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A finales de marzo los medios de comunicación se inundaron con noticias sobre Juan Pablo Iragorri, un colombiano condenado a cadena perpetua en Catar por tráfico de drogas, al que se le habrían violado sus derechos a un debido proceso y a un abogado independiente, y habría sido sometido durante su detención a tratos crueles, inhumanos y degradantes, según un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos enviado al gobierno catarí el 24 de febrero del año pasado. El abogado de Iragorri, Najeeb al Nauimi, aseguró que el colombiano es inocente y fue utilizado por autoridades del país árabe para atraer dealers colombianos a cambio de su liberación. Hoy, después del escándalo, Iragorri sigue encarcelado.
A raíz de este caso se impulsó un debate de control político en el Congreso, citado por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, para determinar la efectividad de las acciones de la Cancillería y el Ministerio de Justicia frente al caso de Iragorri y otros connacionales presos en el exterior.
Alrededor de 14 mil colombianos están tras las rejas en otros países. De estos, cerca de 3.567 están en Estados Unidos, 2.463 en España, 1.657 en Venezuela, 1.360 en Ecuador y 886 en Panamá. Más del 50% de los delitos que cometieron están relacionados con el tráfico de estupefacientes. El 15% con robo o hurto agravado y un porcentaje menor con homicidios y violencia intrafamiliar. Estados Unidos y España son países destino de la droga que sale desde Colombia, mientras que Ecuador, Panamá, Venezuela y México, entre otros, sirven como tránsito para el transporte de drogas ilícitas.
Actualmente Colombia tiene acuerdos bilaterales con Venezuela, Costa Rica, España, Panamá y Ecuador para la repatriación de sus connacionales. Alrededor de 1.200 presos han sido repatriados desde esos países. Sin embargo, dicho acuerdo no se ha negociado con otros estados como Catar, donde están detenidos Iragorri y otros cuatro colombianos, o China, donde hay alrededor de 123 reclusos colombianos, 111 por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes, 14 condenados a pena de muerte, 9 a cadena perpetua y los demás a penas entre 10 y 20 años de cárcel.
Según testimonios y cartas escritas por reclusos o sus familias, conocidas por la organización Familias Colombianas Unidas, por líderes políticos colombianos y compartidas con este diario, muchos de los connacionales condenados a muerte en China enfrentan condiciones muy complicadas. Hay testimonios de torturas, de personas que han sido amarradas y puestas bajo una gotera o encerradas en situación de hacinamiento durante prolongados períodos de tiempo.
La legislación china establece que los reclusos deben trabajar para tener un desarrollo laboral y obtener ingresos. Son normas que beneficiarían a los presos, pero que en la práctica se reflejan con jornadas de 12 horas diarias, a veces sin un día de descanso a la semana, con 20 minutos de receso para cada comida y con solo tres idas al baño, con una duración máxima de cinco minutos cada una.
El trabajo, dicen los testimonios, consiste en la elaboración de un determinado bien, por ejemplo linternas o audífonos, donde a cada preso se le asigna una meta de producción diaria. Si no logra dicha meta, el preso será castigado siendo retenido en una celda especial o negándole la única posibilidad de comunicarse con sus seres queridos: una llamada de cinco minutos al mes.
La información recibida indica que la mayoría de los reclusos colombianos que se encuentran en prisiones Chinas en Pekín, Shanghái, Guangzhou, Macao y Hong Kong también se enfrentan a tratos indeseados o condiciones insalubres, relacionadas con la forma en la que tienen que dormir, la cantidad de reclusos por celda —que es en promedio de 8 a 12—, las tres duchas que pueden recibir al mes; los 10 yuanes que reciben por trabajar todo el mes, equivalentes a 2.000 pesos colombianos, que les alcanzan para comprar jabón y escoger entre crema dental o papel higiénico, debido a que en las cárceles no les proveen estos bienes.
La legislación china contempla la cadena perpetua para personas que porten más de 50 gramos de alguna droga ilícita. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano preste asesoramiento jurídico y acompañamiento para velar por el respeto de los derechos humanos y procesales de los connacionales detenidos por este delito, no puede intervenir en la normatividad interna de otros países. Es muy poco lo que se puede hacer, teniendo en cuenta que un convenio de repatriación no ha sido alcanzado.
Un caso particular de los colombianos presos en China es el de Hárold Carrillo Sánchez, un caleño de 49 años. Su esposa, Luz Farid Celis, asegura que Hárold fue detenido en Pekín el 18 de marzo de 2010 porque llevaba 1.700 gramos de cocaína. “A los meses de que no regresaba, y tras denunciar ante la Cancillería, nos enteramos de que estaba preso. En 2011 nos informaron que lo habían condenado a pena de muerte. Hacia 2013, en las llamadas que nos hacía cada mes, decía que se sentía muy enfermo, con dolores severos en la columna. Decía que el trabajo era demasiado y, por sus dolores, tenían que llevarlo a trabajar en un carrito y le habían aplicado inyecciones. A finales de 2014 dijo que se sentía muy débil, que se estaba desmayando, le dolían las cordales. En enero de 2014 nos informaron que le habían diagnosticado cáncer”.
A finales de 2014 a Carrillo le cambiaron la sentencia de pena de muerte a cadena perpetua. Luego Luz se enteró de que, dada la grave situación de salud de su esposo, se le aprobó su repatriación por motivos humanitarios. “En septiembre llamó, dijo que ya le habían tomado foto para la visa, que todo estaba listo, pero luego todo cambió y nos dijeron que no y que la última palabra la tiene China”, recuerda. Hasta ahora el caso de Carrillo no ha sido solucionado, porque ha sido imposible encontrar una pena compatible en Colombia, que no contempla la cadena perpetua para sus ciudadanos. Luz dice que la Cancillería solicitó a China pasar la condena a años, para que fuera más fácilmente homologable. “Pero hasta ahora, nada”.
Debido a su enfermedad, a Carrillo “no le permiten volver a trabajar, aunque la dieta blanda especial que requiere se la tiene que proveer él mismo con la poca ayuda que desde acá le podemos enviar nosotros y la Cancillería. La comida de la cárcel no le sirve. Nos toca mandarle plata para que compre cosas que pueda comer”, asegura su esposa.
Diana Pérez es la hija de otro colombiano preso en Shanghái por tráfico de drogas. Dice que la situación de salud de su padre ha empeorado últimamente. Aunque no ha denunciado torturas ni tratos crueles, se mantiene enfermo porque tiene hernias discales y tiene que dormir en una tabla. Eso ha agravado su dolor de espalda. También tiene una úlcera avanzada. Como no sabe inglés, tiene que esperar a que haya un traductor para poder expresar sus dolores.
Pérez es vocera del colectivo Familias Colombianas Unidas, creado para buscar una solución a la situación de muchos colombianos presos en China por tráfico de drogas. “En la cadena del narcotráfico las mulas son las menos importantes y reciben el castigo más fuerte. Muchos de los colombianos llegan engañados a ese país. Cuando son capturados, tienen que aceptar cargos para que no los ejecuten inmediatamente. Tienen que declararse culpables para que se revisen sus casos. Luego viene una etapa difícil y tenemos testimonios de muchas violaciones de DD.HH.”, dice.
En los últimos años, Diana y otros familiares de presos en China han enviado derechos de petición, cartas a Presidencia y Cancillería, solicitando el tratado de repatriación y denunciando las violaciones de DD.HH. “Pero nos dicen que no, que no se les están violando los derechos y que no pueden interceder. Seguimos insistiendo y vamos a ver qué dicen hoy en el debate”.
Ana Paola Agudelo, representante a la Cámara por los colombianos en el exterior y una de las impulsoras del debate de hoy en el Congreso, dice que “es importante acelerar la negociación de un convenio de repatriación, dado que las condiciones en China para los colombianos son en general infrahumanas. Respetamos la soberanía de cada país y sus normas, entendemos que si una persona cometió un delito, debe pagar por ello. En China, la mayoría enfrentan pena de muerte o cadena perpetua. Si se logra firmar el convenio, podríamos permitir que los connacionales paguen las penas, pero en Colombia, cerca de sus familias. Además, podríamos garantizar otras condiciones físicas, facilitar su comunicación y el respeto a sus derechos humanos”.
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