El Ecuador que recibe al papa

Reducción de la pobreza, progreso, mordaza a la prensa y protestas masivas son los ingredientes del país que abre la gira del sumo pontífice.

Dos manifestantes en contra del presidente Rafael Correa en Quito, el pasado 2 de julio. EFE

La visita del papa Francisco a Ecuador, la primera parada de su gira por Latinoamérica (seguirá hacia Bolivia y Paraguay), es un asunto de política: el presidente Rafael Correa, que ha afrontado numerosas protestas en las últimas semanas por su papel en la Presidencia, se ha encargado personalmente de los preparativos. En ese sentido, su paso por el país servirá para que tanto políticos como disidentes y ciudadanos descontentos presenten sus peticiones y esperen una suerte de auxilio divino. Su intervención en temas que hasta hace poco ignoraba la Iglesia católica ha apuntalado un leitmotiv en su papado: Francisco tiene todo su interés puesto en los vaivenes sociales del mundo y, sobre todo, en los de América Latina. Su visita a estos tres países (en vez de pisar las tierras de tres grandes: México, Brasil y Argentina) indica justamente esa pretensión: el papa es un hombre de compromiso social.

Y Ecuador es el escenario preciso para sus acciones públicas. El Ecuador que recibe al papa es a un mismo tiempo próspero, con mejores índices de igualdad y riqueza, y una nación que amenaza con la monogamia del poder, el descontento público y la mordaza a la libre expresión.

Primero, las buenas noticias. De acuerdo con el Banco Mundial, Ecuador tuvo un crecimiento económico del 5,2% en 2012, uno de sus picos más altos en la última década. Los resultados disminuyeron en los dos años siguientes: 4,6% en 2013 y 3,8% en 2014, debido en buena parte a la dependencia de Ecuador del petróleo y la caída de su precio. La bonanza del petróleo produjo severos cambios en su geografía de la pobreza: entre 2006 y 2014 se redujo de 37,6% a 22,5%. La igualdad y la equidad en la riqueza también resultaron favorecidas con un aumento del 40% en los ingresos de la población más pobre, contra 5,8% en el promedio del país. Dicho de otro modo, Ecuador logró que los más pobres ganaran más.

Aunque la deuda del país ha aumentado (del 19,2% en 2010 a 30% en 2014), lo que significa menor inversión pública, y aunque la dependencia del petróleo afectaría las importaciones de Ecuador en 2015 (y así el crecimiento económico), el país parece seguir una senda de progreso técnico e industrial, lo que les ha permitido a muchos cronistas retratar las grandes carreteras y los complejos extensos que ahora se encuentran en Quito y el resto del país.

Entonces vienen las malas noticias. Desde junio, el gobierno de Rafael Correa ha afrontado numerosas y frecuentes protestas masivas de ciudadanos de clase media y alta y también de la bancada opositora por una serie de proyectos de ley (que él hubo de retirar) que apuntaban al aumento de impuestos a la herencia y que, según Correa, sólo afectaban al 2% de la población. Esa chispa sirvió como principio de una conflagración mayor: los manifestantes exigen ahora que Correa salga de la Presidencia, mientras el presidente asegura que está en proceso un “golpe blando” y que lo sacarán del poder. Las enmiendas constitucionales a favor de la reelección indefinida (Correa concluye su tercer mandato en 2017), la criminalización de la protesta y el aparente monopolio del poder han proveído a los grupos de protestas de argumentos suficientes. La encuestadora ecuatoriana Cedatos, afiliada a Gallup, reportó en su informe de junio que 45% de los ciudadanos desaprueban la gestión de su presidente.

En estos días, la Sociedad Interamericana de Prensa envió una carta al papa para pedirle que intervenga a favor de los medios de comunicación en Ecuador, que se han declarado acorralados por la Ley de Comunicación que rige desde hace dos años y que asegura que el periodismo es un “servicio público” y por lo tanto debe ser vigilado de manera pública. Dicha legislación ha producido un careo entre Correa y medios como El Universo, al que le fue impuesta una multa de cerca de US$350.000 por publicar de manera parcial una réplica del Gobierno. Según la SIP, de 270 procesos desprendidos de esta ley, 231 fueron contra medios privados. Más de la mitad de éstos fueron formulados por servidores públicos, lo que hace pensar que esta ley sirve para que se definan rencillas personales contra medios de comunicación. El papa, que no ha respondido a la SIP, se reunirá con la comunidad jesuita y tendrá mítines en universidades hasta mañana.