Una nueva cara para el Ministerio de Agricultura es lo que quiere la Misión para la Transformación del Campo. La iniciativa, encabezada por el Departamento Nacional de Planeación y con la participación del sector privado y expertos, propone crear dos viceministerios con funciones especializadas y cuatro agencias que asumirían tareas del actual Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y de otros como Corpoica.
La Misión, que desde principios de 2014 estudia el campo colombiano con el fin de dar recomendaciones para políticas públicas con miras a 20 años, pone sobre la mesa la creación de un Conpes rural, no sólo para generar “coordinación intersectorial” sino para asegurar recursos para el campo en el largo plazo. Se sumaría un Confis rural para actualizar y garantizar el presupuesto en el mediano plazo.
Los actuales viceministerios de Desarrollo Rural y Asuntos Agropecuarios, en la idea de la Misión, pasarían a ser el de Servicios y Bienes Públicos Sectoriales y el de Desarrollo Rural Territorial, con funciones definidas (Ver recuadro). El mensaje de las recomnedaciones es que “el Ministerio de Agricultura debe dirigir y vigilar”, en palabras del director de la Misión, José Antonio Ocampo. De la ejecución se deberían encargar las entidades adscritas, las cuales, se propone, también tendrían que asumir un enfoque local, donde el trabajo con las comunidades sea protagonista.
El revolcón al Incoder no es novedad. Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que echó mano de las recomendaciones que la Misión hizo en sus dos primeros informes, el presidente de la República tiene facultades extraordinarias para eliminar, crear o dividir entidades encargadas de tierras y desarrollo rural. Sin embargo, según Ocampo, el Incoder mantendría sus funciones de adecuación de tierras.
En la propuesta de los expertos, heredera de funciones del Incoder sería la nueva Agencia Nacional de Tierras, encargada de las tierras de la nación, formalizar la propiedad rural, generar un mercado de tierras, entre otros. Su gestión, de acuerdo con Ocampo, estaría enfocada tanto a la productividad como al desarrollo social.
Nacería el Fondo de Desarrollo Rural para promover y financiar proyectos locales y regionales, incluidos los de agricultura familiar. “Hemos sido consultados (por la Misión). Se habló de que la agricultura familiar pudiera tener un papel prioritario. Esperamos que estos temas puedan ser atendidos por el ejecutivo”, dijo Mario Bonilla, codirector de Agrosolidaria, una organización nacional que promueve la agricultura familiar.
Por demás, los expertos recomiendan repensar la Corporación Colombia Internacional, que en este momento opera, entre otros, los programas del gobierno para agricultura familiar. Para ello, se plantea la creación de la Agencia de Promoción de Inversiones Agropecuarias y Agroindustriales, que apoyaría al sector en asuntos como tecnologías y comercio exterior. Ocampo afirmó que es indispensable fortalecer la coordinación con el Ministerio de Comercio: que el agro ponga la oferta y Mincomercio promueva la exportación.
Finalmente, se propone la creación de una agencia para la asistencia técnica. La Unidad Administrativa Especial de Asistencia Técnica y Acompañamiento Integral se especializaría en esa función, que, en parte, hoy asume Corpoica, la cual, según la Misión, debe concentrarse en la investigación.
De acuerdo con Ocampo, mucha de la información con la que contaba la Misión fue corroborada con los datos de los que dio cuenta el Censo Agropecuario, también presentado esta semana. Entre esos, la baja solicitud de crédito (11%) y el precario acceso a asistencia técnica (9%).
Tanto el censo como la Misión serían insumos para la reforma rural integral que anunció el gobierno y cuyo texto inicial estará listo el próximo mes, de acuerdo con el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. Pero apenas en octubre el informe final de la Misión estaría consolidado.
Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y miembro de la junta directiva de la Misión, dijo a este diario en julio pasado: “Uno no sabe qué tomará el Gobierno y qué no”, porque, al fin y al cabo, las recomendaciones de los expertos no son vinculantes.
En vista de la prontitud con la que el proyecto de ley de reforma estaría redactado, Eberto Díaz, de Cumbre Agraria, dijo que es urgente “que se convoque a una reunión de concertación a campesinos, indígenas, comunidades afro, todos los sectores agropecuarios, pequeños y medianos, para llegar a un acuerdo del tipo de proyecto de ley que se va a presentar al Congreso”.
