:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/JwTLk7PcF9by-VE-8h6f8dVut1A=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/6ZYINO57KJBX5GHWXQP6MR2TOE.jpg)
El 19 de agosto de 2015 las mal llamadas Operaciones para la Liberación del Pueblo -OLP-, del gobierno de Nicolás Maduro, llegaron a la zona de frontera, se cerraron los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela y se procedió a la expulsión y deportación de 1.500 ciudadanos colombianos residentes en el hermano país, desencadenando el retorno “voluntario” de un número entre 23.000, según datos oficiales, y 33.000 personas, según las organizaciones que atendieron la emergencia humanitaria.
Ese miércoles se grabó la imagen de miles de seres humanos atravesando la frontera por los pasos irregulares con sus pocos enceres a cuestas, quienes eran asistidos por las autoridades colombianas obligadas activar los planes de emergencia como si se tratara de algún desastre natural. Colombianos, venezolanos, colombo-venezolanos, familias enteras sin las etiquetas que se pretenden imponer desde Bogotá y Caracas, fueron la primera señal de lo que para final de este año será el mayor fenómeno de movilidad humana del mundo.
Ver más: La paradoja de los recursos de la migración
Entre 500.000 y 1′000.000 de colombianos han retornado de Venezuela en los últimos cinco años, que se suman a los 5.202.270 venezolanos que conforman la diáspora, sin dejar de registrar que Venezuela vive un desplazamiento interno del que no se tiene mucha información, pero que en cálculos gruesos puede ser igual o superior a la migración.
Se estima que un 32,41% de la población que vivía en Venezuela se encuentra en condición de movilidad humana, un poco más de 10,5 millones de seres humanos entre migrantes, desplazados, retornados y pendulares. La cifra incluso puede ser mayor.
La migración venezolana a Colombia se inició en las primeras horas de la Revolución Bolivariana, incluso mucho antes que se desenmascarara a Chávez, no obstante, lo que pasó el 19 de agosto de 2015 y la respuesta del Estado colombiano, después de cinco años se puede valorar como positiva. Tanto los gobiernos, nacional y locales, han sostenido un discurso de solidaridad, pero sobre todo la sociedad civil y las comunidades receptoras han desarrollado una respuesta que es admirable.
Claro, faltan muchas cosas por hacer y sin lugar a duda estos son los primeros cinco años de un fenómeno que transformará la nación colombiana, pero es precisamente ahora cuando se enfrentan los desafíos de la crisis en salud pública producto de la COVID-19 que el camino de lecciones y aprendizajes en la atención de la crisis migratoria pueden ayudar al país para las tensiones socioeconómicas de los próximos años.
Ver más: Migrantes que regresan a Venezuela, así los aprovecha Maduro
La respuesta no ha sido abstracta o puramente institucional, por el contrario, son miles de ciudadanos los que se han sumado para que el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela no desbordara al Estado colombiano. Hombres y mujeres que han hecho del tema de la movilidad humana mucho más que una responsabilidad laboral, algunos de ellos funcionarios del Estado que muy seguramente han cometido errores y tienen defectos pero que gracias a su compromiso y vocación de servicio público han ayudado al país.
A Christian Krüger, exdirector de Migración Colombia, y Víctor Bautista, hoy Secretario de fronteras y cooperación internacional de Norte de Santander quien hace cinco años era el responsable del tema de fronteras en la Cancillería, debemos, en parte, el discurso solidario colombiano para el manejo del tema, y supieron contener los afanes de popularidad de algunos actores que buscaban réditos políticos en la gestión migratoria. Después, en febrero de 2018 se sumó Felipe Muñoz, quien desde este mes coordinará el tema en el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-. Krüger, Bautista y Muñoz, siempre atentos a las recomendaciones de la academia, desarrollaron una labor pedagógica en una sociedad que sabía muy poco de migración.
En el Congreso se destaca el trabajo de seguimiento de la representante Adriana Matiz y el senador Efraín Cepeda como presidentes de las comisiones accidentales que abordan el tema Venezuela y migratorio, junto a los senadores Paola Holguín y Rodrigo Lara. Por supuesto el control político que ejercen el senador Antonio Sanguino y la representante Juanita Goebertus.
Y sobresale el trabajo de la senadora Ana Paola Agudelo, quizás la congresista que más ha trabajado el tema desde que lo incluyó en la agenda legislativa en sus años como Representante de los colombianos en el exterior. Congresistas que a pesar de las críticas que hacemos y seguiremos haciendo desde la academia dan una muestra de la edificación del consenso que requerimos para tener una ley migratoria.
Ver más: Colombia, un país en movilidad humana
Las organizaciones de la sociedad civil son las que han hecho la mayor parte del trabajo, adaptándose de la atención a desplazados a la atención a migrantes, es importante destacar el trabajo de la iglesia católica y en ella a Monseñor Víctor Ochoa y al Padre José David Cañas, en Cúcuta, al Padre Francesco Bortignon, hoy en Venezuela, al Padre Alfredo Mosquera, en Cali, y al Padre Cyrilus Svinne en Barranquilla, entre tantos otros del sector social que todos los días construyen la integración y la inclusión migratoria.
Finalmente, desde los medios de comunicación, todos los días se trabaja para evitar la tentación de los click y los like, proyectos periodísticos en casi todos los medios han asumido el trabajo con responsabilidad, destacándose La Opinión de Cúcuta y su directora Estefanía Colmenares, quienes están en la primera línea haciendo una labor de integración migratoria desde las páginas del diario. Por suerte para Colombia muchos nombres se quedan por fuera del presente artículo, en la academia, en las organizaciones sociales y al interior de alcaldías, gobernaciones y en las diferentes estancias del gobierno.
Hoy están en el tema o asumen nuevas responsabilidades nuevos actores como Juan Francisco Espinoza, en Migración Colombia o la Senadora Emma Claudia Castellanos, quien como ponente deberá pedalear la ley en medio de un contexto de dificultades socioeconómicas por la COVID-19.
* Investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y coordinador del proyecto Edificando consensos para para Movilidad humana proveniente Venezuela del OV y la Fundación Konrad Adenauer.