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Durante años el poder Judicial de Brasil fue reconocido por su independencia. En 2015 se llevó todos los aplausos por desarrollar la mayor investigación por corrupción en la historia del país: Lava-Jato, una operación que metió a la cárcel a empresarios y políticos, antes intocables. Producto de esa independencia, la justicia brasileña condenó al expresidente Luiz Inácio Lula a una pena de 8 años y 10 meses de cárcel como presunto beneficiario de un apartamento cedido por una constructora en São Paulo, a cambio de contratos en Petrobras.
El rostro de esa lucha imparcial e implacable fue Sergio Moro, un juez educado en Harvard y curtido en varios procesos de lavado de dinero, que saltó a la fama con la lucha anticorrupción. En apenas dos años, Moro dictó 188 órdenes de detención contra empresarios y políticos, de los cuales 123 ya fueron condenados. Moro se convirtió en el primer juez en encarcelar a un expresidente y en el símbolo de la lucha contra la corrupción en Brasil.
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La revista Time lo eligió en 2016 como una de las 100 personas más influyentes del mundo y Fortune lo incluyó en su lista de los 50 líderes mundiales, pues el verdugo de los corruptos consiguió lo que nunca nadie se había atrevido en Brasil. Quedaba demostrado que la justicia en Brasil estaba por encima del bien y del mal, y, sobre todo, más allá de intereses políticos.
Pero hubo un detalle que despertó sospechas. Tan pronto Jair Bolsonaro ganó la Presidencia, Moro fue su primer fichado. Le ofreció ser ministro de Justicia y un lugar en el Tribunal Supremo de Brasil.
Una designación criticada por los detractores de Moro, quienes vieron comprometida la credibilidad de la operación Lava-Jato. Moro aceptó el cargo y prometió tolerancia cero contra la corrupción. Pero el domingo, el portal The Intercept, les dio la razón a quienes dudaban del juez y su cruzada anticorrupción. El medio publicó conversaciones entre Sergio Moro y fiscales del caso Lava-Jato que evidenciarían la falta de imparcialidad de los procesos que el superjuez llevó contra Lula da Silva y otros políticos de izquierda.
De acuerdo con The Intercept, el hoy Ministro de Justicia accionó motivado por intereses políticos. Los documentos y las conversaciones reveladas confirman que el principal fiscal de Lava-Jato, Deltan Dallagnol, estaba preocupado por la solidez de las acusaciones contra Lula y de cómo el juez Moro orientaba las investigaciones para facilitar las condenas.
“Moro ha conducido el proceso del presidente Lula con parcialidad, con un objetivo político y la intención clara e indiscutible de apartarlo de ser reelegido”, dijo el exfiscal general de Brasil y exministro de Justicia José Eduardo Cardozo. Pero tras el escándalo Moro fue condecorado por el presidente Bolsonaro.
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Y algo más que preocupa a analistas brasileños, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que debía fallar el martes sobre la libertad del expresidente Lula decidió aplazar el debate para el 25 de junio.
¿Se politizó la justicia en Brasil? El Tribunal Supremo, un símbolo en la lucha anticorrupción, hoy es señalado de abuso de poder. En 2017, el juez Gilmar Mendes mantuvo contacto con Aécio Neves, senador que estaba siendo investigado por corrupción y fraude. El juez Mendes decidió cerrar dos investigaciones contra Neves.
En marzo el Tribunal emitió un fallo que les quitaba a las cortes regionales el poder de investigar sobornos a campañas electorales, que para muchos tenía un objetivo, que era obstaculizar las investigaciones por corrupción. Los brasileños protestaron, pero meses después el juez Mendes bloqueó la publicación de un artículo que vinculaba al presidente del TSJ, José Toffoli, con partícipes del caso Lava-Jato.
El temor es que el Tribunal Supremo ha tomado decisiones que erosionan su credibilidad y parecen hacer contrapeso al actual gobierno. Aunque el mismo juez al final permitió la publicación del artículo, analistas advierten sobre lo que pasa. El profesor de ley constitucional de la Universidad de São Paulo, Conrado Hubner, le dijo a The New York Times que es importante preservar el “papel moderador” del Tribunal. Y agregó: “En un momento en el que necesitamos al poder Judicial en general y al Supremo en particular para resistir intrusiones autoritarias, el Tribunal está en el lodo”.
Los brasileños respaldaron por años al Tribunal Supremo, pero hace poco salieron a protestar por sus fallos. Hoy Brasil percibe que la ley es para unos cuantos y que los intereses políticos son los que inclinan la balanza. Se acabaron años de imparcialidad.
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Un problema que parece acentuarse con la llegada de Bolsonaro al poder. Durante su campaña electoral el candidato amenazó con llenar el Tribunal con más ministros si lo consideraba adecuado. Hoy está conformada por cinco jueces. Y Moro sería uno de los nuevos.
De acuerdo con la ley brasileña, solo el Senado tiene el poder de iniciar procesos de destitución contra los jueces del Supremo Tribunal, y esos legisladores son a su vez los jueces del Tribunal.
“El órgano que supuestamente debe hacerlos rendir cuentas está en sus manos”, le explicó a The New York Times Eliana Calmon, una excontralora del Consejo Nacional de Justicia de Brasil. “Así que no hay frenos para detener al Supremo”.
En Perú algo parecido ocurre. Algunos jueces y fiscales se han vuelto muy ágiles en el procesamiento de figuras políticas. Y algunos han reconocido que lo hacen presionados por el ambiente político y social. En Argentina las cosas no son diferentes. La justicia, en un repentino afán, inició diez procesos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ha metido presos a varios kirchneristas, según analistas, respondiendo a un calendario electoral que beneficia al gobierno de turno.