Los funcionarios públicos en los Papeles de Panamá

Humberto de la Calle y Frank Pearl, los dos negociadores del Gobierno con la guerrilla de las Farc y el ELN, respectivamente, figuran en los Papeles de Panamá. Esta alianza informativa de El Espectador y Connectas no tiene como señalar ilegalidad alguna en ningún caso. Ha separado debidamente la información correspondiente a las situaciones que pueden generar inquietud sobre su regularidad, con las que no.  Los nombres que se vienen presentando, corresponden a personas que han tenido responsabilidades públicas o que desde sus actividades privadas tienen alta cercanía con líderes políticos.Consulte acá la versión detallada de los perfiles y la situación de estos funcionarios, y más información de los colombianos en los Papeles de Panamá. Siga en Twitter a: @ConnectasOrg para acceder a las actualizaciones de este tema.

Humberto De La Calle

Abogado, diplomático y político liberal, nació en 1946 en Caldas. Fue decano de Derecho de la Universidad de Caldas, Secretario de Gobierno del Departamento, Director del Organismo Electoral y Registrador Nacional del Estado Civil y magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

En 1990 el presidente César Gaviria lo nombró Ministro de Gobierno durante la Asamblea Constituyente. Jugó un papel clave en la participación política y la reinserción de los guerrilleros desmovilizados del M-19, PRT, EPL y Quintín Lame.

En 1993 fue precandidato presidencial, pero al final se convirtió en la fórmula vicepresidencial del liberal Ernesto Samper con quien ganó la elección. Durante el proceso 8.000, las revelaciones que probaron la entrada de dineros del narcotráfico en la campaña de Samper, se convirtió en un fuerte crítico del presidente y en 1996 decidió dar un paso al costado, renunció a la vicepresidencia y fue nombrado embajador de Colombia en España.

Entre 1998 y 2000 fue el embajador del presidente Andrés Pastrana en el Reino Unido y de 2000 a 2001 su Ministro de Interior. Después siguió su carrera como embajador ante la OEA hasta 2003. En paralelo De La Calle ha ejercido su profesión de abogado en una firma que compartió con su hijo José Miguel. En septiembre de 2012, el presidente Juan Manuel Santos lo jefe del equipo negociador del proceso de paz con las Farc.

Sus empresas con MF

En los documentos del bufete panameño Humberto De la Calle aparece relacionado con dos sociedades. Gran Villa Capital S.A.  y  Davinia Properties S.A. en esta última desde el 28 de marzo de 2008.

Al realizar el proceso de debida diligencia los funcionarios de MF alertaron sobre el nivel de exposición política de Dela Calle. Para esto designaron un funcionario específico para que profundizara en la investigación e incluso se reuniera con ellos. Uno de los funcionarios informa de la situación así: 

“La verdad no conozco personalmente al Sr. Humberto De la Calle Lombana, ya que quien lleva las riendas de la firma y con quien siempre he tratado es el Sr. José Miguel De la Calle. Estos señores también me parecen muy serios y muy colaboradores; e incluso José Miguel ha manifestado interés en ofrecer nuestros servicios societarios y de planeación patrimonial como una nueva práctica del Bufete.

He revisado el reporte del World Check y me parece que la relación del Sr. Humberto De la Calle con la política no debe influir en nuestra relación con ellos, ya que no veo que ocupe ningún puesto público actual. Pienso que es una relación pasada y que el “riesgo” que nos correríamos con ellos no es diferente al que nos correríamos con cualquier otra firma de abogados”.

En 2011 una de las personas de confianza de la oficina de De la Calle escribe a MF solicitando documentos que deben presentar ante las autoridades colombianas para el debido registro de la operación. El mensaje fue el siguiente: “Debido a que existe actualmente un requerimiento legal de inscribir a las sociedades extranjeras que tengan participación en sociedades Colombianas, vía inversión extranjera, ante el Banco de la República; quería pedirte el favor de facilitarme el documento de constitución de la sociedad DAVINIA PROPERTIES S.A., la cual tiene participación sobre el capital de la sociedad colombiana De La Calle Restrepo S. en C. y el equivalente a un certificado de existencia y representación de la compañía expedido por una entidad oficial de Panamá.

Los documentos solicitados son requeridos por el Banco de la República para la inscripción de DAVINIA PROPERTIES S.A., así como una copia del título de DE LA CALLE RESTREPO S. en C. sobre las acciones que tiene sobre la sociedad panameña”.

Davinia Properties S.A. fue hasta septiembre de 2015 la mayor accionista de una firma en Colombia con algunos bienes inmobiliarios en el país. En esa fecha la firma panameña se fusionó con la firma colombiana. En la reunión de la empresa panameña en la que se decide la absorción firman como presidente  George Allen y Carmen Wong como secretaria. El primero, según los hallazgos de esta investigación, figura como director en otras 5.460 y la segunda figura al frente de 6.152 sociedades. 

Humberto De la Calle dice sobre la primera empresa: Los promotores de Gran Villa Capital quisieron desarrollar un proyecto inmobiliario. Su expectativa era el mercado internacional, además del nacional. En mi caso, con el propósito de prestar servicios profesionales de abogado, me vinculé con el 10 por ciento del capital, equivalente a diez acciones por un monto de mil dólares en el año 2006, a traves de Omnium Asesores (Esta es una sociedad familiar que desde septiembre de 2012 no registra ninguna actividad. En este momento está inactiva.) El proyecto no logró llenar las espectativas, de modo que me retiré en el año 2011. Todo esto fue declarado a la DIAN. Los socios dde esa firma me han informado que Gran Villa fue liquidada.

Sobre Davinia Properties, Humberto De la Calle informó que la cancelación de esta empresa en el Registro de Panamá está en trámite, y divulgó el siguiente comunicado que resumen los puntos que había compartido privadamente con CONNECTAS:

“Con respecto a las recientes noticias sobre los vínculos de colombianos en sociedades panameñas, me permito informar lo siguiente:

• Hoy no tengo ninguna relación con sociedades panameñas ni con ninguna otra sociedad extranjera actualmente vigente.

• Por razones de seguridad y confidencialidad, en el pasado constituí una sociedad familiar denominada Davinia con el único fin de servir de tenedora de mi patrimonio familiar, la cual fue registrada al momento de su constitución ante el Banco de la República (principios de 2009) y declarada anualmente ante la Superintendencia de Sociedades y la autoridad tributaria.

• La mencionada sociedad extranjera Davinia no tuvo cuentas bancarias, ni generó ingresos de ninguna índole, ni hizo préstamos, ni realizó operaciones lucrativas. Durante su existencia los impuestos relacionados con ese patrimonio, ubicado íntegramente en Colombia, fueron pagados en su totalidad y de forma oportuna. Tales impuestos se liquidaron de acuerdo a la ley colombiana por tratarse de bienes en Colombia. Por lo tanto, aun si la sociedad hubiese sido colombiana, los impuestos habrían sido iguales.

• Dicha sociedad extranjera no existe en la actualidad y su patrimonio fue incorporado a una sociedad colombiana, a la cual pertenece únicamente mi núcleo familiar, la cual también se encuentra legalmente registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá.

• Al ser consultado por los investigadores de Connectas, plataforma de medios que lidera la investigación sobre el tema; y otros medios de comunicación, entregué toda la información relevante y respondí a todas las inquietudes, incluso puse a disposición mi declaración de renta.

• Apoyo el trabajo periodístico dirigido a hacer pública toda esta información. Pero considero que se ha creado una situación injusta, que viola los derechos de algunas de las personas reportadas, ya que en el entorno que se ha creado, se mezclaron situaciones diferentes, poniendo en el mismo costal delincuentes con personas honradas que solo buscaron proteger la discreción sobre sus bienes, con mayor razón en un país donde han existido amenazas permanentes a la seguridad, como es mi caso.

• En cualquier caso, toda la información relacionada está disponible para las autoridades competentes si lo consideran pertinente”.

Frank Pearl

Economista de la Universidad de los Andes, con maestrías en Estados Unidos, tuvo una larga trayectoria en el sector privado donde llegó a ser Presidente de Valorem S.A., el holding empresarial del grupo Santodomingo. En 2006, el entonces presidente Álvaro Uribe lo nombró  Alto Consejero Presidencial para la Reintegración Social y Económica  y en 2009 Alto Comisionado para la Paz. En 2011 el presidente Juan Manuel Santos lo nombró Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cargo que ostentó hasta agosto de 2012.

Según Caracol Radio, luego se este tránsito por el sector público Pearl fue invitado a ser el presidente de Interbolsa, la más grande comisionista de bolsa de ese momento, que fue el epicentro del mayor desfalco financiero de los últimos años en Colombia. Según Caracol Radio, analizó la oferta, pero finalmente no aceptó el cargo al manifestar reservas con la firma Proyectar Valores, que un año después fue una de las claves de la masiva defraudación. Según Caracol, Pearl alcanzó a hacer una serie de recomendaciones. Cuando estalló el escándalo, los responsables de Interbolsa contactaron a Pearl para que les ayudara a reunirse con el alto gobierno. Pearl dijo a Caracol: “Se trató de una llamada de buena fé”, y recalcó que esperaba que los responsables del millonario desfalco debían pagar ante la justicia.

Fue una de las fichas claves para lanzar las negociaciones de paz con las Farc. El Presidente Juan Manuel Santos lo nombró recientemente como el jefe negociador con la guerilla del ELN.

Sus empresas con MF

Frank Pearl figura como accionista de dos sociedades constituidas en Panamá a través de MF: Cortal Properties y Alken Resources. La primera fue constituida en 2008 para el bufete de abogados Baker & McKenzie, quienes en 2011 precisan que Frank Pearl  tenía un 50 % de participación. Sin embargo, el registro de acciones indica que desde el 9 de septiembre del 2011 Pearl quedó con el 75 % de las acciones.

El 6 de septiembre de 2011, dos semanas antes de que Frank Pearl asumiera como ministro de Ambiente y Desarrollo, un abogado de la firma Brigard & Urrutia contactó a MF. El correo, que se titula “Sociedad Panamá / Frank Pearl” precisa que “le escribo por instrucciones de nuestro cliente en común, el doctor Frank Pearl, quien es propietario de una sociedad denominada CORTAL PROPERTIES, de la cual entiendo que ustedes son sus abogados. El doctor Pearl tiene la necesidad de constituir o de adquirir una sociedad rápidamente para realizar unos negocios con un potencial cliente colombiano”. A mediados de septiembre finalmente se constituyó la sociedad ALKEN RESOURCES CORP, con domicilio en Panamá.

En los intercambios de correos entre MF y los abogados de Pearl se muestran detalles sobre las actividades de esta última sociedad. En un correo de un abogado de Brigard & Urrutia el 16 de septiembre se explica que “la sociedad panameña celebrará un contrato con otra sociedad panameña, pero la ejecución del mismo se realizará por intermedio de un vehículo en Colombia. La sociedad panameña recibirá el pago de los honorarios por la prestación de estos servicios pero no será una sociedad operativa”.

Sólo unas semanas después, los empleados de MF se alarmaron pues se enteraron de que Frank Pearl acababa de ser nombrado ministro.

Le escribieron al abogado de Brigard & Urrutia que “en la revisión de este caso, encontramos que el Dr. Frank Joseph Pearl González ha sido recientemente designado en un alto cargo público y por tanto entra a calificar como un PEP. Dado que es tan reciente, no lo detectamos cuando se hizo la admisión inicial del cliente, hace casi un mes atrás.

Dado el caso, debo hacer consultas sobre el tema con nuestra gerencia, pero para tener más elementos, te solicito que me des detalles más precisos sobre el uso de esta sociedad, ya que anteriormente me indicaste que se utilizará para recibir el pago de los honorarios por la prestación de ciertos servicios que serán ejecutados por una sociedad colombiana, pero que el contrato sería con otra sociedad panameña. Necesitaría una explicación más detallada para analizar el caso, por favor”. A julio de 2012, MF había insistido en por lo menos cuatro ocasiones, sin recibir respuestas. Los documentos internos de MF indican que en julio de 2013 Pearl cerró Alken Resource Corp.

Frank Pearl manifestó que: “El régimen colombiano permite a sus ciudadanos y residentes tener activos, pasivos e inversiones en el exterior, bajo normas claras para el reporte de las mismas. La primera compañía está debidamente registrada e informada en Colombia a través de una entidad del sistema financiero que reporta a la Superintendencia Financiera, a la cual se le suministró la información en la que aparezco como beneficiario con nombre propio y documento de identidad. Así mismo, la información relacionada con esta empresa está incluida en la declaración de renta. Con respecto a la segunda entidad legal en mención, es importante precisar que nunca ha tenido ninguna actividad”.