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Los paros no han dejado un buen recuerdo en la memoria de los venezolanos. Uno de los que más recuerda el país fue el que comenzó el 10 de diciembre de 2002 y se extendió hasta febrero de 2003. “¡Hasta que se vaya!”, tituló, con grandes letras mayúsculas, el diario El Universal en su primera plana.
Hubo escasez de alimentos y de gasolina durante y después de la huelga patronal convocada por Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la directiva y trabajadores de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA). El objetivo era presionar al presidente Hugo Chávez para que sustituyera su política económica o presentara su renuncia debido a la grave crisis económica.
Fue una de las huelgas de mayor duración de la historia venezolana. Con ese recuerdo aún vivo, muchos venezolanos se prepararon para el paro general de 48 horas convocado por la oposición para este miércoles 26 y jueves 27 de julio.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a abastecerse de comida de cara al paro de los días 26 y 27 de julio, que se desarrollará de manera alterna con bloqueos de calles en todo el país. “Compré comida extra, que no se dañe: latas y congelados. No lo tenía en mi presupuesto, pero la compré con mi tarjeta de crédito. Hay que prepararse para no morirnos de hambre”, dijo a la AFP Eugenia Santander, vecina de Montalbán, oeste de Caracas.
Las filas en supermercados y gasolineras eran muy largas y en las horas de la tarde varios anaqueles de tiendas de abarrotes lucían vacíos.
En un último intento por frenar la elección de los 545 miembros de la asamblea constituyente convocada por Nicolás Maduro, la oposición redobló la presión: convocó el paro de 48 horas y para el viernes una gran marcha en Caracas.
“No es momento de rendirse ni momento de asustarse. Estamos en las horas decisivas y definitorias para el futuro del país”, dijo el diputado Freddy Guevara en rueda de prensa. Y agregó: “Pase lo que pase, que toda Venezuela se levante y no se deje de levantar hasta que aquí vuelva la democracia. ¡Huelga general y calle sin retorno!”.
Como parte de esa estrategia, el Parlamento juramentó a 33 magistrados de una corte suprema paralela al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que acusa de servir al Gobierno. Tres de los jueces fueron detenidos y acusados de “usurpación de funciones y traición a la patria”.
El rechazo a la constituyente, según Datanálisis, es de más del 70 %. Las principales centrales obreras dijeron que se sumarán a la huelga. Sin embargo, el Gobierno controla la estratégica industria petrolera, fuente del 96 % de divisas del país, y el sector público, de más de tres millones de empleados.
La patronal de Venezuela, Fedecámaras, anunció también su respaldo: “Damos libertad plena a nuestros trabajadores y empresarios que decidan sumarse a esta convocatoria cívica. Reconocemos y defendemos cualquier mecanismo de protesta ciudadana como expresión democrática, siempre y cuando se mantenga apegada a la Constitución y a las leyes”.
Asimismo ratificó su rechazo a la constituyente, que considera “inconstitucional e innecesaria”, e hizo énfasis en que esa “no es la vía para resolver las exigencias de la población”.
La actividad en la frontera también aumentó. De acuerdo con Christian Krüger, director de Migración Colombia, en declaraciones dadas a Blu Radio, “el día lunes se presentó un crecimiento no superior al 5 %, básicamente por (...) el paro cívico en Venezuela (...). Gran parte de la población de ese país ha venido a Colombia a adquirir productos básicos”. En un día normal, 25.000 venezolanos ingresan a territorio colombiano y salen de nuevo.