¿Es usted padre? ¿Tiene sobrinos? ¿Lo han invitado a un baby shower? ¿Ha regalado un kit de limpieza para un bebé en una casa de ayuda para infantes? Si es así, posiblemente usted es uno de esos compradores de pañales a los que les cobraron más de lo que valía el producto, el mismo que usan los más de 2 millones de niños que hay en el país, en un mercado que mueve más de medio billón de pesos y que representa, haciendo cuentas básicas, simples, unos mil millones de pañales.
Entonces, si usted es uno de ellos, durante algo más de diez años, realmente trece, fue uno de los afectados, sufrió de las malas prácticas empresariales de un grupo de compañías que, sin reparo alguno, tomaron la decisión de acordar precios y subirle a cada unidad, cada kit, cada paca de pañales que había disponible en cuanta tienda, supermercado o gran superficie lo comercializaba. Y esas empresas, de acuerdo con la Delegatura para la Protección de la Competencia, de la Superintendencia de Industria y Comercio, eran nada más y nada menos que Tecnoquímicas, Kimberly y Familia. Ah, y las marcas de cada uno de ellos, por si no asocia a los productores, son: Winny, Huggies y Pequeñín.
Eso fue lo que la Delegatura logró probar, después de dos años de investigaciones, recolección y contraste de pruebas reunidas en más de 700 correos electrónicos, unas 30 declaraciones y testimonios sobre el caso, pruebas que reunían hechos de algo más de 20 reuniones llevadas a cabo en el extranjero, donde también “acordaban las condiciones de implementación del cartel, así como el seguimiento, control y verificación de los acuerdos previamente celebrados”.
Así lo detalla el informe motivado de la indagación, radicado este lunes a las 3:30 de la tarde y conocido por El Espectador, donde la Delegatura para la Protección de la Competencia recopila una a una las pruebas encontradas que confirman la existencia del cartel y recomienda sancionar a Tecnoquímicas, Kimberly y Familia, así como a 16 personas naturales, entre ellas Felipe José Alvira Escovar, Darío Rey Mora y Francisco José Barberi Ospina. También, absolver a Drypers Andina y Tecnosur.
Por ejemplo, en un correo del 7 de abril de 2009, de Andrea Madriñán, quien fuera gerente de mercadeo de Tecnoquímicas, y dirigido a María Galvis, entonces gerente de mercadeo de Baby and Child Care de Kimberly, y a Pablo Calle, quien fuera director de trade marketing de Familia, se lee: “Ximena estos son los precios de cada uno en supermercados a partir de este mes de abril, como ves no son igualitos y mejor que hayan quedado así. Ahí también están los precios para aniversarios Grandes (como el de megaprima) por ejemplo. Si tienes alguna inquietud nos dices. No sé si a ustedes les pasó, que el Éxito no quiere el alza.. Que porque no quiere subir precios.. Nuestra posición y la de Familia es que de malas, si no quieren comprar a los nuevos precios pues que no nos manejen. Creo que es una posición sana, más cuando al canal no se le suben los precios desde sept. del 2007 (antes se les han bajado)”.
O están, además, las pruebas que hablan de la conducta ilegal en la que incurrieron los empresarios. Galvis reenvió el siguiente correo a Felipe José Alvira Escovar, para entonces gerente general de Kimberly, el 22 de enero de 2009, donde dice: “Mira los mails que envía TS (Tecnoquímicas) ….yo no escribo nada por mail corporativo, ni hablo por teléfono de CKC (Kimberly), todo lo hago por celular personal, y les digo a ellos que no me escriban, que yo no puedo leer mails de determinadas direcciones, que no me copien,,,,dicen que OK…y mira. Cómo estos mensos pueden vender más que nosotros???”.
Aunque este episodio no es nuevo, pues ya se habían hecho públicos otros, como el del cartel de papeles suaves o el de los cuadernos, Familia, vinculado a otras investigaciones en la SIC, ya había aceptado la culpa el pasado 13 de abril. “El Grupo Familia reconoce plenamente los errores que cometieron en el pasado algunos de sus directivos y otros empleados y acepta su responsabilidad. Lamentamos profundamente estas acciones de algunos empleados y somos conscientes de la desilusión que esta situación causa entre quienes nos han entregado su confianza y lealtad”. Y, acto seguido, procedió a despedir a dos empleados y suspendió por tiempo indefinido a Darío Rey Mora, gerente general de la compañía.
El pasado 6 de abril, Kimberly-Clarke también dio una respuesta: “Desde el momento en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció su investigación por ciertas prácticas competitivas dentro de la industria de consumo de bienes empaquetados, Kimberly-Clark ha cumplido con su promesa de prestar total y absoluta cooperación y así continuará haciéndolo”.
Lo que viene ahora es que “se correrá traslado por 20 días hábiles a todos los investigados a fin de que presenten sus observaciones en ejercicio del derecho de defensa”. Pasado ese tiempo, y después de la consulta con el Consejo Asesor de Competencia, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, tomará la decisión definitiva de la sanción, que para las empresas puede llegar a los $70.000 millones y para las personas naturales a los $1.400 millones, aproximadamente. Una cifra que, de acuerdo con expertos internacionales, puede ser incluso baja, si se tiene en cuenta el daño que por más de una década ocasionaron a los consumidores colombianos que han comprado, al menos, un pañal en algún momento de su vida entre el 2000 y el 2013.