Brasil no es la excepción en una época en que la mayoría de gobiernos de la llamada Nueva Izquierda en América Latina están llegando a su final. Pero el final del gobierno de Dilma Rousseff en Brasil podría ser bastante más escandaloso que el de sus vecinos: un impeachment, lo que en español significa proceso de destitución por juicio político, se está empezando a desarrollar en su contra, por presuntos actos de corrupción y manipulación de las cuentas públicas.
La posibilidad de que se realice este juicio político han generado una enorme polarización y tensiones sociales entre los brasileños. Rousseff, con su popularidad por el piso, ha acusado directamente a su vicepresidente, Michael Temer, de ser el “golpista” detrás de la iniciativa que busca quitarle la jefatura de Estado. Temer ha manifestado públicamente tener la experiencia suficiente para tomar las riendas del país en caso de que se inicie el juicio formal contra la presidenta, a quien reemplazaría hasta el fin del mandato a fines de 2018.
El comienzo
El proceso comenzó el 2 de diciembre de 2015, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aceptó un pedido de “impeachment” contra la presidenta Dilma Rousseff por supuesto maquillaje de las cuentas públicas. Rousseff, por su parte, niega haber cometido cualquier “crimen de responsabilidad” y denuncia una conspiración y tentativa de “golpe de Estado” en su contra. Cunha es un enemigo declarado del gobierno y sobre él pesa una denuncia interpuesta por la Fiscalía, por haber cobrado sobornos en el megafraude a Petrobras.
Comisión
El pasado 11 de abril, una comisión especial de 65 diputados recomendó abrir el juicio de destitución contra la presidenta, al aprobar por 38 votos a favor y 27 en contra, y después de diez horas de debate, el informe del relator Jovair Arantes, partidario de seguir adelante con el proceso de “impeachment”. Jovair Arantes, consideró al abrir el debate que “hay indicios suficientes de que la denunciada (Rousseff) practicó actos que pueden ser considerados como crimen de responsabilidad”, por haber autorizado gastos no presupuestados sin la aprobación del Congreso en 2014, que fue el año de su reelección, y en 2015.
Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados tendrá que ratificar la decisión que fue tomada el 11 de abril por la Comisión de 65 Diputados. El proceso de “impeachment” seguirá adelante si al menos 342 de los 513 diputados votan a favor. Los partidarios del “impeachment” estiman que los debates podrán abrirse el viernes 15 de abril y durar tres días. Se espera una votación el domingo 17 o el lunes 18 de abril.
Senado
Si la Cámara de Diputados ratifica la decisión, luego el “impeachment” llegaría al Senado, donde hay 81 miembros. Para que la iniciativa pase en el Senado se requiere una mayoría simple una vez conseguido un quórum de 42 senadores. Si no se logra ese respaldo, el proceso se archiva. Si la mayoría simple de los senadores vota a favor, el “impechment” es aceptado. Entonces, Dilma sería removida de su cargo durante 180 días, en los que se realizaría el juicio en su contra. Durante este período asumiría el cargo el vicepresidente, Michael Temer, a quien Dilma ha acusado de estar detrás de la conspiración en su contra.
Juicio
La sesión final del juicio tendría lugar en el plenario del Senado, bajo la dirección del presidente del Supremo Tribunal Federal (STF). En esta sesión única, en la que el presidente del Senado puede votar porque no la dirige, se darán los alegatos finales de parte del senador que haya instruido el caso y de la defensa de la presidenta. Son necesarios dos tercios de los votos del Senado (54 de un total de 81) para destituir definitivamente a la mandataria, cualquiera sea el número de los presentes. De lo contrario, ésta reasumiría inmediatamente sus funciones.