Pocas horas después de que Uber saliera triunfante de las negociaciones con el gobierno de México D. F., ciudad que se convirtió en la primera de América Latina en legalizar la plataforma tecnológica, con ciertas exigencias como pagar un porcentaje de las “carreras” al Distrito, en Colombia se abrió otro capítulo espinoso para su operación.
Ayer cobraron relevancia rumores de que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) estaría gestionando un bloqueo de la aplicación Uber, ilegal en el país y rechazada sobre todo por los taxistas. De hecho, parte del gremio está anunciando un paro nacional desde el próximo 29 de julio, precisamente porque, según ellos, el Gobierno no ha puesto freno a asuntos como la operación de aplicaciones como Uber.
Voceros de esa empresa de tecnología reaccionaron diciendo que el Gobierno, al tomar el camino de bloquearla, “no sólo sacrifica la libre competencia, sino que condena la innovación tecnológica en el país a un futuro de incertidumbre jurídica”. Pero fuentes del Mintic desmintieron que esa cartera vaya a bloquear Uber, empezando porque el ministerio no tiene acceso a las redes. Quienes las administran son los operadores. La función de la cartera es vigilar que un operador bloquee un contenido sólo cuando está obligado a hacerlo.
Según explicó la Fundación Karisma, una entidad especializada en monitoreo de derechos en entornos digitales, la ley colombiana sólo permite que una página se bloquee sin orden judicial en casos de portales web con pornografía infantil. En el resto de casos, se necesita la orden de un juez o una ley, como aquella que dio facultad excepcional para bloquear la pornografía infantil. “Rechazaríamos que el Gobierno ahora se dedicara a sacar normas de este tipo para bloquear cosas ilegales”, dijo la Fundación. Además, “bloquear para nosotros exige un análisis de ponderación de derechos”.
Fuentes del Ministerio de Transporte sostuvieron que la posición de esa cartera frente a Uber “sigue siendo la misma expresada hace uno meses”, es decir que, mientras que Uber no se constituya como empresa de transporte, es ilegal. Además, que las autoridades locales son las encargadas de la movilidad, el transporte y el orden público en cada una de las ciudades.
El papel de los municipios
Alrededor del mundo, los titulares de prensa han dado cuenta de que Uber es legalizado o prohibido en las ciudades, como en el reciente caso de México D. F., pero rara vez a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es el papel de las administraciones municipales en esto?
Sandra Tapias, directora nacional del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, el brazo de asuntos de movilidad de la Federación Colombiana de Municipios, explicó que si bien las secretarías de Tránsito lideran las políticas de movilidad en cada ciudad, el único que puede habilitar un servicio de transporte es el Ministerio de Transporte. “Cuando las empresas se habilitan ante el Ministerio, entran a prestar servicios en los municipios”, dijo.
Al plantearle el caso de que una ciudad realizara un estudio que demostrara que las condiciones de mercado locales permiten llegar a la conclusión de que un servicio como Uber es necesario, respondió: “Por la autonomía que tiene el municipio, si la autoridad respectiva hace un estudio en su jurisdicción y arroja como resultado eso que plantea, ese municipio hace la solicitud al Ministerio para que lo tenga en cuenta, pero no significa que sea el municipio el que tome la decisión”.
Taxistas salen al paso
Ernesto Sandoval, representante de los taxistas ante Fenalco, quienes no adhieren por ahora al paro convocado, pues están en conversaciones con el Gobierno, aseguró que mientras que Uber se sale de todo marco legal, otras aplicaciones como Tappsi o Easy Taxi también generan malestar. “Permiten propina en hora pico. Eso crea un impacto económico que no es saludable. El que debe fijar tarifas es la Alcaldía”.
Por eso, contó que empresas que detentan el 88% del parque automotor en Bogotá están trabajando en ULA, un complejo de hardware y software, que permitirá a los usuarios pedir servicios a través de una plataforma con datos de identidad de los conductores, puntos de origen, destino, tarifas, entre otros. Según él, el proyecto ya está radicado ante la Secretaría de Movilidad, y en año y medio, se calcula, el 100% de taxis en Bogotá estarían en esa plataforma.