Hace un año, pocos días antes de la primera vuelta presidencial, los directivos de Fecode entendieron que ese era el momento perfecto para lanzarse a un paro. Pretendían exactamente lo mismo que reclaman esta semana: un ajuste salarial, eliminar la evaluación docente y mejorar los servicios de salud para los maestros.
Después de un tire y afloje de varios días, la entonces ministra de Educación, María Fernanda Campo, quien no contaba con mucha credibilidad en el sector y muy probablemente había recibido la misión de apaciguar los ánimos para no alterar las elecciones, se sentó a la mesa con Fecode y firmó un acuerdo.
Pero el documento con las promesas para 2015 quedó sin la firma del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Allí el Gobierno prometió crear un nuevo modelo de ascenso salarial (que no dependiera de la evaluación), suspender la evaluación docente y revisar las entidades encargadas de la prestación del servicio de salud.
Para los expertos en el sector educativo, aquello fue una victoria de Fecode y al mismo tiempo un retroceso de casi una década en política educativa. Si bien los maestros tienen razón en que la evaluación de competencias no ha sido bien diseñada ni aplicada, lo que ha terminado por afectar sus ascensos en el escalafón, esto no debió traducirse en renunciar a ella. Modelos exitosos de educación en el mundo han demostrado que la evaluación de maestros es necesaria para procurar la calidad y los aumentos salariales deben estar atados a estándares de calidad.
La firma del acuerdo le evitó problemas al presidente-candidato. De hecho, un mes después, y tras perder la primera vuelta con su rival, Santos se tomó la foto con la plana mayor de Fecode, quienes habían declarado el apoyo a su candidatura. Luego prometió convertir a Colombia en “la nación más educada de América Latina en el año 2025”. Durante la campaña electoral, el Presidente también firmó el Pacto por la Educación, una serie de compromisos impulsados por varias organizaciones civiles. El quinto punto del pacto habla de valorar a los educadores como el eje fundamental del cambio y elevar su estatus profesional.
Pocos meses atrás, en febrero de 2014, el mismo presidente asistió al lanzamiento del famoso estudio de la Fundación Compartir en el que se proponía un ambicioso plan para transformar la educación en Colombia. El estudio, entre muchas cosas, sugiere elevar los salarios de los maestros hasta igualarlos a los de otros profesionales como médicos, abogados e ingenieros. Hoy el salario base de un maestro recién graduado ronda los $1’400.000, mientras abogados, médicos e ingenieros empiezan con $1’700.000.
Los meses fueron pasando. Los maestros siguieron escuchando que eran los protagonistas de una nueva Colombia. La ministra Campo, que siempre puntuó bajito en las encuestas de opinión, se fue del gobierno. La reemplazó Gina Parody. Es abril. Los directivos de Fecode volvieron a llamar a los maestros a un paro nacional. Las peticiones son las mismas: eliminar evaluación docente, aumentos salariales y un mejor sistema de salud. La diferencia es que no hay elecciones presidenciales a la vista. Ni reelección.
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