por consiguiente, genera incertidumbre”. Pero no son las únicas críticas que se han hecho a la norma, para comprobarlo solo basta revisar las decenas de quejas que llegan a la Superintendencia de Transporte cada mes por violaciones al debido proceso. Para resolver la mayoría de estos trámites, la propuesta de resolución insiste en la instalación de señales más visibles que adviertan a los ciudadanos sobre la presencia de cámaras y otros sistemas metros antes de su ubicación, contó Lota.

Esto llevó a que en 2019 el representante a la Cámara por Bogotá David Racero presentara un proyecto de ley en el que proponía una segunda instancia para apelación, una actualización del registro semestral y mecanismos electrónicos para que los infractores hagan los trámites a distancia, entre otros. La propuesta finalmente no recibió el apoyo parlamentario y se hundió en la pasada legislatura.

El director de la ANSV destacó que su mayor preocupación es que se dé tranquilidad a los usuarios frente al uso de estos dispositivos y se logre trazabilidad en el proceso. Para lograrlo vienen trabajando con la Superintendencia de Transporte en todo el régimen sancionatorio, especialmente para que se den más dientes a la entidad. “No se puede mezclar toda esa tarea en esta resolución, pero somos conscientes de que se requiere más y ya se está haciendo, es un trabajo complementario”.