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El presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo hoy que es necesario que la Justicia demuestre que "no hay impunidad" y revele si es cierta la causa de corrupción en la que se investiga si empresarios y exfuncionarios conformaron una red de sobornos durante el kirchnerismo.
"En los últimos días, hemos visto noticias que, si la Justicia las confirma, son muy negativas en términos de consolidar confianza", declaró el mandatario durante un acto celebrado en la localidad bonaerense de Bernal en el que anunció créditos para jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales.
Macri se refirió directamente a una presunta trama de corrupción que salpica a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), actualmente senadora, y a su fallecido esposo, el también exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007).
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El escándalo fue investigado por el diario La Nación con base en los apuntes detallados que realizó en unos cuadernos el chófer de uno de los exfuncionarios implicados y desembocó esta semana en una causa judicial a cargo del juez Claudio Bonadio.
"Ustedes escuchan de esos cuadernos y todas esas cosas y cuesta así creer que podemos todos juntos construir una Argentina distinta, todos dentro de la ley, todos empujando el carro de la misma manera. Cuesta, claramente", aseveró Macri.
En esa línea, consideró que, si no se hubiese producido un cambio de Gobierno en diciembre de 2015, "no hubiese aparecido" este caso porque ni los periodistas ni Bonadio tendrían la "libertad" para investigar.
Además, hizo hincapié en que la "enorme mayoría" de los argentinos quiere progresar a través de su trabajo sin que le "regalen" nada, pero todavía existe una minoría les "toma el pelo".
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"El cambio significa que no queremos una sociedad donde algunos se crean los dueños de la verdad y mucho menos los dueños del poder (...). No queremos más comportamientos altaneros, prepotentes, mafiosos: queremos que realmente todos nos comportemos dentro de la ley", dijo el presidente.
Por ese motivo, hizo hincapié en la necesidad de que salga adelante el proyecto de la denominada ley de extinción de dominio de los bienes provenientes del delito, que fue aprobado por la Cámara de Diputados en junio de 2016 y que, desde entonces, está a consideración del Senado.