El próximo año la vivienda de interés social podría costar 3% más

La Universidad Nacional midió el impacto de la norma que obligaría a los constructores a garantizar que los usuarios tengan acceso a varios operadores de telecomunicaciones en sus edificios.

/ Bloomberg

El año pasado se vivió un verdadero pulso entre los sectores de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), por un lado, y el de vivienda, por el otro. El primero, a través de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), promovía el Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (Ritel), una serie de parámetros para la construcción que permitiría a los usuarios elegir libremente sus operadores de servicios de telecomunicaciones, como cable y telefonía. Actualmente, lo normal es que los edificios tienen una sola red y el habitante no tiene poder de elección sobre el operador.

El Ritel define aspectos en materia de ductos, canalizaciones, condiciones de ventilación, ampliación de tableros eléctricos e interruptores, entre otros. Pero el sector constructor –empresas privadas y el Ministerio de Vivienda- saltó para advertir que implementar ese reglamento elevaría mucho los costos y que, en consecuencia, estaría en riesgo la construcción de vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), los estandartes del vicepresidente Germán Vargas Lleras y del entonces ministro Luis Felipe Henao.

El Gobierno finalmente les dio la razón a los constructores y el Ritel quedó suspendido. Sin embargo, la CRC no dio su brazo a torcer y respondió a las críticas de que no había estudios suficientes. Contrató, con la Universidad Nacional Sede Medellín, una investigación para determinar el impacto económico y social de implementar el mentado reglamento. El objetivo también era que la institución formulara recomendaciones al respecto. Los resultados de ese estudio fueron presentados este martes y una de las conclusiones que se pueden extraer es que en efecto, en proporción, el Ritel impacta con más fuerza en las VIP y VIS.

Las cifras dan cuenta de que construir una VIP aplicando el Ritel es 3,5% más caro que construir sin aplicar el reglamento. En VIS, es 2,92% más costoso, mientras que en estratos 1 y 2, lo es 1,79%. Finalmente,  en estratos 3 y 4 y 5 y 6 la variación es 1,05% y 1,98%, respectivamente. La explicación, según el estudio, tiene que ver con factores como el área construida y la mayor importancia que los acabados tienen en el total de los costos de la vivienda en estratos altos.

Es decir, a mayor área y más acabados, el impacto del Ritel es menor. De acuerdo con la universidad, mientras que las VIS o VIP se mueven en un rango de 45 a 50 metros cuadrados, la vivienda en estratos altos oscila entre 65 y 110 metros cuadrados y casi siempre se entrega con todos los acabados.

No obstante, el ingeniero electricista Juan Enrique Torres, docente de la Universidad Nacional de Medellín y director del estudio, afirma que “es más el beneficio (de aplicar el Ritel) que el costo”. Según él, al no implementarlo “puede haber un retraso a nivel país”, pues los ciudadanos no podrían sacar el mayor provecho de las iniciativas de digitalización que el Gobierno, a través del Plan Vive Digital, viene promoviendo, incluyendo los programas de gobierno y trámites en línea.

En efecto, el estudio, en su eje de impacto social, resalta el acceso a internet como derecho humano y la importancia que tiene el acceso a las TIC en el desarrollo de las personas y los países. Es bien conocida ya la cifra de que un 10% más de penetración de banda ancha en un país puede tener un impacto de entre 1,38 y 3,2 puntos en su Producto Interno Bruto.

Entre las recomendaciones que hace la institución a la CRC está que se surta un proceso de transición, es decir, que el Ritel no entre a aplicar de la noche a la mañana y, por otro lado, que tenga en cuenta que no es lo mismo tratar de garantizar el acceso a seis operadores –como se pretende- en un edificio en Bogotá que tratar de hacer lo mismo en una ciudad pequeña o intermedia.

De acuerdo con Diana Morales, coordinadora de calidad de servicios de la CRC, el próximo año, la entidad revisará “el Ritel actual para verificar cómo está y ver en dónde se pueden reducir costos asociados a la implementación, con miras a que entre en vigencia en septiembre de 2017”. Asimismo, aseguró que no se han tenido en cuenta los costos que puedan derivar de la inminente reforma tributaria “porque aún no está aprobada, pero, una vez lo esté, se tiene que verificar su impacto en la implementación del Ritel”.

Lo cierto es que este es un tema que ha generado posiciones encontradas. Mientras que gremios como la Asociación Colombiana de Ingenieros aseguran que el Ritel beneficiaría a todos los colombianos, el gremio de la construcción, Camacol, sostuvo en todo el debate que el reglamento pondría a tambalear al sector y, sobre todo, a la vivienda social. El próximo año, con reforma tributaria y quizá una situación económica diferente, la discusión volverá a estar a la orden del día.

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