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Este año no le bastará a Latinoamérica para compensar la caída económica sufrida en 2020, ni tampoco será suficiente para revertir los incrementos en pobreza y desigualdad que impulsó la pandemia. Esta es una de las principales conclusiones de “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe”, un reporte anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que analiza la situación fiscal del continente.
El reporte insiste en varios apartados que el tiempo que ofrece este año no servirá para ponernos al día con las pérdidas en prácticamente todos los temas sociales y económicos. Latinoamérica ya era antes de la pandemia una región con asimetrías y aberraciones económicas. Lo que viene ahora es un poco más de lo mismo, pero con cifras de hace varios años. Por ejemplo, en empleo, la Cepal estima que las mujeres del continente sufrieron un retroceso de 10 años en su participación laboral. La pandemia es, de cierta forma, un viaje al pasado.
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La velocidad y la calidad de la recuperación económica también está en duda, según el organismo, debido a la persistencia de la pandemia y a los problemas “en la disponibilidad de las vacunas y las incertidumbres sobre su efectividad, junto a ritmos de recuperación económica asincrónicos y divergentes”, se lee en el reporte.
“Es importante extender los paquetes de medidas fiscales durante 2021 ante la fragilidad del proceso de recuperación económica y para continuar mitigando los efectos sociales, productivos y económicos negativos de la pandemia”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo internacional.
En materia fiscal, la Comisión estima que la región destinó en 2020 en promedio el 4,6 % de su producto interior bruto (PIB) en ayudas sociales para combatir la crisis económica provocada por el COVID -19, un esfuerzo fiscal que debe mantenerse este año.
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La economía latinoamericana se contrajo un 7,7 % en 2020 -la mayor recesión de los últimos 120 años- y las tasas de pobreza y pobreza extrema se dispararon hasta el 33,7 % (209 millones de personas) y el 12,5 % (78 millones), niveles que no se veían en los últimos 12 y 20 años, respectivamente.
Según la propia Bárcena, sin las transferencias monetarias que implementaron varios países “la pobreza en la región hubiese alcanzado a 230 millones de personas y la pobreza extrema a 98 millones”.
Para tenerlo en perspectiva, de acuerdo con la Cepal, en 2019 la pobreza llegó en Latinoamérica a 30,5 %. En 2020, a pesar de las transferencias monetarias de los estados a sus poblaciones más golpeadas por la pandemia, este porcentaje subió a 33,7 %. Y sin estos programas, esta cifra se hubiera ubicado en 37,2 %.
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La advertencia de la Cepal es clara: hay que mantener las políticas fiscales expansivas, con miras al apoyo social de los más vulnerables, ya que la recuperación se presenta lenta, compleja y con asimetrías a lo largo de toda la región.
Esto es particularmente importante en el actual panorama en Colombia, con una reforma tributaria que apenas está siendo introducida al Congreso, pero que enfrenta una dura oposición de prácticamente todos los espectros políticos, incluyendo al partido de gobierno.
La discusión en este punto, según han anotado analistas y expertos desde el año pasado, no puede pasar por la posibilidad de no hacer una reforma. Un proyecto de ley de este tipo es necesario para equilibrar la trayectoria fiscal del país, pero también para incluir apoyos permanentes y más ambiciosos de cara a los renglones de pobreza y pobreza extrema, especialmente.
Para mantener las políticas fiscales, Bárcena indicó que se deben acometer “cambios a la estructura tributaria” con el objetivo de aumentar la carga impositiva, la progresividad y tener un mayor impacto en mejorar la distribución del ingreso.
Bárcena advirtió durante la presentación del documento que “se debe valorar el alcance de los impuestos a la propiedad y al patrimonio en un contexto de bajos ingresos tributarios. El 1 % de los más ricos paga muy pocos impuestos, los impuestos son muy regresivos en lo alto de la tabla y pagan más impuestos los estratos medios”.
Lo dicho por la secretaria de la Comisión, si bien no está referido a la situación colombiana en particular, sí da en el clavo de uno de los debates más intensos alrededor de la tributaria: ¿qué tanto golpeará a una clase media que ya viene debilitada versus qué tanto más se puede hacer en los segmentos más ricos entre los ricos?
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El informe la Comisión anota que “la expansión del gasto público para atender la crisis y la caída en la recaudación tributaria conllevó aumentos significativos en los déficits fiscales y en los niveles de endeudamiento en la región, alcanzando un nivel promedio de la deuda pública bruta de los gobiernos centrales de 56,3 % del PIB. A su vez, la región es una de las más endeudadas del mundo y presenta el mayor servicio de la deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios (59 %)”.
El gasto total de los gobiernos alcanzó su nivel más alto (24,7 % del PIB) desde que se comenzaron a publicar datos fiscales en 1950 y la última vez que se ubicó en un nivel similar fue en medio de la crisis de la deuda de los años ochenta, cuando alcanzó un máximo del 23,3 % del PIB en 1983.
En concreto, del lado del gasto público no solo será necesario “un impulso fiscal a fin de apoyar la demanda interna, sino también una perspectiva estratégica que permita avanzar en inversiones sostenibles e intensivas en empleo, la transformación productiva y el fortalecimiento y universalización de los sistemas de protección social”, recomienda la Cepal.
“Vincular la emergencia con la reactivación es esencial para potenciar el papel del gasto público en una trayectoria de desarrollo inclusivo y sostenible. Ello pasa por ligar la atención de demandas de corto plazo con inversiones sostenibles e intensivas en empleo, especialmente para mujeres, promover la transformación productiva y el fortalecimiento y universalización de los sistemas de protección social”, enfatizó Bárcena.