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Brasil vuelve a manos de los militares: con el triunfo ayer en las urnas de Jair Bolsonaro, excapitán del ejército, quien fue elegido con el 55 % de los votos como el nuevo presidente de los brasileños, se consolida el poder de los uniformados. Su fórmula vicepresidencial, Hamilton Mourao, fue general del ejército hasta 2015 cuando pasó a retiro tras haber causado un escándalo por hacer apología al uso de la tortura durante la dictadura (1964-1985). La gobernación de Río de Janeiro queda en manos del exinfante de Marina Wilson Witzel, férreo partidario de la militarización de las favelas y del papel de los soldados para “devolver el orden”.
Ellos se suman a los 22 exmiembros del ejército que llegan al Congreso como diputados y a los 58 cargos que asumirán oficiales retirados en gobernaciones, asambleas, cámaras y otras instituciones regionales. Según la prensa brasileña, son cerca de 80 personas con nexos con las Fuerzas Armadas las que tendrán cargos de elección popular.
Y como si ese número ya no fuera importante, el presidente electo, quien tomará posesión el 1° de enero de 2019, dijo que su gobierno tendrá un alto componente militar. “En mi gabinete tendré a muchos militares (…) necesitamos jerarquía y disciplina para alcanzar orden y progreso”. Se dice que el general Augusto Heleno asumirá la cartera de Defensa; el teniente coronel de la Fuerza Aérea Marcos Pontes estará en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y Oswaldo Ferreira, exdirector de ingeniería del ejército, será el titular de Transporte, por nombrar solo algunos.
El mandatario que eligieron los brasileños fue paracaidista del ejército y capitán del Octavo Grupo de Artillería de Campaña durante la dictadura. Nunca ha ocultado su nostalgia por esa época. En agosto de 2016 dedicó su voto a favor de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff al torturador de la dictadura, el excoronel Carlos Alberto Brillante Ustra, condenado por secuestro y tortura, y quien murió en 2015. Bolsonaro, quien no ha tenido ningún éxito en sus tres décadas como diputado, logró imponerse en las urnas por el respaldo que recibió de las Fuerzas Armadas, la institución con mejor imagen entre los brasileños.
Desde que comenzaron las protestas en Brasil, en 2014, en rechazo a la corrupción y otros males, los militares volvieron a la vida pública y política, algo que no sucedía desde hacía 21 años cuando terminó la dictadura. “Estamos en un momento crítico, al filo de la navaja”, dijo Hamilton Mourao, futuro vicepresidente, quien incluso sugirió que sería necesaria una intervención militar para purgar la clase política. Y anunció lo que vendría, “aunque aún creemos en que el proceso electoral representará una solución preliminar para cambiar el rumbo”. Diseñó un “frente militar” con candidaturas en varios estados y ciudades. Cuando su compañero de fórmula fue apuñalado, sentenció: “Si quieren usar la violencia háganlo, pero los profesionales en violencia somos nosotros”.
Los favoritos de los brasileños
Una encuesta de la Fundación Getúlio Vargas y de la Escuela de Derecho de San Pablo, realizada el año pasado, reveló que las Fuerzas Armadas es la institución en la que más confían los brasileños, con una valoración positiva del 56 %. El Congreso, por su parte, apenas lograba el 7 % de respaldo. Según investigaciones periodísticas, el 60 % de los miembros del Congreso han sido acusados de corrupción y muchos de ellos se presentaron a los comicios generales. El malestar se reflejó en esta campaña electoral: la mayoría de caciques políticos perdieron.
El año pasado, ante el creciente favoritismo del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en las encuestas (se decía que si iba a las urnas ganaría con el 54 % de los votos), un grupo de veteranos y otros exoficiales decidieron organizar campañas electorales con “valores como la disciplina, la integridad y el patriotismo, necesarias para arreglar la situación actual”. Cuando se debatía si Lula debía ir o no a la cárcel, este año, el director del ejército, general Eduardo Villas Boas, dijo en su cuenta de Twitter que “el ejército repudia la impunidad”. Se interpretó como una advertencia de que el expresidente se salvara de la cárcel.
El impulso que convirtió a Bolsonaro en el fenómeno electoral del año. “Si las instituciones no resuelven los problemas, entonces nosotros deberemos imponerlas”, dijo en referencia a las Fuerzas Armadas. Su frase no causó el rechazo de los brasileños, al contrario, una encuesta de Datafolha reveló que el 43 % de los ciudadanos apoyarían una intervención militar; es decir, cuatro de cada diez habitantes del país.
El movimiento de izquierda, que rechazaba la dictadura y defendía la separación entre Estado y política se limitó a pequeños grupos, pues aliados tradicionales se pasaron al bando de la ultraderecha. "Apoyo una intervención militar para crear una democracia digna en Brasil", dijo Donizeti Dias Pereira, director de una compañía de camiones en Río de Janeiro. ¿Qué pasó? “La crisis creó insatisfacción, penurias para muchas familias y entonces existe esa fantasía de que una dictadura militar podría devolver la economía a buena ruta”, explicó a la agencia AP el profesor de sociología de la Universidad de São Paulo Reginaldo Prandi.
Comparada con otras dictaduras del Cono Sur, como las de Argentina y Chile, la versión brasileña fue menos represiva. Aún así, un informe de la Comisión de la Verdad contabiliza 434 víctimas mortales o desaparecidos y da los nombres de 377 responsables, entre jefes de Estado, policías, médicos y militares, de los cuales 191 aún están vivos. Ninguno encaró las consecuencias de sus actos, amparados por una amnistía dictaminada en 1979 que fue avalada en 2010 por el Tribunal Supremo Federal.
¿Qué sigue?
Cuando Michel Temer, vicepresidente de Rousseff, la reemplazó tras su destitución como presidenta en 2016, su respaldo era tan bajo y la situación del país tan delicada, que resolvió incluir a uniformados activos en su gobierno para asegurarse estabilidad. Así nombró como ministro de Defensa a Joaquim Silva e Luna, un militar de alto rango. Otro general, Sérgio Etchegoyen, controla en la actualidad el Gabinete de Seguridad Institucional, rehabilitado por Temer, y que tiene bajo su control a la Agencia Brasileña de Inteligencia, antes estaba bajo control civil. También está en manos de oficiales la seguridad de Río de Janeiro. La operación militar que autorizó Temer en las favelas este año con un saldo trágico se hizo bajo la dirección del general Walter Braga. Roberto Ramos, general de la reserva del ejército, es el jefe de gabinete de la Casa Civil, y Carlos Santos, secretario nacional de Seguridad Pública.
“Es preocupante el protagonismo de figuras militares”, le dijo a BBC Mundo Marcos Melo, profesor de ciencia política de la Universidad Federal de Pernambuco.
“Las personas que quieren una intervención militar no tienen idea de lo que es eso”, dijo a AP Ana Miranda, quien asegura fue torturada a finales de los años 60 y encarcelada durante cuatro años por participar en protestas contra el gobierno. El temor es evidente en buena parte de los brasileños, el 55 % que votó por Fernando Haddad, del PT. Sobre todo después de declaraciones como las que hizo un hijo de Bolsonaro, el más votado como diputado: “Si se quiere cerrar el Supremo Tribunal Federal (STF) usted manda un soldado y un cabo”.
“Puede que la elección de estos oficiales militares lleve a la adopción de propuestas autoritarias, sobre todo si se trata de seguridad pública”, le dijo a The New York Times Carlos Fico, historiador de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Existe mucha confusión sobre la economía bajo el gobierno militar. Antonio Kleiber do Nacimento, de 26 años, le decía al periódico Folha, de São Paulo, que “durante el gobierno militar en Brasil, lo que había era buenos trabajos y hospitales funcionando”. Datos del Banco Central revelan que cuando los militares tomaron el poder en 1964, la inflación era de 90 % y el crecimiento de apenas 3 %, sin embargo, en los inicios de la década de los 80 el país sufrió varios años de recesión y cuando concluyó la dictadura la inflación era de 235 %.
El director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana Ricardo Betancourt recuerda que “la dictadura al final sale por las crisis económicas, políticas e incluso casos de corrupción, pero eso quedó olvidado y ahora capitalizan el discurso de un pasado glorioso”.
La activista del movimiento Pao y Rosas, Diana Assucao anticipa malestar. “Gran parte del electorado de Bolsonaro no entiende que su plan económico es la continuidad más brutal de la política de Temer: reformas y privatizaciones, cuando llegue la hora de aprobar su programa económico y la reforma pensional, su misma base va a hacer oposición”.
“En caso de que Bolsonaro tenga problemas de gobernabilidad, probablemente empezará a ser más autoritario y, como tiene el apoyo militar, empezará a imponerse y se deteriorará la democracia. Los primeros que saldrán perdiendo serán las minorías y los sectores históricamente excluidos que viven en las favelas”, agrega Betancourt. Y anticipa un futuro complejo: “La persona que suena para canciller de Bolsonaro habla de una intervención en Venezuela, y si se suma eso a la actitud radical que existe en Venezuela y la de algunos sectores cercanos al gobierno colombiano, además de Donald Trump, tenemos un caldo de cultivo en la región que puede derivar en tensiones sin precedentes”.