La “Capital de la Fe” en Argentina se queda sin clases de religión

Imagen de referencia. / Pixabay

“En esta ciudad, caminando hacia cualquier dirección, encontrará una iglesia cada 200 metros”, le dijo al diario La Nación un vendedor de medallas de la Virgen del Milagro. El escenario de las declaraciones fue la ciudad que le da su nombre la provincia de Salta, al norte de Argentina, el mismo lugar en el que, a pesar de ser reconocida como la "Capital de la Fe", la educación religiosa en colegios públicos quedó terminantemente prohibida.

 “Mi hijo debía quedarse fuera del aula durante la hora de religión porque mi familia no comparte el credo católico”, dijo una de las madres que, en 2010, junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), demandó las leyes que permitían impartir clases de religión con el argumento de que daban pie a actos de discriminación.

“Desde el siglo XIX, la Constitución de Salta ordena la educación religiosa. Existieron cuatro o cinco intentos de modificar esto, pero cuando se quiso cambiar, el pueblo de Salta se manifestó en contra”, dijo hace unos meses Juan Manuel Urtubey, gobernador de la provincia salteña, quien en ese entonces parecía respaldado por el ejemplo de otros países. Hace apenas dos meses, en Brasil, la justicia autorizó a que los colegios estatales ofrezcan clases de religión, siempre y cuando no sean obligatorias.

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En Salta, una región de economía rural con más de 1,4 millones de habitantes, la religión no sólo hacía parte de los planes de estudio, sino que además la habilitación de las personas que querían trabajar como docentes debía recibir el aval de las autoridades religiosas. Todo esto, amparada por su constitución provincial y a pesar de las normas que desde el siglo XIX establecen en Argentina la enseñanza pública, gratuita, laica y obligatoria.

“La tolerancia de lo que parece irrelevante es lo que ha desencadenado, en otros países, un descenso progresivo hacia lo intolerable”, escribieron los jueces de la Corte Suprema en el fallo con el que, además de prohibir de manera tajante las clases de religión, también invalidaron la obligación que antes tenían los padres de familia para decidir si querían que sus hijos recibieran formación religiosa. “La Constitución establece un ámbito en el que cada individuo es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea”, argumentó el alto tribunal.