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El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, ya había demostrado que no le tiembla la voz cuando se trata de exigirle al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que respete la Constitución de su país y que cumpla sus obligaciones de proteger la democracia y los derechos humanos. Ya le había advertido que, si no permitía la realización de un referendo revocatorio en su contra, se convertiría en un “dictadorzuelo más”. Pero este martes fue más allá de las palabras e invocó la Carta Democrática Interamericana para llamar a una sesión urgente del Consejo Permanente de la OEA, en la que se discutirá sobre la ruptura del orden democrático en el país suramericano y se podrían tomar decisiones para sancionarlo, suspenderlo o de alguna forma asegurar que los venezolanos ejerzan su derecho a la democracia. (Lea: Ante "alteración del orden constitucional", OEA activa Carta Democrática para Venezuela)
La Carta Democrática fue aprobada en 2001 durante la sesión especial de la Asamblea General de la OEA en Lima. Su objetivo principal es el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Este instrumento establece que la ruptura del orden democrático o su alteración, o una situación que afecte gravemente el orden democrático en un Estado miembro, constituye “un obstáculo insuperable” para la participación del gobierno en cuestión en la OEA. (Lea: ¿Qué pasa si se activa la Carta Democrática en Venezuela?)
Las dudas de Almagro sobre el orden democrático en Venezuela han crecido desde que Maduro y su vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, evidenciaron su intención de dilatar la realización de un referendo revocatorio contra el jefe de Estado. Dicho referendo es un mecanismo contemplado en la Constitución venezolana, que debe celebrarse cuando el presidente está en la mitad de su mandato, como lo está Maduro ahora. Pero no sólo el rechazo del Gobierno al referendo preocupa a Almagro. En múltiples ocasiones ha manifestado su preocupación por la criminalización de la oposición, la represión de las libertades civiles, las violaciones a los derechos humanos y la falta de independencia de poderes en Venezuela. Todos estos elementos hacen parte de la noción amplia de democracia consagrada en la Carta Democrática Interamericana.
Almagro, que se convierte en el primer secretario de la OEA en invocar la Carta Democrática en contra de la voluntad del gobierno en cuestión, sustenta su llamado en las denuncias formuladas ante la Secretaría General por la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, dominada desde enero por una supermayoría opositora, y por sus propias conclusiones, explicadas exhaustivamente en un informe de 132 páginas que se hizo público este martes. En ese texto dice que “la Secretaría General de la OEA considera que la crisis institucional de Venezuela demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo (...) a riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad”,
El secretario general de la OEA pidió una sesión urgente del Consejo Permanente de la OEA, que se realizaría entre el 10 y el 20 de junio, invocando el artículo 20 de la Carta Democrática, que le otorga la autoridad para convocar reuniones inmediatas para “realizar una apreciación colectiva y adoptar las decisiones que estime conveniente”. El Consejo Permanente puede disponer, con la aprobación de la mayoría de los 34 países miembros, la realización de gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios, para “promover la normalización de la institucionalidad democrática”.
La respuesta de Nicolás Maduro a la iniciativa de Almagro es predecible. El presidente venezolano ya ha dicho que Almagro es un agente de la CIA que conspira con Estados Unidos para preparar una intervención militar en territorio venezolano. Lo curioso en medio de este escándalo es que a Maduro la OEA le está dando de su propia medicina, porque cuando era canciller él mismo solicitó la invocación de la Carta Democrática ante las crisis que vivió Honduras en 2009 y Paraguay en 2012.
El caso hondureño es el único en el que la invocación de la Carta ha provocado la suspensión de un Estado miembro de la OEA. La Carta se invocó después de que se produjera un golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya y lo reemplazara en su cargo Roberto Michelleti. Con el voto de 33 miembros, se aplicó el artículo 21 de la Carta y Honduras fue suspendido de la OEA hasta su reincorporación en junio de 2011.
Esta vez, frente a Venezuela, no está garantizado que haya una votación favorable a que se suspenda este país. Hay que esperar las discusiones y votaciones en el Consejo Permanente. Un país puede ser suspendido de la OEA cuando se constate que se ha producido una ruptura de su orden democrático y para la suspensión se necesita el voto afirmativo de los dos tercios de los estados miembros, es decir, 24 votos. La suspensión entraría en vigor inmediatamente después de la votación. Hasta ahora no es claro que exista consenso suficiente entre los Estados miembros sobre la ruptura de la democracia e Venezuela, aunque Almagro debió haber hecho sus cálculos antes de invocar la Carta.
El expresidente Hugo Chávez, por afinidad ideológica y sobre todo por petrodólares, cultivó amistades importantes en la OEA. Esto lo recordamos los colombianos en agosto del año pasado, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos intentó convocar a una reunión urgente de cancilleres para discutir sobre la crisis en la frontera colombo-venezolana, pero no obtuvo los votos necesarios (faltó uno) para que se realizara ese encuentro, a pesar de las violaciones a los derechos humanos en el área fronteriza. Esta vez, sin embargo, el panorama político ha cambiado y Venezuela cuenta con menos apoyos.
Ante el oscuro futuro, el presidente Maduro, llamó a una “rebelión nacional” contra la aplicación de la Carta Democrática. Anunció que demandará penalmente a la Asamblea Nacional por “traición a la patria”.