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El pasado mes de marzo, el presidente norteamericano Donald Trump lanzó una sentencia sobre la migración luego de una reunión en la Casa Blanca con la canciller alemana Ángela Merkel, afirmando que la migración es un “privilegio” y no un “derecho”. Las austeras palabras del primer mandatario de los estadounidenses, son acogidas positivamente por aquellos que ven en la migración extranjera una amenaza a sus tradiciones, pero además, escudándose también en las diferencias culturales, religiosas o raciales justifican el rechazo al migrante por considerarlo una amenaza a la “seguridad nacional”.
Uno de los mayores logros de la humanidad ocurrió en el siglo XVIII cuando la Declaración de los derechos del hombre proclamó la universalidad de los mismos, desde entonces sabemos y apelamos a dicha universalidad para saber que la ley debe estar basada en el ser humano y no en tradiciones o mandatos de alguna divinidad de turno. En ese mismo sentido, cuando la filósofa judía Hannah Arendt recuerda en su análisis (aun vigente) sobre el origen del totalitarismo en la Alemania de principios del siglo XX, que dicha declaración reta a la emancipación y la autodeterminación humana “independiente de los privilegios que la historia había conferido a ciertos estratos de la sociedad o a ciertas naciones”, también embarcó a las sociedades humanas en una lucha por derechos antes determinados por la clase o posición social o económica, o por pertenecer a determinada religión o jerarquía eclesiástica. (Lea también: ¿A repetir la elección de la Constituyente en Venezuela?)
Es por ello, también como lo afirma Arendt, que allí donde la soberanía del Estado entra con arbitrariedad se invocan tales derechos humanos, pues se suponen inherentes e inalienables, pues basta con que allá humanidad para que existan derechos.
Se sabe también que cada Estado independiente contiene su propio conjunto de leyes, normas historia y tradiciones para poder moldear la imagen de lo nacional, pues esto es lo que enmarca los derechos de un ciudadano de una nación. En ese sentido cuando un migrante sale de los confines de su territorio nacional se expone al tiempo a una pérdida de los derechos nacionales y por lo tanto, en este “no-lugar” donde la indeterminación aparece, se es proclive a la pérdida de la seguridad de todo tipo (alimentaria, social, económica, laboral, etc.). (Ver también: Imágenes: conozca el comedor gratuito en Cúcuta que atiende a unos 1.000 venezolanos cada día)
Colombia hoy también está siendo destino de acogida de migrantes, especialmente de mayoría venezolana que huyen gracias a que el Estado venezolano no está siendo capaz de garantizar la seguridad de los derechos de la totalidad de sus nacionales.
La cifra de venezolanos que entran a Colombia por los puestos migratorios ascendió desde agosto del 2016 cuando en este mes la cifra se duplicó respecto al mes anterior, de 18.550 personas que ingresaron al país en julio a 59.951, en agosto.
Durante los primeros seis meses de 2017, según cifras de Migración Colombia, al país entraron mensualmente más de cuarenta mil venezolanos, en junio de 2017 la cifra ascendió a 47.071 nacionales del país bolivariano. (Lea también: Jonathan Vegas, el golfista venezolano que detesta a Maduro)
Ante tal oleada de migrantes del país fronterizo, el gobierno colombiano anunció la creación de un Permiso Especial de Permanencia (PEP) “el cual busca regularizar la situación migratoria de más de 150 mil ciudadanos venezolanos que pese a habérseles vencido los permisos para estar en Colombia, no han abandonado el territorio nacional”. La medida que resulta más un paliativo que una solución definitiva a este asunto migratorio, sí resulta significativa al menos para 150 mil personas que ven las garantías de su seguridad y derechos amenazadas.
Sin embargo, el tránsito humano es un fenómeno natural aunque motivado por razones diversas, y la migración colombo-venezolana no es la excepción. Según un análisis de 2015 sobre el flujo migratorio de colombianos a Venezuela, del Centro de estudios políticos e internacionales de la Universidad del Rosario de Bogotá, para 1990 la mitad (51.79%) de los extranjeros que vivían en Venezuela eran de origen colombiano. Desde esa misma década la cifra porcentual se ha mantenido más o menos igual con unos 529.924 colombianos en 1990 a algo más de 625.000 residentes para el 2005, según el mismo estudio.
Esta primera década de los 2000 fue especialmente favorable para la migración colombiana hacia Venezuela, el intercambio comercial en auge entre ambos países y la inversión venezolana en Colombia, fruto de la llegada al poder de Hugo Chávez y los altos precios del petróleo en la época, permitieron un dinámico intercambio comercial y humano entre ambas naciones, fruto de situaciones particulares de cada país. En Colombia, el Gobierno de Álvaro Uribe que incentivó y favoreció la inversión extranjera dio como resultado, por ejemplo, la llegada al país de más de “90 empresas con capital venezolano”, según un informe de la Revista Dinero de septiembre de 2008.
El periodo intermedio del Gobierno de Hugo Chávez fue de una constante permuta de divisas, bienes, servicios y especialmente de migrantes colombianos hacia Venezuela, que veían en el país vecino uno de los destinos para mejorar sus condiciones de vida.
¿Por qué si la migración colombo-venezolana es histórica causa hoy más dudas, debates y temores entre pobladores y autoridades que antes? Dichas épocas de creciente bonanza económica, donde la entrada al país de inversiones venezolanas causaban más entusiasmo que preocupación, no permitieron prever la importancia que en la era de la aldea global implica a los migrantes en las políticas públicas.
Y es que si algún problema representan los migrantes no es un problema connatural a su tránsito, sino a la falta de planeación de las entidades estatales, tanto del país desde donde se emigra como del país de acogida, es decir, es un tema global.
Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas en su informe sobre el fortalecimiento de la ONU dijo en 2002: “Ha llegado el momento de examinar de forma más amplia las distintas dimensiones de la cuestión de las migraciones en la actualidad, que afectan a cientos de millones de personas y a países de origen, tránsito y destino. Necesitamos entender mejor las causas de los movimientos internacionales de población y su compleja interrelación con el desarrollo”. Esto implica que los estados contemporáneos deben entender la dinámica migratoria no como un fenómeno excepcional sino propio de nuestra era de la globalización, por lo tanto, deben incluir en la planeación de todas las esferas de las políticas públicas de sus territorios la inminente llegada de migrantes a suelo nacional y la adaptación a sus sociedades.
Solo hasta los años 70 se reconoce plenamente en las Naciones Unidas la necesidad de la protección de los derechos de esta población vulnerable, y lo es porque la condición apátrida de un migrante en transición parece despojarle de los derechos humanos que los estados parecen emparentar con el derecho de ciudadanía, y estos, al estar en suspensión en la figura del migrante, simplemente parecen perderse.
Y esto es así, como también lo recuerda Hannah Arendt, ya que si se reconoce la identidad de los derechos humanos con los derechos de nacionalidad y ciudadanía, los gobiernos deberían garantizar los derechos independientemente de la nacionalidad, como lo recoge la Convención de las Naciones Unidas que entró en vigor solo hasta julio de 2003, y que solo un mínimo de 20 países, de los 193 estados miembros de la ONU, lo ratificaron, ninguno de ellos países tradicionalmente receptores de emigrantes, es decir ni la Europa Occidental ni los Estados Unidos lo ratificaron.
El documento final de dicha convención recuerda que los migrantes no son solo trabajadores, son también, y ante todo, seres humanos, por lo que garantizar la misma dignidad de los derechos para los migrantes es otorgar el trato igualitario de nacionales y extranjeros, evitando el envilecimiento de sus condiciones de vida en su totalidad.
Declarar por ello la migración como un privilegio, antes que como un derecho, a la luz de las distintas convenciones y tratados humanitarios comunitarios e internacionales, resulta además de una impostura un peligro no solo para la supervivencia de los migrantes sino una degradación contra la dignidad y las condiciones de una vida habitable y satisfactoria de la especie humana.