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Por ocultar información, conflicto de intereses, afectación en el precio de las acciones e intento de compra de una compañía emisora en el mercado de valores violando las reglas, se abrió investigación penal en busca de los responsables de la firma.
Lo que empezó como una sencilla operación de inversión, en la que los comisionistas de la firma Interbolsa SCB buscaban fondos ofreciendo como garantía las acciones de Fabricato, aquella próspera organización que lideró el crecimiento industrial del negocio textil en los años 90, está creciendo como una imparable bola de nieve y ya va en la apertura formal de una indagación preliminar por parte de la Fiscalía, con miras a establecer los hechos que han rodeado el caso del descalabro financiero de la comisionista de bolsa.
Por eso, junto a Gerardo Hernández, superintendente financiero, y Maritza Hernández, directora nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el fiscal general, Eduardo Montealegre, anunció que tras recibir un informe detallado de la Superfinanciera, en el cual se señalan cuatro posibles infracciones a la regulación del mercado de valores, se tomó la decisión de designar un grupo especial del CTI para que investigue si efectivamente las directivas de Interbolsa SCB incurrieron en tales delitos.
“Estas cuatro infracciones que puso en conocimiento el señor superintendente son: un eventual incumplimiento de las normas de regulación del mercado de valores del sistema financiero, que implica que los miembros de Interbolsa incumplieron su deber de asesorar y de dar una información completa sobre las operaciones que estaba realizando la firma”, detalló Montealegre. Eso, en esencia, significa que los comisionistas y los directivos dejaron de hacer la simple labor de explicar en detalle los movimientos que hacían con el dinero de los inversionistas y, como explicó el fiscal, ocultaron información relevante sobre las operaciones.
La segunda infracción corresponde a “un conflicto de intereses de parte de la firma en el sentido de estar representando simultáneamente intereses contrapuestos”, acción que podría usarse para afectar a terceros que no eran parte de las jugadas financieras de los interesados. La tercera tiene que ver con los indicios de una posible conducta que le permitió a Interbolsa manipular el valor de ciertas acciones.
Y la cuarta fue que “Interbolsa intentó comprar una compañía en el mercado público de valores sin el cumplimiento de los requisitos legales”. Básicamente, cuando una empresa quiere adquirir a otra en el mercado público de valores, ya sea parte o la totalidad de sus acciones, debe realizar unos procedimientos de oferta pública de adquisición que en este caso no se realizaron.
Ahora, lo que viene es la investigación penal para determinar si estas conductas, que son eventualmente infracciones administrativas, tienen o no relevancia penal, según explicó Montealegre, quien fue enfático al enviarle un mensaje a las directivas de Interbolsa y a quienes pudieron tener injerencia en el caso: “Acudiremos en su momento a un juez de control de garantías para que nos autorice en la toma de medidas que impliquen la afectación de derechos fundamentales”.
A la par del anuncio hecho por la Fiscalía, la Contraloría le pidió a la Superintendencia de Sociedades que levantara el velo corporativo para investigar a las empresas asociadas con la marca Interbolsa. El objetivo de este ente de control es analizar “los recursos públicos que presuntamente se hayan visto afectados dentro de las operaciones adelantadas por la comisionista de bolsa”, y de esa forma tomar medidas al respecto.
“Estamos adelantando las investigaciones correspondientes y no nos vamos a quedar parados, por lo cual esperamos tener acceso a toda la información necesaria”, manifestó Felipe Córdoba Larrarte, vicecontralor General de la República, quien además recalcó que el ente de control para el que trabaja también le pidió a la Superintendencia Financiera hacer seguimientos especiales a las fiducias, porque manejan unos $81 billones de recursos públicos en todo el país.
Para los afectados
El agente liquidador de Interbolsa, Ignacio Argüello, hizo pública la forma en que las personas naturales y jurídicas deben hacer las reclamaciones del caso: acercarse a las oficinas de la firma en cada ciudad donde operaba, presentar los documentos que certifiquen las inversiones y diligenciar un formulario en la dirección www.interbolsacomisionista.com, donde se recibirán los detalles de cada una de las causales del reclamo. Todo este proceso debe hacerse antes de un mes y no se aceptarán solicitudes por fuera de este período. La reclamación puede efectuarse directamente o por medio de un apoderado.