El presidente Juan Manuel Santos puso la primera piedra de la central Hidroeléctrica El Quimbo, en el municipio Paicol (Huila), mientras alcaldes de los territorios donde el grupo español Endesa –filial del la empresa colombiana Emgesa- construirá la central Hidroeléctrica El Quimbo se muestran inquietos por las obras, pero especialmente por la reubicación de 456 familias, compuestas por 1.755 personas, que tienen sus predios en la zona en la que se edificará el proyecto. De este número de habitantes, 349 desarrollan actividades productivas agropecuarias en el área donde se asentará la hidroeléctrica.
Los municipios más afectados por los trabajos son Gigante, pues el 43,91% de la represa está en su jurisdicción; Garzón, con una participación del 16,76% de sus predios; Altamira, lugar en el que será intervenido el 0,21% de municipio; El Agrado, en el que se construirá el 37,83% del proyecto; Tesalia, con un porcentaje de 1,25% de sus feudos, y Paicol (0,04%).
Los impactos ambientales y el monto de la compensación que recibirán los municipios afectados son otras de las preocupaciones de los mandatarios locales y organizaciones ambientales, entre estas la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (AsoQuimbo), quienes aceptan que perdieron la batalla en la solicitud que le hicieron al departamento y a la Procuraduría para que no conciliara la propuesta de la empresa de disminuir los costos de compensación social y ambiental.
De acuerdo con Jean Piero Ramón, secretario de planeación del municipio de El Agrado, “Emgesa puede darle una nueva casa a las familias que deben reubicar, pero la mayor pérdida para éstas son los proyectos productivos que tenían en sus tierras”.
Para Jhon Arley Cuadrado, alcalde del Hobo, un municipio vecino a la hidroeléctrica “con el embalse de Betania, aumentó un 20% la temperatura de nuestro municipio, con la hidroeléctrica esto se incrementará aún más. En estos momentos, Emgesa está haciendo un programa de resiembra. Pero nuestra mayor preocupación es que se ha empezado a deslizar tierra, entonces zonas utilizadas por pescadores artesanales se están afectando”.
De acuerdo con AsoQuimbo : “el Ministerio de Ambiente, sin consultar a los directamente afectados y a las organizaciones intervinientes, aceptó convenir la modificación de la licencia ambiental para reducir los costos sociales y las compensaciones forestales y de esta manera satisfacer las exigencias de las transnacionales Endesa-Emgesa-Enel”. Frente al hecho, el expresidente Álvaro Uribe Vélez le había dicho al diario La Nación: “si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto’.
El 15 de mayo de 2009, Emgesa obtuvo la licencia ambiental para adelantar el proyecto con la Resolución 899 y presentó el 26 de mayo de ese mismo año un recurso de reposición “solicitando la revisión y aclaración de algunas de las compensaciones impuestas por considerarlas excesivas”. El 21 de agosto por medio de la Resolución 1628 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial resolvió los recursos de reposición interpuestos. En la Resolución 1814 el 20 de septiembre de 2010 se toman medidas de ajuste a la Licencia Ambiental.
Después de tres años de socialización del proyecto, Emgesa dispuso el 28% de sus ganancias a programas de mitigación ambiental en el que posibilitará la restauración de 11.080 de hectáreas de zonas con representatividad del ecosistema de bosque seco tropical.
Algunos alcaldes asistentes al acto inaugural expresaron las expectativas que tienen en cuanto a la hidroeléctrica, pero les preocupa que sólo los megaproyectos estén pensados por el Gobierno y que las obras pequeñas se queden en el tintero como la bocatoma que beneficiaría a Hobo, Campo Alegre, Rivera y Neiva.
En cuanto a la infraestructura local, el presidente Juan Manuel Santos invitó a Jorge Luis Sánchez, gobernador del Huila, a sentarse a negociar sobre esos temas: “Sentémonos señor gobernador que están los recursos de las regalías y la venta de Ecopetrol”.