Las celdas de migrantes, un problema que no es nuevo en Estados Unidos

Protestas por el trato que da Trump a los niños inmigrantes en la frontera. / AFP

La imagen de una pequeña niña hondureña llorando desconsolada mientras su madre era detenida en Estados Unidos le dio la vuelta al mundo. La pequeña de dos años se convirtió rápidamente en el símbolo de la crisis que generó la política de “tolerancia cero” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a la inmigración ilegal en la frontera y que ha separado a más de 2.000 niños de sus padres en los últimos cuatro meses.

La fotografía, desgarradora, causó gran conmoción en los círculos políticos estadounidenses. Congresistas democratas acusaron a Trump de no actuar con “humanidad”, como lo dijo el senador Jeff Merkley. Incluso en los círculos más cercanos del presidente. Su esposa Melania, y su hija Ivanka, ambas madres, pidieron públicamente que se dejara de separar arbitrariamente a las familias. El presidente no tuvo más remedio que decretar una suspensión de esta medida

“Vamos a tener fronteras fuertes y muy fuertes, pero vamos a mantener unidas a las familias”, dijo Trump mientras firmaba la orden en la Oficina Oval. “No me gustaba ver a las familias separadas ni los sentimientos que eso provoca”, agregó.

Y mientras la atención frente a la separación de las familias crecía, también lo hacía el cubrimiento mediático. Durante la semana, unas fotografías de unas celdas con decenas de niños durmiendo en colchonetas en un centro de detención mostraron la verdadera cara de la política de “cero tolerancia” impulsada por el gobierno estadounidense.

Sin embargo, esta situación de los niños encerrados no nació con la llegada del presidente republicano a la Casa Blanca. La historia de las celdas comenzó cuatro años atrás, durante la presidencia de Barack Obama, a quien se le acusa de haber tenido también una política bastante estricta frente a la inmigración ilegal en Estados Unidos.

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Huyendo de Centroamérica, donde las tasas de homicidios en algunos lugares se encuentran entre las más altas del mundo, miles de menores no acompañados se dirigieron a la frontera sur de los EE. UU. Pero cuando llegaron allí, encontraron que el gobierno de Obama estaba listo para tomar medidas extraordinarias para detenerlos.

En una antigua sede de una tienda Walmart en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas, funciona el mayor centro de procesamiento y detención de inmigrantes, más conocido como “Ursula”, aunque los migrantes lo llaman “La perrera”. Y tienen razones para calificarla de ese modo.

“Ursula” abrió sus puertas en el año 2014 con el objetivo de retener y reubicar a los niños inmigrantes que llegaran a la frontera sin sus padres o fuesen separados de sus familias durante el paso a la frontera. En condiciones normales, los menores duraban máximo 72 horas en el centro de procesamiento y eran envíados a familiares en Estados Unidos en caso de que los tuvieran, o deportados a sus países de orígen.

Pero las cosas cambiaron dramáticamente con la administración Trump. Funcionarios de inmigración estadounidenses dicen que 2.322 niños han sido separados de 2.206 padres del 5 de mayo al 9 de junio en medio de la nueva política contra la inmigración ilegal presentada por el Fiscal General de los Estados Unidos Jeff Sessions este año, cuando se dispararon las cifras de detenciones en cruces fronterizos. Solo en “La perrera” dicen las autoridades permanecen cerca de 1.000 menores, la mitad de los niños separados en estos cuatro meses.

La medida implica que los padres sean acusados penalmente por el delito de cruzar la frontera de manera ilegal. Esto significa que terminarán siendo enviados a un tribunal y si son encontrados culpables irán a prisión. Y por eso, debido a que las personas en el sistema judicial estadounidense no pueden ser encarceladas con sus hijos, la Patrulla Fronteriza les separa de ellos y los trata como menores no acompañados.

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Aunque no hay un tratamiento igual para todas las familias, varios concuerdan en que la incertidumbre de si van a se reunidos con sus familiares los agobia. Según relató una reportera del Texas Monthly, hay padres que no saben si volverán a ver sus hijos una vez son retenidos por las autoridades, pues los oficiales tampoco tienen la certeza de cuándo o cómo esto ocurrirá

Quienes defendieron la medida, entre ellos Trump, han dicho que esta política estaba dirigida a disuadir a los migrantes —en especial a las familias— de intentar cruzar la frontera de manera ilegal. “Siempre debemos arrestar a las personas que ingresan ilegalmente a nuestro país. De los 12,000 niños, 10,000 son enviados por sus padres en un viaje muy peligroso, y solo 2000 están con sus padres”, trinó el presidente durante la semana.

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A lo que Trump se refiere es que antes del anuncio de la política de tolerancia cero, los adultos que viajaban con niños estaban exentos, en general, de enjuiciamientos criminales. Esta medida era muy conocida tanto en México como en Centroamérica y era una consideración que los migrantes tenían en cuenta: aquellos que viajaban con sus hijos sabían que si los detenían y querían deportarlos, muy probablemente serían liberados con rapidez.

Pero como las reglas están hechas para romperse, defensores de los migrantes afirman que cualquier intento de fortalecer las medidas contra la inmigración ilegal terminará fortaleciendo las redes de tráfico ilegal de personas. Así, los denominados coyotes usarán la política de separación para ofrecer sus servicios con el argumento de que son la mejor esperanza de los migrantes para cruzar la frontera.

Aunque el presidente Trump decidió ponerle fin a la separación de familias esta semana, la noticia ya escaló a varios círculos de migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos huyendo de los problemas de sus países, en su mayoría de Centroamérica. De acuerdo con cifras oficiales, el número de migrantes ilegales que llegan a la frontera con Estados Unidos provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras creció un 25% desde el 2007.

“Yo había pensado que si una madre como yo iba a la frontera con un hijo, me darían permiso de dejar la detención”, dijo Lucía Flores, salvadoreña, de 27 años a un reportero de The New York Times en la parte mexicana de la frontera con Estados Unidos. “Quizá sea mejor quedarse en Baja California”, comentó Flores, de 27 años, mientras miraba a su hija. “No voy a perder lo único que tengo”, agregó.