La tasa de pobreza se redujo de 36,5 por ciento en el 2006 a 35,1 por ciento el año pasado, un descenso más moderado según las proyecciones incluidas en el informe de 2007 del BID, presentado en la reunión anual de este organismo que finaliza este martes en Miami (EE.UU.)
En cuanto al número de personas en situación de extrema pobreza o de indigencia, bajó de 71 millones a 69 millones y la tasa cayó de 13,4 a 12,7 por ciento. “Estas son las tasas más bajas que se han registrado desde los años 80 y el menor número de pobres en los últimos 17 años”, subrayó el organismo multilateral.
La disminución de la extrema pobreza desde 1990 implica, según el BID, un avance del 87 por ciento hacia la consecución del primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la región, que consiste en reducir a la mitad, para 2015, la extrema pobreza que existía en 1990.
En el informe, citando a la CEPAL, se señaló que el nivel actual de la extrema pobreza parece indicar “avances notables” en muchos países. Los cálculos correspondientes a Brasil, Chile, Ecuador (zonas urbanas) y México indican que estos países han alcanzado ya la meta. Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Venezuela están avanzando a un ritmo cercano o superior al necesario para conseguirlo.
Aunque en todos los países se ha reducido la tasa de extrema pobreza -dijo el BID- Argentina, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay “están a la zaga”.
A pesar de la disminución de la pobreza y del desempleo, que bajó en promedio un 8 por ciento en 2007, el BID consideró que subsisten grandes retos para la política laboral y social. El progreso en estos campos dependerá mucho más de las reformas estructurales y políticas sectoriales que de la política o las variables macroeconómicas, agregó.
Una tarea que tiene pendiente la mayoría de los países latinoamericanos es la reforma de los sistemas de seguridad social y las leyes laborales a fin de aumentar la protección de los trabajadores y fomentar el empleo formal.
Chile es una “importante excepción”: ha iniciado una reforma del sistema de pensiones a fin de ampliar la cobertura y ofrecer más opciones a los distintos grupos de trabajadores; otro desafío consiste en centrar el gasto social en los más necesitados a fin de mejorar su impacto distributivo.
Los programas de transferencias monetarias condicionales representan una “mejora notable” en este campo, destacó el BID; no obstante, el gasto público en salud y seguridad social en la mayoría de los países sigue beneficiando más a los segmentos de mayores ingresos de la población.
Además de reorientar los beneficios a los pobres es “crucial que los Gobiernos se centren en programas que tengan las mayores probabilidades de resolver los problemas sociales más apremiantes”. El BID informó de que apoyó hace poco una iniciativa que se propone señalar los programas públicos más eficaces para reducir la pobreza.
Sin embargo, a fin de resolver los problemas de exclusión económica y social en la región se necesita mucho más que reorientar el gasto y aumentar su eficacia, indicó. “La exclusión tiene causas muy profundas, diversas y cambiantes que no se pueden abordar simplemente con programas de gastos públicos”, advirtió el organismo multilateral.