Recomendaciones para inclusión social en el campo

Educación, salud, vivienda, servicios públicos, protección social y nutrición son los principales temas a tratar. El objetivo es que no exista más rezago.

José Antonio Ocampo, exministro de Agricultura, lidera la Misión Rural. /Archivo
El 6 de marzo de 2014, en la misma mesa, Rubén Darío Lizarralde, entonces ministro de Agricultura; Tatyana Orozco, quien en ese momento era la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), y José Antonio Ocampo, uno de los economistas colombianos más reputados, lanzaron la que sería la Misión para la Transformación del Campo colombiano. El objetivo, dejó claro en ese momento el ministro, era que los expertos que la conformarían elaboraran un documento con recomendaciones que le permitirían al país implementar políticas de Estado a largo plazo, y así garantizar el desarrollo rural del campo, pero más allá de lo agrícola. Implicaba pensar el campo de manera integral.
 
Pues ha pasado un año largo y hoy, en Pasto, será el mismo Ocampo quien le entregue un documento al presidente Juan Manuel Santos que se supone servirá de hoja de ruta para la inclusión social de la población rural. De acuerdo con Simón Gaviria Muñoz, director del DNP, entidad que dio adelantos de las recomendaciones, “el enfoque de la Misión parte del reconocimiento que la política pública en Colombia ha mantenido un sesgo que ha hecho crecer las brechas urbano-rurales, dejando a los habitantes del campo rezagados en su desarrollo”.
 
Entre el cúmulo de recomendaciones que recibirá el primer mandatario, están, básicamente, cinco, que serían la columna vertebral del tan anhelado cambio social. La primera es educación. Allí se busca analfabetismo cero, que toda la población rural tenga disponibles cursos de educación continuada ceñida directamente con una política que les permita a los docentes tener, también, una mejor formación. En nutrición, detalla el DNP, la recomendación es contar con un programa de seguridad alimentaria en gran escala que permita atender prioritariamente la población dispersa con alto riesgo de inseguridad alimentaria y programas que fomenten la generación de capacidades productivas en los hogares tanto para autoconsumo como para la provisión de mercados locales y nacionales.
 
En materia de vivienda y servicios públicos se buscará llegar a la población dispersa partiendo del déficit actual. Lo harían con asignación de recursos, pero aún no está claro de dónde saldría el dinero, si sucedería como el plan de las 100.000 viviendas gratis que tuvo el primer gobierno Santos o como el de la segunda ola, donde lo que se ha ofertado son subsidios para ayudar en la compra de esa vivienda.
 
En cuanto a la salud, se habla de un modelo dual en el que se le dé subsidios a la demanda en los centros urbanos y subsidios a la oferta en los municipios rurales dispersos. Sería entregar recursos a los pacientes que están en los pueblos para que puedan cubrir sus necesidades de salud y recursos para las entidades que presten ese servicio en las zonas espesas, lejanas de esos pueblos.
 
Por último, hay recomendaciones para la protección social, que tienen que ver con una reforma pensional que permita que los adultos mayores tengan acceso a una mesada. Junto a eso, una política de empleo para las mujeres rurales, una para el cuidado de la niñez y una más para la tercera edad.
 
Aída Pesquera, directora de Oxfam en Colombia, opina que las recomendaciones son acertadas, pero que genera incertidumbre, por un lado, la forma en que todo se financiará, pues ve como problemático que el Plan Nacional de Desarrollo, que está en debate, haya tenido de entrada un recorte presupuestal y que no incluya planes para la mujer rural. Por otro lado, dice sobre la salud que “hay que tener cuidado con el subsidio a la oferta. Debe ir acompañado con un sistema de control a los operadores”.

 

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