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En una verdadera papa caliente se ha convertido Electricaribe para el Gobierno, al punto que ya se habla de un plan tortuga legislativo promovido por la bancada costeña, que afectaría importantes proyectos que se requiere aprobar en este año, como la reforma tributaria estructural. Y por el lado de los españoles, también el Ejecutivo se encuentra en una encrucijada: ante una posible intervención de la empresa, se pueden venir millonarias demandas y eliminar el apoyo de España para el ingreso de Colombia a varias organizaciones internacionales, como la OCDE.
Los paños de agua caliente se tienen que acabar. Se requiere de una decisión firme del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, dijo uno de los congresistas promotores de la protesta. Lo cierto es que el racionamiento no es la mejor decisión para obligar a la empresa eléctrica española a cumplir los compromisos de inversión.
“El Gobierno no va a permitir que haya interrupciones en el servicio y tiene los instrumentos para asegurar la continuidad en la prestación del servicio. El Gobierno les puede dar la tranquilidad de que tiene las herramientas para que no haya esos cortes y limitaciones en el suministro”, dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que ha estado en reunión con su colega de Minas y Energía, Germán Arce, y el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza. Si Electricaribe no cumple le toca necesariamente intervenir a la superintendencia, lo que evitaría la limitación de suministro de energía. Y si la española cumple con los pagos, sigue la normalidad.
La empresa XM, filial de ISA, informó que Electricaribe se puso a paz y salvo con garantías por $23.128 millones correspondientes al 18 de octubre y $4.484 millones del 20 de octubre, cuyo incumplimiento amenzaba con un racionamiento. Quedan otros $40.652 millones del 25 de octubre. Del primero de noviembre son $40.976 millones, adicionales a $1.277 millones que corresponden a obligaciones del 2 de noviembre. Para el martes, las obligaciones ascendían a unos $82.989 millones. Aclara la empresa que por no haber cumplido con las obligaciones llegó la limitación del suministro de energía. Para el 11 de noviembre, Electricaribe tiene que haber desembolsado $4.484 millones y cinco días después $40.652 millones.
Paro legislativo
En el Congreso, la bancada de la costa Caribe ha cuestionado la actuación del Gobierno y las largas que le han dado al asunto. Este tema está sobrediagnosticado y en manos del Ejecutivo está la decisión. Por miedo a una demanda internacional “no puede ser que siete millones de costeños nos perjudiquemos”, dijo un importante congresista que prefirió el anonimato. Del lado de la empresa eléctrica y de Gas Natural Fenosa el silencio es total. Lo grave del asunto es que los parlamentarios no han desechado la idea de promover un paro legislativo hasta que se dé solución definitiva al tema de suministro de energía en los departamentos de la costa Caribe.
De darle más largas al asunto, para no molestar a los españoles, lo que puede suceder es que el sistema se vea abocado a un riesgo sistémico. “El generador entrega la energía, Electricaribe no se la paga y entonces puede dar pie a un riesgo sistémico”, advirtió en su momento el presidente de la Federación de Departamentos y exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta. Las consecuencias de esta actuación son que los otros generadores se vean en dificultades para suministrar energía al resto de clientes en el país y “eso puede llevar a un efecto dominó”. El problema de la empresa eléctrica española puede tener un principio de arreglo el próximo viernes cuando llegue de España un ejecutivo de Gas Natural Fenosa para hablar con el Gobierno colombiano.
El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, dice que la dificultad de fondo es la falta de inversión de la empresa española. “Esto no es un problema de deme una semana para pagar, sino de garantizar las inversiones”.
El problema con Electricaribe es una mezcla de temas: rezago en la operación y baja calidad del servicio por parte del operador de red, señales regulatorias que no incentivan la inversión y ausencia de herramientas que prevengan el fraude de energía, ausencia de un esquema de subsidios de largo plazo y mayor compromiso de pago de los usuarios públicos y privados. “El problema de Electricaribe tocó fondo. Esto nos debe llevar a una medida definitiva que es la intervención con fines liquidatorios de Electricaribe. Es lo que estamos exigiendo”, indicó el conservador David Barguil, representante a la Cámara.