La novela Isagén continúa

El anuncio del gobierno de prorrogar la venta de la estatal energética puede implicar que el ejecutivo gane $300.000 millones más de los que tenía previstos, aunque existe la posibilidad de que no se realice la subasta.

El pasado 12 de agosto el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que se aplazaba un año más la venta de Isagén, la tercera empresa en generación de energía de Colombia. La noticia se suma a los diferentes fenómenos de índole política y económica que confirman que el proceso ha perdido estabilidad, pues esta iniciativa ya había sido aplazada el 28 de marzo de 2014, para después ser reactivada el 23 de mayo.

Además, si se tiene en cuenta que según el presidente Juan Manuel Santos la demora no afectará los proyectos viales, toman fuerza las siguientes declaraciones de José Roberto Acosta, gerente de inversiones de Asesores en Valores: “Si es tan cierto que las necesarias vías de cuarta generación tendrán rendimientos del 13% anual, ¿por qué no endeudarse en los mercados de capitales internos o externos con tasas del 6% para apalancar dichas obras? Alternativas distintas a la venta de Isagén es lo que ofrecen los mercados”.

Los argumentos para conceder la prórroga radicaron en dos aspectos. El primero, que las empresas habilitadas para la subasta manifestaron no estar preparadas para pagar la póliza de seriedad de US$50 millones prevista para ser entregada el pasado 13 de agosto. El segundo, de acuerdo con analistas, puede entenderse como una estrategia de valorización, porque se espera que cuando la hidroeléctrica de Sogamoso entre en funcionamiento, el aumento en la producción se traducirá en un mayor precio de mercado de la compañía, lo que podría elevar el monto de la venta de la participación del 57,7% del Gobierno.

Todo esto pasó a menos de diez días de la subasta planificada para el 22 de agosto y cabe recordar que antes del anuncio las proyecciones indicaban que la unidad de participación de la energética pudo alcanzar un precio de mercado mayor a $3.300, lo que hasta ese momento brindó un atractivo escenario de valorización. Sin embargo, tras conocerse la noticia, la acción de la empresa cerró en $2.770, es decir, en un solo día tuvo una caída de más del 13%.

A pesar de que el desplome del pasado 12 de agosto se lee como que la energética perdió el crecimiento que consiguió en el último año, según César Cuervo, analista de Credicorp, “a partir del primer comunicado del Gobierno, que expresaba su interés de vender su participación en esta compañía, la acción estuvo muy por encima de su valor real, el cual se encuentra alrededor de $3.080. No obstante, lo anterior también implica que los $2.770 a los que cayó el título después del conocimiento de la noticia del aplazamiento, abre la puerta a un posible repunte”.

Lo que queda claro es que el punto de quiebre se producirá cuando la hidroeléctrica Sogamoso entre en funcionamiento, que de acuerdo con las declaraciones del ministro de Hacienda, se conseguirá antes de que finalice el año. Es un factor a considerar, debido a que las últimas simulaciones revelan que mientras no se logre terminar con el proyecto en Boyacá, la acción promediará $2.858 en lo que resta de 2014. Pero cuando se comience a generar energía con esta nueva planta, la estatal podría aumentar su tendencia de valorización, implicando que para agosto de 2015 es probable que el título cotice a $3.400.

Con base en esto, se puede pensar que dentro de un año la participación que tiene el Estado en la compañía se venderá por un precio mayor que los $5 billones previstos para este 22 de agosto. No obstante, la cotización que se registre dentro de un año, no necesariamente será consistente con el verdadero valor de Isagén, por lo que no hay garantía de que durante la subasta se escuchen propuestas de más de $3.400 por unidad de participación, lo que llevaría al comprador a pagar más de $5,3 billones. Asimismo, se tiene que considerar que conglomerados locales como el grupo Argos, que aplicaron inicialmente para hacer parte del grupo de los ofertantes, han manifestado que el monto mínimo que exige el Gobierno está por encima de las posibilidades de retorno, lo que puede desincentivar a los inversionistas.