Licores, las nuevas regalías

Ante la reducción de 34 % de los excedentes petroleros, los departamentos esperan mejorar sus ingresos por medio del proyecto de ley aprobado este martes en cuarto debate, el cual sube los impuestos a las bebidas alcohólicas.

El precio de la botella de aguardiente subiría $2.000. / Archivo
El precio de la botella de aguardiente subiría $2.000. / Archivo

Los impuestos en Colombia subirían. Este martes, el Senado de la República aprobó en cuarto debate el proyecto de ley que busca modificar la estructura tributaria de los licores en Colombia, cambio que implicaría un aumento generalizado en los gravámenes a las bebidas alcohólicas, pero de tal forma que también nivele las cargas impositivas entre los productos importados y los nacionales. Además cambia las condiciones del monopolio regional. (Vea: Confirmado, subirán los impuestos a licores)

La iniciativa -a la que le queda pendiente la conciliación en comisiones económicas y la sanción presiencial- modifica la Ley 1393 de 2010, según la cual los licores de menos de 35° pagarán $256 por cada grado de alcohol que tenga la bebida, y los más fuertes pagarán $420 por grado. Además, el marco regulatorio actual fija impuestos ad valorem diferenciados por cada tipo de licor: el vino paga 20 % y el aguardiente 34 %. La reforma propone una tarifa única de $200 por grado de alcohol y un impuesto general de 25 % sobre el valor comercial. Todo esto sin contar el IVA del 5 % que ya pagan.

Se trata de una iniciativa que tiene varios objetivos: fijar el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados y dar control en términos de producción y distribución, aunque dejando en manos de particulares la comercialización; equilibrar cargas fiscales entre productores nacionales y extranjeros, con lo cual también se busca cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en los tratados de libre comercio, y promover el desarrollo empresarial de este sector. Sin embargo, tal vez uno de los puntos que tienen más peso en la actual coyuntura de bajos precios del petróleo es que la iniciativa del Gobierno implicaría un aumento de 20 %, es decir, $300.000 millones, en el recaudo por concepto de bebidas alcohólicas.

La caída de más de 50 % que sufrieron los precios internacionales del crudo redujo significativamente la renta petrolera, lo cual se reflejó en una reducción del 34 % en la regalías para las regiones. Tan sólo en el departamento del Meta la disminución de recursos fue de $61.300 millones. Por esto, el aumento del recaudo por concepto de licores puede ser una alternativa para compensar parte de la reducción de los ingresos departamentales.

El presidente de la Federación Nacional de Departamentos (Fededepartamentos), Amylkar Acosta, explicó que “esperamos que este proyecto de ley aumente en más de 18 % los ingresos de las regiones, lo cual ayuda a sopesar los efectos que ha tenido la reducción de 34 % de las regalías debido al difícil entorno de la industria petrolera. A diferencia de la oposición, consideramos que el aumento del recaudo sí es posible y que no necesariamente se traducirá en un aumento del contrabando, pues esta iniciativa del Gobierno viene acompañada con mecanismos para evitar este problema. Como, por ejemplo, ahora serán necesarias las etiquetas de origen para los productos importados”.

Precisamente, el contrabando ha sido uno de los puntos sensibles en la discusión. Sus contradictores dicen que no hay garantía de mayores ganancias regionales. Víctor Bustacara, secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Licoreras del País (Sintrabecólicas), señala que “la industria licorera en general está en riesgo. Este nivel de incremento de impuestos afectará en gran medida el consumo. Estamos hablando de tributos de más del 30 %: 25 % por el ad valorem, 5 % del IVA que pagan, y los $200 por grado de alcohol que tengan. Todo esto encarece las bebidas legales e incentiva que las personas opten por licores contrabandeados, lo cual pone en peligro la salud de la comunidad. Además, se trata de un riesgo que ni siquiera garantiza más recaudo, pues las personas dejarán de comprar licores regulados”.

El Espectador conoció que Sintrabecólicas demandará la norma ante la Corte Constitucional. Además de los riesgos fiscales de los que alerta este sindicato, por la posible reducción del recaudo regional, argumenta que las regiones perdieron el monopolio de comercialización, lo cual, considera, es inconstitucional. Asimismo dice que todo esto pone en peligro a seis licoreras del país y 1.500 trabajadores.

Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ratificó que la importancia de este proyecto de ley es reducir el consumo de un producto nocivo para la salud y que gravarlo también ayudará a mejorar los ingresos de las regiones por medio de un alza de los impuestos a los licores.

Se salvó el vino: pagará menos impuestos

El tributo del vino fue desde el comienzo uno de los puntos que más polémica desataron del recién aprobado proyecto de ley que sube los impuestos a los licores en Colombia. En el documento original se contemplaba que este producto, al igual que las demás bebidas, pagara 25 % de impuesto ad valorem y $250 por cada grado de alcohol.

La situación llevó a Nelson Izaciga, presidente de la Asociación Colombiana de Vinos (Asovinos), a decir que “los productores nacionales advirtieron que, de pasar el documento original, se verían obligados a hacer despidos masivos. Hay 970 empleos en peligro”.

Sin embargo, las discusiones de este mar tes, en las cuales el proyecto de ley fue aprobado en cuarto debate, resolvieron dar un trato especial al vino. De esta manera, sólo pagará 20 % de impuesto ad valorem y $150 por cada grado de alcohol.

Izaciga celebró la decisión e indicó que “el Congreso entendió la problemática y salvó al vino de una debacle”.

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