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La historia de Lisa Montgomery es escalofriante. En diciembre de 2004 contactó a Bobbie Jo Stinnett, de 23 años en la ciudad de Skidmore, nororeste de Misuri, con la excusa de adoptar un cachorro. Montgomery manejó varias horas hasta la casa de Stinnet, quien tenía ocho meses de embarazo. La golpeó, la estranguló con una cuerda y con un cuchillo de cocina sacó a la bebé de ocho meses de su útero y se la robó.
Montgomery fue detenida y condenada a pena de muerte, que inicialmente sería ejecutada el 8 de diciembre de 2020. Sin embargo, una serie de peticiones para salvar la vida de Montgomery atrasaron la ejecución de la condena. Sería la primera reclusa ejecutada por el gobierno de Estados Unidos en cerca de 70 años, según el Departamento de Justicia.
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Está previsto aplicarle una inyección letal el próximo año en el Complejo Correccional Federal en Terre Haute, en Indiana. Su ejecución se produciría a apenas unos días de la toma de posesión como presidente del demócrata Joe Biden, quien se opone al castigo capital.
Este año, la Administración de Donald Trump retomó tras 17 años de parón las ejecuciones de reos condenados por el Gobierno federal y la de Montgomery es una de las pocas que quedan previstas antes del fin del mandato del actual presidente.
En un comunicado hecho público este jueves, los relatores de la ONU consideraron que el asesoramiento legal que recibió la mujer pudo ser inadecuado y que sus traumas y problemas de salud mental no fueron considerados debidamente durante el juicio.
“La señora Montgomery fue víctima de un nivel extremo de violencia física y sexual a lo largo de su vida ante el que el Estado nunca ofreció protección”, señalaron en la nota los expertos en derechos humanos, que denunciaron también que las autoridades no atendieron sus problemas mentales.
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Además, consideraron que el Estado “volvió a traicionarla” durante el procedimiento legal, al no considerar todos estos factores como “circunstancias atenuantes” e imponerle la pena capital.
“Los estándares internacionales son claros: la pena de muerte siempre es arbitraria e ilegal cuando el tribunal ignora o menosprecia hechos esenciales que pueden haber influido significativamente en las motivaciones, situación y conducta del acusado”, apuntaron.
Por ello, insistieron en que el Gobierno estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales y el castigo sería una “ejecución arbitraria”, y dijeron que han escrito a las autoridades para expresar su preocupación.
Los expertos, que actúan de forma independiente y a título individual, recordaron que Montgomery fue víctima de “horribles abusos” durante su vida, con varias violaciones cuando era niña, siendo forzada a prostituirse desde los 15 años, con nuevos abusos durante su posterior matrimonio y siendo presionada para someterse a una esterilización tras tener cuatro hijos.
Montgomery, que ahora tiene 52 años, fue condenada en 2007.
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Entre los expertos de la ONU que han pedido clemencia para ella figuran la relatora especial para las ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard; la relatora para la violencia contra las mujeres, Dubravka Šimonovic; o Gerard Quinn, que se ocupa de los derechos de las personas con discapacidades.