Empleo: la lucha de Castilla La Nueva

Los empolvados camiones cisterna transitan por las vías del Meta. Sus sonidos ensordecedores van acompañados de una capa de polvo rojiza que evidencia que vienen de algún pozo petrolero de Puerto Gaitán, uno de los municipios de mayor producción en el país, desde donde deben recorrer cerca de 400 kilómetros de trocha para salir cargados de crudo.

Quien se atreva a realizar esta travesía —más de 1.200 chóferes de “mula” y, por supuesto, los operarios de Pacific Rubiales—, al irse al otro extremo, a Castilla La Nueva, se encontrará con una realidad distinta, con una zona donde también se extrae el hidrocarburo, pero en otras condiciones.

Las carreteras que comunican al municipio con el departamento están perfectamente delineadas, el amarillo y el blanco en el asfalto hacen pensar que recién fueron terminadas. Señales de tránsito por doquier, cuidadas, claras. Incluso las que alertan que el conductor puede encontrar ganado en la vía, porque sí se ve. De cuando en vez, un cebú se atraviesa y detiene el tráfico, lo desafía, pero al escuchar un pito huye, se aleja, da paso.

Castilla dista mucho de la imagen, por lo menos en infraestructura, de esos pueblos petroleros que indignan por la falta de inversión y por ser más escenarios de violencia sin cuartel. No es el caso. Sus habitantes, sin excepción, hablan bien del municipio.

No podría ser de otro modo, porque Castilla está ubicada en el departamento que aporta más del 50% de la producción nacional de petróleo. El promedio diario que este campo alcanzó en el primer trimestre de 2013, según la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, fue de 68.810 barriles, el segundo después de Rubiales, en Puerto Gaitán.

“Acá usted puede dejar la puerta de su casa abierta y acostarse a dormir. Yo lo he hecho y nunca me ha pasado nada”, dice la Tata, una mujer que conoce el negocio del petróleo como la palma de su mano y que no para de hablar de las bondades, pero también se queja de tener que compartir tierra con esta o aquella empresa.

Le pregunto si la zona sigue igual de caliente como cuando los paramilitares, que llegaron al Meta con las mafias esmeralderas y el narcotráfico, constituían las élites dominantes de los Llanos Orientales.

—¿Cómo está el tema de la violencia por acá?

—Acá no hay violencia —dice—. Hace seis meses había un grupo de marihuaneros, pero uno de ellos apareció muerto una mañana y se calmaron.

Así es la vida en Castilla La Nueva: tranquila. Tiendas, billares y restaurantes, las fuentes de trabajo de quienes no puedan contratar con Ecopetrol o sus operadores son las encargadas de atender a los que sí lo lograron, que fácilmente se identifican por una camisa azul cielo, jean y botas con punta de acero. Ellos son los que comen en los mejores restaurantes o se quedan con las mejores mujeres. “Aquí son muy interesadas. Sólo se meten con los que trabajan en las petroleras”, agrega con algo de resentimiento Ferney, uno de los trescientos desempleados del pueblo.

Por mandato femenino, allí no hay burdeles, las mujeres de la comunidad no lo han permitido. Sin embargo, hay muchos hombres ávidos de una dosis sexual que, cabe aclarar, es muy bien remunerada. Y como mientras haya demanda habrá oferta, entonces hay amantes que prestan el servicio a domicilio.

Buscar alguna autoridad en Castilla es todo un reto. Pareciera que huyen de la prensa, que tienen algo que esconder. La orden es cerrar filas ante algún visitante que pregunte por lo que allí sucede. El foráneo no conoce a nadie, pero todos saben que está en el lugar y que está buscando algo relacionado con el petróleo.

Ese mismo recurso natural tiene dividida a la comunidad: los que entran a Ecopetrol y los que no. Los primeros, con la tranquilidad de tener un salario que puede superar el millón de pesos, no hablan, no opinan, no tienen divergencias. Los otros, algunos vetados, pidiendo ser escuchados, pidiendo empleo, no cediendo.

El trabajo en Castilla no es un derecho. Es una cuestión de bandos. El Estado no lo garantiza, las empresas no se sienten responsables de emplear. No dan abasto y la gente pelea, la gente alega porque no tiene otra salida, pues la agricultura ya no es productiva. “Los campos tocó abandonarlos porque las producciones no dan para el mantenimiento de un hogar de cuatro personas”, dice el alcalde, Édgar Amézquita, quien llegó al lugar donde se calentaba una protesta que hasta hoy se mantiene.

Esas personas “a las que preparamos con ayuda del Estado y a las que luego no les dan empleo”, dice Amézquita, son el problema detrás de un municipio con una economía boyante. Claro está, no es una preocupación de hoy. Ni siquiera se resolvió durante el tiempo en el que el barril de crudo superaba los US$100. Meses atrás hubo fuertes enfrentamientos con la Policía, pues para hacer presión la comunidad bloquea el paso de trabajadores a los pozos petroleros.

La discusión no afloja. Justo un año después de que fuera creada la Agencia Pública de Empleo, filtro para que los castellanos puedan acceder al trabajo, el sistema fracasó. Las instalaciones son un lugar de protestas y paros, ya que los habitantes consideran que no cumplió con su función de garantizarles que sean ellos quienes ocupen las plazas y no personas de otros sitios del país . Según Ecopetrol, el conducto regular es contratar por ese medio y así lo hacen.

Rubén Caballero, un hombre que llegó a Castilla hace más de seis años, desplazado por la violencia, situación que sin saber por qué explica con gracia, habla de lo difícil que es conseguir trabajo. “Nos piden hasta cinco años de experiencia. No contamos con el requisito”.

Una de las líderes de las manifestaciones que actualmente realizan las personas que no han logrado emplearse con Ecopetrol y sus operadores, quien pidió que no se revelara su nombre por temor al veto, denuncia lo mismo que Caballero. Curiosamente, dice, “en los exámenes la comunidad está saliendo con hernias discales. Ahora estamos enfermos de la columna y por eso no nos dan trabajo”.

Mientras en Castilla los habitantes presionaban a las operadoras de Ecopetrol para que les dieran puestos de trabajo, la empresa anunciaba planes de reducción en las inversiones que podrían llegar al 30% y la no renovación para personas contratadas temporalmente. La crisis por la caída de los precios del petróleo no ocupa la agenda local, pues ni en la bonanza las personas se sintieron beneficiadas.

Este municipio, testigo de la violencia paramilitar y guerrillera, aparentemente superó el conflicto armado, pero contar con un recurso natural, que se dice garantiza el desarrollo del país, se le convirtió en un problema sin solución.

Lo que algunos medios destacaron hace tres años sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2015 del municipio, reza: “Castilla La Nueva en 2032 habrá superado la dependencia económica de la industria petrolera gracias a la diversificación de su economía y a la conciencia ambiental y social de cada uno de los habitantes”. A este paso, está claro, no se cumplirá.

Las vías que a mediados del año pasado no daban abasto por la cantidad de vehículos que transitaban por allí, todos con algún vínculo con el petróleo, hoy están vacías. La inversión del crudo dejó buenas carreteras, un pueblo de sueño y muchos, muchos, desempleados.

ENVIADO ESPECIAL META

oguesguan@elespectador.com