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Chile decretó este jueves "alerta sanitaria" en seis regiones para tratar el aumento, derivado de la crisis social, en las consultas por traumas y salud mental, y asegurar el tratamiento adecuado de enfermedades crónicas, informó el ministerio de Salud. Con 22 muertos, más de 200 personas con trauma ocular y miles de heridos se salda hasta ahora la inusitada convulsión que afecta al país hace casi un mes, con masivas movilizaciones, violentos enfrentamientos y saqueos.
Esta medida sanitaria "se aplica debido a que se ha configurado una situación de riesgo de salud para la población", señaló el ministro de Salud, Jaime Mañalich. La alerta, que obliga a destinar mayores recursos y regirá hasta el 1 de diciembre, abarca las regiones de Tarapacá y Antofagasta, en el norte; Valparaíso, Maule y Metropolitana, en el centro; y la sureña región de la Araucanía.
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De acuerdo con las autoridades, los riesgos de la convulsión social incluyen un "aumento de consultas por traumas, con la consiguiente necesidad de contar con mayores insumos, pabellones y personal" para atender las urgencias. Las lesiones oculares graves, que en decenas de casos provocaron ceguera en personas heridas por perdigones disparados por la policía en manifestaciones, figuran entre las lesiones más graves.
El ministerio calculó en 10.000 el aumento de las consultas por trauma y también registró un incremento en las necesidades de atención en salud mental. Asimismo, en la región Metropolitana, se sumó la necesidad de contener el "riesgo sanitario asociado a los problemas de manejo y desperdicios y basura", debido a una huelga de recolectores en la capital chilena.
La alerta dota al ministro de "facultades extraordinarias" para comprar servicios para transporte aéreo, contratación de personal extraordinario, reconversión de camas en hospitales y contratar a exfuncionarios, entre otras facilidades de gestión. Las provincias de Concepción y Llanquihue, en el sur del país, también fueron contempladas en el decreto.
Este jueves, al cumplirse un año de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca por un disparo policial, salieron a las calles a conmemorar el aniversario. Catrillanca, de 24 años, murió en medio de un operativo policial en el sur de Chile, a manos de un comando de fuerzas especiales de la policía, cuyos efectivos ocultaron las grabaciones que evidenciaban que fue abatido cuando, desarmado y sin mediar provocación, conducía un tractor junto a un menor de 15 años, que fue reducido y arrestado ilegalmente en el mismo acto. Vea también: Pérdidas oculares, el otro drama de los manifestantes en Chile
En un primer momento la policía aseguró que la muerte de Catrillanca se produjo durante un enfrentamiento a raíz de la persecución de los presuntos sospechosos de un robo de tres vehículos particulares. El asesinato, aún en etapa de investigación, le costó el cargo al jefe de la Policía de esa época y generó masivas manifestaciones en Santiago y la región de La Araucanía (sur).
En medio del estallido social que mantiene en vilo al país hace casi un mes y el esfuerzo político para salir de la crisis, cerca de 40 actividades fueron programadas para conmemorar la muerte del mapuche y las autoridades creen que podrían volver a generarse escenas de violencia en Santiago y ciudades del sur de Chile como Concepción y Temuco. Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, pidió una conmemoración en paz.
"A la gente le decimos que puedan manifestarse con una tranquilidad, para que el espíritu de mi hijo pueda descansar en paz y que también las fuerzas policiales no se excedan", dijo Catrillanca a radio Cooperativa.
La conmemoración también llega en momentos en que las protestas sociales en Chile se encaminan a cumplir un mes, con un saldo de 22 muertos y jornadas de extrema violencia, saqueos e incendios, a lo que en esta jornada se sumó un paro de recolectores de basura. En este escenario de máxima tensión, las fuerzas políticas apuran en el Congreso un acuerdo sobre una nueva Constitución que permita destrabar la crisis, la mayor desde el retorno a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La oposición logró un acuerdo en torno a una propuesta de Asamblea Constituyente, propuesta que el oficialismo rechaza. Sin embargo, ante la prolongación de la crisis social, el gobierno aceptó cambiar la carta magna a través de una "Convención Constituyente", que incluya a ciudadanos y parlamentarios. Un cambio constitucional requiere altísimo quorum para ser aprobado, 2/3 de ambas cámaras, que en este caso no logran ni la izquierda ni los partidos de gobierno, por lo que están obligados a negociar.
"Cualquier salida a la crisis, pasa por respetar la institucionalidad. Nadie tiene los 2/3, entonces estamos obligados a negociar con la derecha", dijo este jueves el senador del Partido por la Democracia (PPD), Felipe Harboe. "Es el momento de ceder. Quien cede por Chile no se humilla", agregó el parlamentario.
El gobierno de Piñera propuso esta semana hacer el cambio dentro del marco de la "institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana, y con un plebiscito ratificatorio". Aprobada en 1980 en un cuestionado plebiscito, la Constitución fue considerada un traje a la medida para que el régimen de Pinochet y los sectores conservadores pudieran mantener su poder, incluso más allá del fin de la dictadura. Hoy es señalada como el origen de las inequidades y la distancia de la clase política con la sociedad.