Una jueza española anunció hoy el procesamiento de antiguos altos mandos de la Policía regional catalana (Mossos d'Esquadra) por los delitos de organización criminal y sedición, por el comportamiento de ese Cuerpo en varios momentos del proceso independentista ilegal.
Esta iniciativa de una jueza de la Audiencia Nacional ha tenido lugar en una jornada en la que la Mesa del Parlamento regional - su órgano rector - se ha negado a tramitar normas aprobadas por el Gobierno español, que mantiene las competencias ejecutivas en Cataluña hasta que se forme un nuevo Gabinete autonómico. También hoy, en Alemania, un tribunal regional evalúa la posibilidad de extraditar al líder catalán Carles Puigdemont.
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Para la jueza Carmen Lamela hubo un delito de sedición en la actuación de los Mossos el 1 de octubre, cuando las autoridades independentistas catalanas auspiciaron una consulta popular ilegal que suscitó muchas quejas por la supuesta falta de acción de los agentes de la Policía regional.
En concreto, la magistrada va a procesar a los responsables políticos de los Mossos, Pere Solar y César Puig, al máximo jefe policial, Josep Lluis Trapero y a su lugarteniente Teresa Laplana, mientras que el superior de todos ellos, el exconsejero de Interior del Gobierno catalán, Joaquim Forn, está en prisión provisional desde noviembre.
El 1 de octubre, refuerzos de la Guardia Civil y la Policía Nacional española enviados por el Ministerio del Interior actuaron en varios colegios donde se pretendía llevar a cabo la consulta soberanista ilegal, lo que generó incidentes, cargas y algunos heridos.
Lo que la magistrada Lamela atribuye a estos mandos policiales catalanes es una "auténtica dejación de funciones" el 1 de octubre y, además, que simularan un dispositivo "engañoso y fraudulento" que pretendía hacer ver que se impediría el referéndum.
En todo caso la jueza Lamela considera que había una organización jerarquizada "bajo una dirección común en cuya cúspide" señala al expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont, que tenía como objetivo la celebración del 1 de octubre y la declaración de independencia del 27 de octubre.
El anuncio judicial tuvo lugar mientras estaba reunido el "Parlament" catalán, cuya Mesa retiró del debate la convalidación de dos decretos ley firmados por el Gobierno español, una sobre la prórroga de los presupuestos en la región y otro para la recuperación de una parte de la paga extraordinaria de 2012 por parte del personal del sector público de la autonomía catalana.
Los nacionalistas - mayoría en la Cámara - argumentan que la convalidación de los decretos debería ser defendida en el Parlamento por un representante del Gobierno central, pero los grupos de la oposición replicaron que no es necesario y que la decisión de los soberanistas se basa en intereses políticos para hacer frente a medidas del Ejecutivo español.
El Gabinete del Mariano Rajoy tiene las competencias en Cataluña desde el 27 de octubre, horas después de la declaración ilegal de independencia aprobada por el "Parlament".
Los asesores legales de la Cámara elaborarán un informe jurídico que aclare las discrepancias.
Mientras tanto, el nacionalista Jordi Turull renunció hoy a ser candidato a la investidura como presidente de Cataluña y el que fue su antecesor en esa pretensión, Jordi Sánchez, ha aceptado volver a serlo.
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Los dos políticos están en la cárcel por su relación con el ilegal proceso secesionista y han sido propuestos como candidatos por el presidente del Parlamento, Roger Torrent.
A Sánchez el Tribunal Supremo le denegó hace unas semanas la opción de salir de la prisión provisional a la espera de juicio para ser candidato a la investidura, y Turull llegó a defender su candidatura en el pleno del 22 de marzo - fue derrotado en la primera votación - antes de volver al día siguiente a prisión provisional, lo que impidió la segunda votación.
El argumento para el cambio de candidato soberanista es la demanda que Sánchez presentó ante el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas por considerar dañado su derecho a ser candidato.